Los recursos mineros

La República Dominicana, como todo país, tiene derecho a explotar racionalmente sus recursos naturales, incluso los no renovables. Y puede hacerlo en condiciones amigables con el medio ambiente. El fundamentalismo ambiental podría frenar los planes de desarrollo de la economía si llegara a pautar las reglas del debate. Por eso, la mayoría de las naciones lo han encarado aprovechando con racionalidad su petróleo y otras riquezas del subsuelo.

¿Por qué los dominicanos no podemos hacer lo mismo? Es cierto que toda explotación conlleva un riesgo ambiental, pero éste puede ser perfectamente neutralizado con las tecnologías existentes y la explotación de Pueblo Viejo es un buen ejemplo de ello. La oposición radical a la minería de gran escala puede convertir, como ya fue el caso de Loma Miranda, un tema del más alto interés nacional, en mero asunto de opinión pública.

Los argumentos contra la minería se sustentan en tabúes que el desarrollo de la tecnología desmonta. Pero ahora se mueven hacia el problema eléctrico y más adelante, si no se enfrentan con racionalidad terminarán trazando las normas de la política minera y energética, primero, para terminar fijando las reglas de la economía.

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Los “progresistas” de la política

A despecho de su sabor amargo, hay un elemento fascinante en la política dominicana: el incansable e inagotable sentido del humor de sus autores. El más resaltante, por su permanente presencia en el escenario, es de tinte negro, y el color que se le atribuye al más pesado de los chistes, no tiene vinculación alguna con la negritud de la piel.

El humor de la política vernácula se crece cuando a los grupos más atrasados, algunos provenientes de la extrema derecha, se les da con llamarse “progresistas”. El mote, ¿acaso se le puede tildar de otra manera?, alcanza el Everest, cuando plantea soluciones a los problemas nacionales sobre pancartas xenofóbicas, unas veces, y radicales de izquierda, otras tantas, e intenta sustentarse en base a cuestionables protestas éticas y morales, desprovistas de solidaridad humana y con una descarnada pretensión de superioridad racial, sin eco ya y desde hace tiempo, en la comunidad internacional, e incluso en las más retrógradas de las confesiones.

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Por una burocracia eficiente

Con frecuencia se escucha la queja sobre los altos salarios de los funcionarios públicos con observaciones que contradicen el espíritu de las demandas de mejoría de los servicios y avances en la lucha contra las muchas formas de corrupción, algunas muy sofisticadas, que se dan tanto en el aparato estatal como en la actividad privada, en perjuicio ambas del bien común. Y si bien es cierto que la queja es pertinente y ataca un vicio ancestral en nuestra vida republicana, no suele tomarse en cuenta una realidad que otros países han visto con claridad meridiana.

El caso es que si queremos realmente mejorar la calidad de la administración pública y fortalecer la lucha contra el robo de los recursos nacionales, en la infinidad de modalidades que todos sabemos que se practican, es necesario, yo diría imprescindible, poseer una burocracia estatal eficiente, bien dotada tecnológicamente y, sobre todo, muy bien pagada. Si no lo entendemos así, el talento nacional seguirá migrando hacia el sector privado, el Estado quedará en desventaja y los gobiernos perderán toda confrontación relacionada con la discusión de los grandes temas nacionales.

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De posturas y actitudes revolucionarias

En los cálidos ambientes políticos dominicanos no se acepta la diferencia entre una postura y una actitud revolucionaria. Las posturas revolucionarias tienen mucho que ver con lo que se sostenga en el plano de la ideología. Las actitudes revolucionarias con lo que una persona es en su vida diaria.

La primera se asume abrazando simplemente el castrismo. Una conducta revolucionaria se alcanza al cabo de una larga vida de desprendimiento y servicio. He visto por eso a marxistas reaccionarios y a un buen número de empresarios revolucionarios. Siempre será más difícil mantener una conducta revolucionaria que una postura a favor de un efectivo cambio social. Principalmente porque la mayoría de quienes alegan un historial revolucionario viven y actúan en constante riña con sus prédicas políticas.

