La doctrina social de la Iglesia(4 de 4)

Cuando la distribución de la propiedad es un obstáculo “al normal rendimiento de la economía”, lo cual no es originado siempre por la extensión del patrimonio privado, en interés del bien común, el Estado “puede intervenir para regular su uso, o también, si no se puede proveer justamente de otro modo, decretar la expropiación mediante “la conveniente indemnización”.

La sentencia no es hija de un discurso populista ni proviene de un líder comunista. Formó parte del mensaje radial de Pío XII, uno de los papas más conservadores de la historia, de septiembre de 1944, que citáramos en nuestra entrega de ayer. En Octagesima Advenies, años después, Paulo VI llegaba a conclusiones más radicales en materia económica. El Evangelio, escribió, “al enseñarnos la caridad nos inculca el respeto privilegiado a los pobres y su situación particular en la sociedad: los más favorecidos deberán renunciar a algunos de sus derechos para poner con mayor libertad sus bienes al servicio de los demás”.

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La doctrina social de la Iglesia (3 de 4)

Uno de los teóricos más sobresalientes de la Doctrina Social de la Iglesia, C. Van Gestel, escribió que en ciertos momentos y bajo determinadas circunstancias, el bien común puede exigir una restricción del derecho de propiedad privada. Desde ese punto de vista oficial de la Iglesia, la nacionalización de una u otra industria “puede recomendarse en ciertos casos”.

Gestel también considera que el Estado puede abrogarse el derecho de imponer un estatuto jurídico especial a ciertas empresas o sustraer ciertos productos del mercado libre “reservándolos para los armamentos”, aunque su intervención deberá más bien atender a la extensión que a la restricción del derecho de propiedad privada, “de suerte que el régimen de bienes corresponda más directamente al destino universal de los bienes terrenos”.

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La doctrina social de la Iglesia(2 de 4)

Al analizar el papel del Estado en la economía, Juan XXIII escribió que uno de sus deberes es intervenir a tiempo a fin de contribuir a producir bienes en abundancia. Además, dijo, constituye una obligación del Estado “vigilar que los contratos de trabajo se regulen con justicia y equidad” y que en los ambientes laborales “no sufra mengua ni el cuerpo ni el espíritu, la dignidad de las personas humanas”.

Está claro, sin embargo, que el rechazo de la acumulación de riquezas por particulares planteada en infinidad de documentos oficiales de la Iglesia, se aplica igualmente al Estado o al Gobierno. En efecto, la norma de fijación del ámbito de esa intervención gubernamental es el principio de la subsidiariedad, que ya había enunciado Pío XI en Cuadragesimo Anno y que ha servido de guía a los papas sucesivos. En esencia, este principio de subsidiariedad reconoce únicamente el derecho del Gobierno a hacerse cargo de iniciativas necesarias para proteger la justicia, en todos los órdenes que excedan en todo caso la capacidad de los individuos o grupos privados. En palabras de Pío XI, el Gobierno finalmente “debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social pero no destruirlos o absorberlos”.

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La doctrina social de la Iglesia (1 de 4)

Juan XXIII dijo que “en los regímenes políticos que no reconocen a los particulares la prioridad, incluida la de los bienes de producción, se viola o suprime totalmente el ejercicio de la libertad humana en las cosas fundamentales”. Sin embargo, este respaldo a la propiedad, fundamentado ya en la encíclica Rerum Novarum (1891), no admite por la Iglesia el derecho a una acumulación ilimitada de riqueza. De hecho la ética moral de la doctrina social de la Iglesia trata de situar a éste en un punto intermedio entre el individualismo extremo, manifestado en la teoría de mercado libre, y los enfoques colectivistas, expresados en los modelos de sociedad comunista.

El rechazo a esto último ha sido objeto de numerosas interpretaciones a partir del señalamiento de Juan Pablo II de que “tampoco conviene excluir la socialización”, en las condiciones oportunas, de ciertos medios de producción, tal y como lo citaron años antes los obispos norteamericanos en su famosa Carta Pastoral de 1985-86. Además, en Rerum Novarum se habían dictado las normas de intervención del Gobierno, al exponer el Pontífice claramente que “si, por tanto, se ha producido amenaza o algún daño al bien común, a los intereses de cada una de las clases que no pueda subsanarse de otro modo, necesariamente deberá afrontarlo el poder público”. Pero es Juan XXIII quien, muchas décadas después, sintetiza más profundamente la posición de la Iglesia frente a esta cuestión tan largamente debatida en todo el mundo, al señalar que el Estado no puede permanecer al margen de las actividades económicas cuando está en juego el bien común.

Juan XXIII dijo que la historia y la experiencia demuestran que “en los regímenes políticos que no reconocen a los particulares la prioridad, incluida la de los bienes de producción, se viola o suprime totalmente el ejercicio de la libertad humana en las cosas fundamentales”.(Reproducido con autorización del autor. Publicado en elCaribe)

Una reforma de triste tonalidad

Por las redes sociales circuló hace ya tiempo, una enjundiosa crítica de los esfuerzos del gobierno de entonces para imponer nuevos impuestos a la población, sin tocar el excesivo gasto público, que su autor, Miguel Ángel  Severino Rodríguez, tituló con acierto “Reforma fiscal en Re menor”. Este original encabezado me hizo mucha gracia. Y aunque en el texto no se hacía ninguna otra mención de la nota musical, quedaba desde un principio en claro el significado que quiso dársele al escrito.

