Lección de tolerancia española

En su autobiografía, el expresidente de Francia, Valéry Giscard d´Estaing, reveló el asombro que le ocasionó ver a todos los representantes del espectro político español durante su visita oficial a Madrid con motivo de la juramentación de su amigo Juan Carlos como rey de España. En la recepción en el Palacio de la Zarzuela, compartían amigablemente líderes con las posiciones políticas más distantes. Estaban allí, entre muchos otros, los jerarcas del Partido Comunista, Santiago Carrillo y Dolores Ibárruri (La Pasionaria), sobrevivientes de la guerra civil que siguió en 1939 al derrocamiento de la Segunda República; el derechista Manuel Fraga, exministro de Franco, y Felipe González, el nuevo líder del Partido Socialista Obrero Español.

El asombro del presidente francés se debía al hecho de que la escena que vivió en el palacio real español, le parecía inconcebible en Francia. La tolerancia que le sorprendía de la España post franquista, no era dable en su país, cuna de los derechos humanos, dos siglos después de la toma de La Bastilla y el grito redentor de “libertad, igualdad y fraternidad” que inspirara el derrocamiento de la monarquía.

Y cuenta que, a su regreso a París, intentó un gesto de eso que llamó “actuación sin crispación”, saludando a un preso preventivo en una cárcel de Lyon por una simple y leve infracción. La foto en la prensa le generó una de las peores crisis en sus siete años de gobierno.

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Fracaso de las economías centralizadas

La experiencia, no sólo nuestra, ha demostrado hasta la saciedad que las economías centralizadas o cualquiera de sus hijastros generan estrechez y pobreza; constriñen el desarrollo y degeneran en el planeamiento de la vida ciudadana. También es cierto que una economía de mercado sin restricción alguna impide la justicia social. En la práctica ambas se asemejan. De manera que requerimos de un modelo intermedio para garantizar el principio de la distribución del poder y propiciar oportunidades más equitativas dentro de un sistema de libre concurrencia.

La pronunciada presencia del gobierno en la actividad económica genera una peligrosa asociación de funcionarios y empresarios corruptos con los resultados que todos aquí conocemos.

Uno de los grandes males que arrastra gobierno tras gobierno es el enorme poder discrecional de los funcionarios públicos. Esa peculiar característica del ambiente político frena el desarrollo y paraliza todo esfuerzo encaminado a elevar el nivel de transparencia de las ejecutorias en la esfera estatal. No me refiero sólo a las facultades casi monárquicas del Presidente emanadas primero del artículo 55 de la Constitución ya derogada y ahora diseminadas en el texto de la Constitución promulgada a comienzos del 2010. Me refiero por igual a la capacidad que posee cualquier burócrata. De alto, medio o bajo nivel, para detener una inversión o entorpecer un proyecto industrial, en base al más insignificante e injustificado tecnicismo o simplemente porque le viene en gana, si alguien le cae pesado o no se le atiende debidamente. La Carta Magna vigente pudo ser una oportunidad para eliminar esas y otras prácticas viciosas pero es evidente que nada de eso ha cambiado.

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Reflexiones sobre la clase política

Uno de los signos más preocupantes de la realidad dominicana es el descrédito de la clase política. Lo dicen las encuestas y las expresiones de rechazo que se observan en el diario quehacer nacional. Pero no estará lejano el día en que ocurra lo mismo con la clase empresarial, si no se democratizan las organizaciones que la representan.
Muchas entidades empresariales no reflejan las transformaciones de la sociedad dominicana, y a causa de ello no pueden hablar por todo el sector, a despecho de que los gobiernos se sientan en estos ámbitos exclusivistas más cómodos y seguros. La apertura democrática ampliaría la capacidad de presión de esas entidades que han jugado, es justo reconocerlo, un papel muy importante en la discusión de los temas básicos.

Se impone, sin embargo, que sus reclamos de institucionalización y transparencia en el comportamiento del sector público, se den también a lo interno de esas organizaciones. Los grupos surgidos en las últimas décadas si bien han logrado espacios en el debate de los grandes temas nacionales, no han alcanzado el reconocimiento de una burocracia empresarial renuente a compartir su hegemonía de clase frente al poder político. La presencia en los escenarios de las grandes discusiones de estos nuevos sectores, fruto de tímidas reformas económicas todavía es insignificante.

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La libre empresa (2 de 2)

Para muchos empresarios, desafortunadamente, el régimen de libre empresa funciona en la medida en que se muestra tolerante contra el abuso y el afán desmedido de lucro. Y, naturalmente, deja de funcionar o no existe desde el momento mismo en que ponen en movimiento normas o mecanismos para proteger a la comunidad de acciones vandálicas contrarias a la ley y a la más elemental ética comercial o profesional.

Uno de los grandes triunfos propagandísticos de quienes combaten la libertad de empresa es el haber creado estereotipos que actúan en la mente humana en contra de su existencia misma. Objetivo principal de esa propaganda ha sido, por ejemplo, desacreditar el derecho al lucro y a la propiedad como causas fundamentales del atraso, el subdesarrollo y el sufrimiento de las mayorías. De esta manera la posesión de riqueza se entiende como producto del robo y consecuente causa de injusticia social. Y como muchas riquezas tienen origen y procedencia cuestionables, esa prédica cala en amplios sectores de la población nacional, especialmente en las de más bajos ingresos. Al defender las malas prácticas comerciales, muchos empresarios contribuyen de ese modo a desacreditar el concepto de libre empresa y a reducir la confianza popular en el sistema.