Así se pueden ver a políticos corruptos, enriquecidos a expensas del Estado y del trabajo productivo del pueblo, vociferando en mítines y pontificando en programas de radio y televisión sobre la necesidad de cambiar las relaciones de producción y de hacer esto y aquello para transformar las condiciones de las masas desposeídas, y regresar después a sus mansiones para ahogar en whisky sus cantos de protestas. Leer más de esta entrada

El hábito democrático

Las democracias no se construyen solamente a base de leyes y constituciones. La democracia impera cuando sus reglas se transforman en hábitos de los ciudadanos. Cuando se hace una costumbre el respeto a las reglas y normas de convivencia y los principios de la Constitución se aceptan como pautas de la vida cotidiana. Funciona a partir del momento en que la población los asume como un estilo de vida.

Vivir en democracia no es tarea que concierna únicamente a los gobiernos. Los ciudadanos juegan un papel preponderante, porque se requiere de su atenta vigilia para hacer posible la dinámica que evite una especie de hibernación, que la condene a un somnoliento letargo.

El funcionamiento de una democracia depende, por tanto, de la aceptación por los ciudadanos de los límites del ejercicio de sus derechos, si esto supone la garantía del usufructo de ellos por los demás. No se ejerce por la fuerza ni por la intimidación, por mucho que la sanción sea el freno a las excesos que la devoran. Tampoco es el resultado de acciones y políticas restrictivas, aun cuando muchas veces se hagan necesarias para la preservación del orden y los niveles mínimos de organización que permitan el libre ejercicio de las libertades públicas. Leer más de esta entrada

Nuestra forma de hacer política

Una de las prácticas que debemos superar en los procesos electorales es la de atiborrar la geografía nacional con vallas, letreros y afiches promocionales de los candidatos, que afean las ciudades y carreteras y crean contaminación visual, y en muchos casos un peligro para los conductores, cuando esa promoción oculta señales de tránsito. Finalizada la campaña con las elecciones del domingo 5 de julio, cabe ahora esperar que los partidos cumplan con la obligación de limpiar las áreas que han embadurnado con su propaganda, para facilitar, por lo menos el necesario tránsito hacia la normalidad.

En muchos países la difusión de este tipo de publicidad está muy controlada y la violación de las normas se paga a veces con la anulación de candidaturas o fuertes penalidades económicas. Ese control determina los lugares donde se permite el despliegue de material promocional incluyendo su volumen. También establece plazos para el retiro y el incumplimiento de la norma implica también sanciones para aquellas autoridades responsables de hacerlas cumplir. Leer más de esta entrada

La Iglesia y el estado ( IV de IV)

Cuando la distribución de la propiedad es un obstáculo “al normal rendimiento de la economía”, lo cual no es originado siempre por la extensión del patrimonio privado, en interés del bien común el Estado “puede intervenir para regular su uso, o también, si no se puede proveer justamente de otro modo, decretar la expropiación mediante “ la conveniente indemnización”. La sentencia no es hija de un discurso populista ni proviene de un líder comunista. Formó parte del mensaje radial de Pío XII, uno de los papas más conservadores de la historia, de septiembre de 1944, que citáramos en nuestra entrega del pasado sábado.

En Octagesima Advenies, años después, el Papa Paulo VI llegaba a conclusiones más radicales en materia económica. El Evangelio, escribió, “al enseñarnos la caridad nos inculca el respeto privilegiado a los pobres y su situación particular en la sociedad: los más favorecidos deberán renunciar a algunos de sus derechos para poner con mayor libertad sus bienes al servicio de los demás”. Leer más de esta entrada

La Iglesia y el Estado (III de IV)

Uno de los teóricos más sobresalientes y polémicos de la Doctrina Social de la Iglesia, C. Van Gestel, sostiene que en ciertos momentos y bajo determinadas circunstancias, el bien común puede exigir una restricción del derecho de propiedad privada. Desde ese punto de vista oficial de la Iglesia, la nacionalización de una u otra industria “puede recomendarse en ciertos casos”.

Gestel también considera que el Estado puede abrogarse el derecho de imponer un estatuto jurídico especial a ciertas empresas o sustraer ciertos productos del mercado libre “reservándolos para los armamentos”, aunque su intervención deberá más bien atender a la extensión que a la restricción del derecho de propiedad privada, “de suerte que el régimen de bienes corresponda más directamente al destino universal de los bienes terrenos”.

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