La crisis energética

Los funcionarios eléctricos son típicos ejemplos de la cada vez más fuerte tendencia oficial a pelearse con todo el mundo. Esto explica en gran medida los pronunciados descensos de la popularidad del sector oficial del ramo, que distan poco de alcanzar un nivel desde el cual se espera pueda comenzar a brotar el petróleo.

Ningún gobierno, ni el actual ni los que vengan después, puede aspirar a solucionar la crisis de energía eléctrica sólo por sí mismo. Y sin los aportes de las empresas privadas vinculadas al negocio, la tarea le podría resultar más ingrata todavía. Todo el complejo y costoso andamiaje de publicidad que el Ministerio de Energía ha sostenido para crear la ilusión de avance en la solución del problema, choca con la realidad brutal de los apagones, el déficit del sector y las enormes deudas contraídas con los generadores y, sobre todo, el aparente defectuoso manejo del complejo de Punta Catalina, el mayor generador de electricidad que existe en el país.

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El escenario futuro de discusión

El descrédito de la clase política es uno de los signos más preocupantes de la realidad dominicana. Lo dicen las encuestas y las expresiones de rechazo que se observan en el diario quehacer nacional. Pero no estará lejano el día en que ocurra lo mismo con la clase empresarial, si no se democratizan las organizaciones que la representan.

Muchas entidades empresariales no reflejan las transformaciones de la sociedad dominicana, y a causa de ello no pueden hablar por todo el sector, a despecho de que los gobiernos se sientan en estos ámbitos exclusivistas más cómodos y seguros. La apertura democrática ampliaría la capacidad de presión de esas entidades que han jugado, es justo reconocerlo, un papel muy importante en la discusión de los temas básicos de la nación.

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Reflexiones sobre el lucro

El régimen de libre empresa deja de funcionar en la medida en que se muestra tolerante contra el abuso y el afán desmedido de lucro. Y, naturalmente, deja de funcionar o no existe desde el momento mismo en que se ponen en movimiento normas o mecanismos para proteger a la comunidad de acciones vandálicas contrarias a la ley y a la más elemental ética comercial o profesional.

Uno de los grandes triunfos propagandísticos de quienes combaten la libertad de empresa es el haber creado estereotipos que actúan en la mente humana en contra de su existencia misma. Objetivo principal de esa propaganda ha sido, por ejemplo, desacreditar el derecho al lucro y a la propiedad como causas fundamentales del atraso, el subdesarrollo y el sufrimiento de las mayorías.

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El Estado y la iniciativa privada

Es un error creer que las fallas de la libre empresa se derivan exclusivamente de la injerencia estatal, por mucho que ésta haya entorpecido en el transcurso de los años su desarrollo y crecimiento.

Los defectos de nuestro muy peculiar régimen de libre mercado se deben también, y en gran medida, al propio sector privado.

Responden a los predominios de grupos, a los oligopolios y castas empresariales que han explotado hasta la saciedad el paternalismo estatal, invocando para su provecho la intervención del gobierno en la economía, a sabiendas de que los privilegios trabajan en contra del sistema y de las oportunidades de los demás.

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El valor de la iniciativa privada

La clase política ha logrado inculcarle a la gente la idea de que el país vive permanentemente enfrentado al choque de intereses contrapuestos.

De un lado, el interés nacional, representado por el Estado y quienes ejercen el poder, y el particular, que emana de la actividad privada. En el falso criterio de valoración sobre el que esa tesis se sustenta, el primero es el legítimo y el segundo es el espurio, del que surgen todas las iniquidades que hacen de la nuestra una nación socialmente injusta debido a las enormes desigualdades existentes.

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La notoria ausencia de moderación

Por años, he venido observando una notoria ausencia de moderación en la discusión de los temas fundamentales del país. Las pasiones y las posiciones extremas se han apoderado del debate, dejando con pocas posibilidades todo intento por bajar el tono de la discusión y establecer canales de comunicación lo suficientemente limpios como para que todos podamos escucharnos y encontrar senderos que conduzcan a un lugar sereno, seguro y apacible.

De suerte que de antemano es un vano esfuerzo transitar por ese camino cerrado. A muchos les parecerá exagerada esta apreciación y se conformarán con la idea de que todo está en su puesto y que es asunto normal en una democracia la altisonancia en el enfrentamiento político.

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El sistema de la seguridad social

SANTO DOMINGO.- A pesar de encontrarse aún en la adolescencia, ya que empezó a funcionar en el 2003, el Sistema de la Seguridad Social ha logrado crecer y avanzar más allá del pesimismo nacional. Pero es obvio que existen factores, mayormente de índole cultural, que lo traban todavía e impiden su crecimiento y fortaleza. Los primeros y más fuertes son la enorme informalidad de la economía y el costo de su estructura, debido a su horizontalidad.

Para muchos expertos en la materia, el escollo principal al que se enfrenta desde sus mismos inicios, es el incumplimiento de las dos características que pudieran hacerla funcionar adecuadamente. Me refiero a la obligatoriedad y la universalidad que hacen que pueda funcionar y cumplir con sus objetivos cualquier sistema similar. Lo curioso es que las excepciones a esos dos conceptos, sustanciales al propósito de la ley que la creó, empobrece el sistema. Además, es lamentable y por igual inaceptable que la violación de esas condiciones esenciales del modelo dominicano de seguridad social provenga de instituciones estatales que deberían ser las primeras aliadas del sistema.

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La Policía y la sociedad

En una conversación privada por las redes, una oficial de la Policía de alto rango me envió la siguiente reflexión: “¿Quiénes son, sociológicamente, nuestros policías patrulleros? ¿De dónde vienen y qué llevan en sus mentes?”. En las respuestas a estas inquietantes interrogantes pueden encontrarse salidas al problema irresuelto de una reforma integral de la institución por la que abogamos desde hace años dentro y fuera de esa institución, llamada a velar por la seguridad ciudadana.

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