Hasta mediados del siglo XIX, se consideraba  que toda composición en Re menor, por su tonalidad oscura, contenía un sentimiento de tristeza, pero muchas de las grandes obras clásicas, como por ejemplo la Novena Sinfonía de Beethoven, así como el Réquiem y otras composiciones  de Mozart,  y algunas de  Bach, están escritas en la escala menor.  Otras muchas escritas con posterioridad, especialmente en el llamado período clásico, mezclan las dos escalas, iniciando con la menor y terminando en la mayor, que imprime un sentimiento muy distinto, sin la tonalidad oscura de la primera.

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Cuando el glamour se va

Como todo en la vida, la calidad de un gobierno se mide no por quienes lo critican sino por quienes lo defienden de manera irracional. Y son estos últimos lo que definen y resaltan, no otros, la ruta de la bancarrota moral. A lo largo de nuestra historia esa ha sido una constante, que se acentúa en la medida en que el tiempo se les acorta y el deterioro hace mella en su sentido del equilibrio, a partir de lo cual pierden contacto con la realidad y se muestran incapaces de diferenciar entre lo claro y lo oscuro, creyéndose por encima de todo interés público.

Cuando esta situación se da en aquellos casos en que hubo alguna vez expectativas en la población, el sentimiento popular resulta en una confusa mezcla de compasión e ira. A su vez, esto hace que la adhesión se exprese solamente en gritos, ruidos que lastiman los oídos y llenan de estupor los ambientes mediáticos, porque es a partir de ese momento en que emigran los espacios para la moderación y el buen sentido. Es la fase en la que ya no se puede volver atrás ni recuperar tiempos perdidos y el aprecio público se esfuma para difícilmente volver.

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Bosch y la Iglesia ( y 14)

El trato de Bosch con los militares se hizo difícil por el poco conocimiento que tenía de la vida castrense y de su rechazo instintivo a cultivar la amistad de estos. Varios incidentes ilustran la naturaleza escabrosa de esas relaciones, aún en los mismos comienzos del gobierno, cuando todavía la aureola de triunfo elevaba la imagen del presidente hasta alturas inimaginables.

Después de juramentarse, Bosch comenzó a visitar campamentos militares. A comienzos de abril se presentó en el Batallón Blindado de la base aérea de San Isidro. Las unidades blindadas estaban dispuestas en formación para una inspección de rigor del presidente. Al llegar a la hilera de tanques AMX, los más modernos de la dotación, Bosch se dirigió a los oficiales diciendo que esperaba que esas máquinas no se usaran contra el pueblo por lo que sería mejor venderlas para comprar barcos de pesca.

Un joven oficial, el capitán Juan Oscar Contín intervino ante el estupor que las palabras del mandatario habían provocado, diciendo que no estaba de acuerdo porque esos equipos eran insustituibles para la defensa nacional.

Bosch lo interrumpió: “¡Eso es lo que usted cree!” y se retiró casi inmediatamente. Varios oficiales amigos se acercaron a Contín en señal de apoyo y uno de ellos, viendo a Bosch alejarse, comentó: “¡Ese hombre nos va a joder!”. Situaciones como esta se produjeron otras veces en recintos militares.

El 23 de septiembre hubo una huelga general del comercio y un nuevo incidente fronterizo con Haití que terminó por agriar sus nexos con los militares. Su decisión de cancelar al coronel Wessin la noche del día 24 desencadenó una serie de acontecimientos que culminaron con su destitución horas después, en la madrugada de ese fatídico 25 de septiembre. El golpe generó meses después un alzamiento militar que condujo a una revuelta civil y a una intervención extranjera.(Reproducido con autorización del autor. Publicado en elCaribe)

Bosch y la Iglesia (13)

El padre Marcial Silva era muy popular no sólo entre los oficiales sino en los círculos donde se movían los cadetes y, en un plano bajo, los soldados. Frecuentemente iba al club de oficiales y al cine de alistados a dar charlas. Cuando se le preguntaba qué opinaba de Bosch, respondía con seguridad y sin titubeos: “Es un hombre peligroso”. Bosch era de cuidar, a juicio del sacerdote, por sus ideas marxistas y porque estaba “en contra de la Iglesia”.

En sus charlas insistía en que Bosch era “ateo, anti hispánico y un anticatólico rabioso”, que había bebido de las enseñanzas hostosianas racionalistas. En su opinión, Bosch era el Hostos dominicano “irrespetuoso de la religión”. Sus palabras lograban avivar sentimientos anti- boschistas, no sólo entre los oficiales sino, principalmente entre los soldados de la base de San Isidro, la fuente principal del poder militar de entonces. En su condición de capellán, el padre Marcial Silva cumplía la obligación de dar misa en otros campamentos.

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