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La libre empresa (1 de 2)

Las fallas de la libre empresa no se derivan exclusivamente de la injerencia estatal, por mucho que ésta haya entorpecido en el transcurso de los años su desarrollo y crecimiento. Los defectos de nuestro muy peculiar régimen de libre mercado se deben también, y en gran medida, al propio sector privado. Responden a los predominios de grupos, a los oligopolios y castas empresariales que han explotado hasta la saciedad el paternalismo estatal, invocando para su provecho la intervención del gobierno en la economía, a sabiendas de que los privilegios trabajan en contra del sistema y de las oportunidades de los demás.

La capacidad instalada, señalada tantas veces como una razón de la poca funcionalidad o de la presunta existencia de libertad empresarial, ha sido esgrimida no siempre por el Estado, sino por grupos empresariales para evitar de esta forma la competencia o preservar irritantes concesiones. ¿Cuándo esas concesiones se reflejaron en el mercado, ya sea mediante un mejoramiento de los precios y de la calidad de los productos o mediante un incremento de la oferta?

También es preocupante la tendencia a ver en toda denuncia de la especulación, el enriquecimiento rápido y desmesurado derivado de cierta actividad comercial o empresarial, una actitud contraria a la libre empresa. Esas prácticas regulares en nuestro medio, conspiran efectivamente contra un régimen de libre comercio. El error estriba en considerar la libre empresa sólo como el derecho a hacer negocios y no como todo un conjunto estructural para estimular el desarrollo de la libre iniciativa individual y garantizar el derecho de los consumidores. La especulación le hace un daño enorme a la libre empresa, porque se la sigue asociando al sistema mismo, como algo natural y congénito a él, y porque, además, se han querido desacreditar las campañas contra esa aberración pretendiéndolas como ataques al sistema y no como acciones legítimas de defensa social contra los especuladores.(Reproducido con autorización del autor. Publicado en elCaribe)

Interés público e interés privado

La clase política ha logrado inculcarle a la gente la idea de que el país vive permanentemente enfrentado al choque de intereses contrapuestos. De un lado, el interés nacional, representado por el Estado y quienes ejercen el poder, y el particular, que emana de la actividad privada. En el falso criterio de valoración sobre el que esa tesis se sustenta, el primero es el legítimo y el segundo es el espurio, del que surgen todas las iniquidades que hacen de la nuestra una nación socialmente injusta debido a las enormes desigualdades existentes.

La teoría de la desigualdad basada en la existencia de los intereses particulares ha servido para encubrir la corrupción y el enriquecimiento ilícito de una clase política incapaz de plantear soluciones de fondo a los graves problemas nacionales y preservar de este modo los grandes y crecientes privilegios que el secuestro de la vida política por los partidos le ha permitido a sus dirigentes.

La verdad, sin embargo, es muy distinta. Los hechos demuestran hasta la saciedad que la pobreza prevaleciente en muchos de los países como República Dominicana se debe al predominio de los intereses de los políticos, a su contubernio con clanes privados y a su miopía del rumbo que toma el mundo en que se desenvuelven. Las grandes naciones, las que han sido capaces de dar el gran salto hacia el desarrollo y superar con ello el atraso y la pobreza, han reconocido el papel de la iniciativa privada y creado el marco de facilidades para que ella crezca, con lo cual han podido penetrar los mercados cada día más exigentes, ampliando así las expectativas de sus habitantes.

La imagen de un país no se fundamenta en los liderazgos políticos, sino en el prestigio de sus marcas que se imponen en el exterior. El país que debemos promover es el que se encuentra detrás de nuestras grandes empresas y acciones, en el deporte, como en la música, el arte y la literatura.

Una visión de corto y mediano plazos

Las grandes necesidades nacionales y los efectos de la crisis financiera exigen, sin mayores dilaciones, cambios drásticos en la agenda nacional. No se puede permanecer ajeno a cuanto ocurre en el mundo. Por tanto, estamos moralmente obligados a asumir nuevas conductas frente a las realidades que enfrentamos. La visión de corto plazo tiene que ser sepultada y dar paso a tareas de largo alcance, que permitan consolidar los sectores más dinámicos de la economía, conquistar los mercados que se han abierto con la firma de tratados de libre comercio con los grandes centros de consumo e impactar positivamente así las expectativas de la población.

El país no puede continuar poniendo parches en las llagas de sus grandes heridas. Y los gobiernos deben dejar atrás la improductiva práctica de premiar a estudiantes o profesores meritorios mientras se resiste a darle a la educación el tratamiento presupuestario y académico a que la ley obliga. El caso del sector educativo es sólo un ejemplo, tal vez el más patético, del efecto dañino del clientelismo en la vida política de la nación.

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El precio de la mentira

En los países más democráticos, Estados Unidos por ejemplo, la mentira tiene un precio muy alto en la política. Como todos sabemos, en República Dominicana es una eficaz arma política llevada a la categoría de arte por los líderes más exitosos. Las carreras más brillantes en el campo de esa actividad han sido catapultadas por enormes cofres de mentiras repetidas una y otra vez, por años, incansablemente, sin consecuencia alguna. El uso repetido de ese instrumento de ascensión en la política, como en otras actividades de la vida nacional, se ha convertido en una práctica común. Se trata ya de una costumbre a la que se está obligado a apelar para garantizarse el éxito.

La mentira es parte de la cultura nacional. Se miente en el hogar, en la escuela, en el trabajo, se habla de mentiras piadosas, como creo haber escuchado alguna vez en las letras de una canción. El liderazgo nacional nos miente el lunes a sabiendas que el martes puede desdecirse sin que nadie le reproche ni se le pida cuentas.

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