A pesar de la incertidumbre

Los años electores han sido a lo largo de nuestra vida democrática periodos de incertidumbre. Y los han sido también los pre electorales. Las perspectivas palidecen y la gente se deja atrapar por las sombras de sus propios temores. La razón radica en las ilusiones que se forjan en cada proceso, por la enorme influencia estatal en la vida ciudadana.

La visión miope del equipaje que trae consigo el año electoral no deja ver con claridad, sin embargo, su verdadero valor. El hecho de que los dominicanos podamos ejercer el voto cada cierto tiempo para decidir quién gobernará a la nación y quienes irán al Congreso y a los gobiernos municipales no tiene precio. Independientemente de los resultados y de los vicios propios de nuestras deficiencias democráticas los años electorales constituyen un importante paso adelante, a despecho de las prácticas viciosas y clientelares características del quehacer político nacional.

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El abandono de los cementerios

Los cementerios públicos del país, tal vez con muy pocas excepciones, se encuentran en total abandono, inequívoca y evidente señal del absoluto e irritante desprecio de las autoridades municipales por los asuntos más solemnes. Eso explica el auge que en la última década han tenido los cementerios privados.

La situación no se limita a los llamados campos santos, sino a la mayoría de los monumentos, incluidos aquellos relacionados con hechos de relevancia histórica. Ni la bandera nacional queda a salvo, como se observa en la negligencia que supone el uso de dos colores azules en sus cuadrantes, como es fácil observar en las oficinas públicas, sin excluir el propio Palacio Nacional, el Congreso y la Suprema Corte, que en una oportunidad emitió un valiosísimo folleto sobre la enseña patria y la manera en que esta debe ser respetuosamente tratada.

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Una capital cada vez más difícil

La capital dominicana es inhóspita y agresiva, por lo que no ofrece a sus residentes muchos lugares seguros de esparcimiento. Los sitios públicos de entretenimiento y diversión son escasos e inseguros.

Son muy pocos los espacios donde las familias puedan disfrutar de una tarde de ocio los fines de semana o ir a acampar para un picnic, tenderse en la hierba, en un área verde, la mayor parte de las cuales han sido cerradas con verjas para limitar el acceso de personas, algo insólito y aberrante.

Los problemas comunes de una ciudad grande como Santo Domingo se resuelven entre nosotros con la más absoluta falta de originalidad, cerrando el paso, trátese de gente como de vehículos.

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El poder discrecional de la burocracia

Desde el triunfo de la revolución bolchevique , la experiencia demuestra que las economías centralizadas o cualquiera de sus hijastros generan estrechez y pobreza; constriñen el desarrollo y degeneran en el planeamiento de la vida ciudadana. Ha ocurrido también en Cuba, Venezuela, Corea del Norte, Nicaragua y otros países.

También es cierto que una economía de mercado sin restricciones impide la justicia social. De manera que requerimos de un modelo intermedio para garantizar el principio de la distribución del poder y propiciar oportunidades más equitativas dentro de un sistema de libre concurrencia.

La pronunciada presencia del Gobierno en la actividad económica genera una peligrosa asociación de funcionarios y empresarios corruptos con los resultados que todos aquí conocemos.

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La monotonía de un discurso vacío

He dicho por años que cuando desde el ámbito oficial se acusa al sector privado de pretender quedarse con todo el sector eléctrico a precio de “vaca muerta”, lo que ya hizo el Gobierno, se incurre en un penoso error de valoración. En efecto, una vaca muerta, vendida en libras, vale mucho más que el mismo animal comprado vivo.

Los funcionarios eléctricos son típicos ejemplos de la cada vez más fuerte tendencia oficial a pelearse con todo el mundo, lo que en gran medida explica los pronunciados descensos de su popularidad a un nivel desde el cual se espera comience a brotar el petróleo.

El Gobierno no puede aspirar a solucionar la crisis de energía eléctrica sólo por sí mismo. Y en riña permanente con las empresas privadas vinculadas al negocio, como tantas veces se ha visto, la tarea le podría resultar más ingrata todavía. Todo el complejo y costoso andamiaje de publicidad que la corporación eléctrica ha sostenido para crear la ilusión de avance en la solución del problema, choca con la realidad brutal de los apagones, el déficit del sector y las enormes deudas contraídas con los generadores, a despecho de las enormes sumas entregadas a la corporación, sin resultado alguno.

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El camino del descrédito

Algunas encuestas muestran altos niveles de decepción con los partidos y su dirigencia. Y reflejen o no la realidad, la percepción sobre un creciente descrédito de la clase política es preocupante. Las expresiones de rechazo que se observan en el diario quehacer nacional, robustecen esa impresión. Pero no estará lejano el día en que ocurra igual con la clase empresarial, si no se democratizan las organizaciones que la representan.

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El legítimo derecho al lucro

Nada limita la expansión de la actividad empresarial, como la tesis de que un régimen de libre empresa funciona en la medida en que se muestra tolerante contra el abuso y el afán desmedido de lucro. Y, naturalmente, deja de funcionar, o no existe, desde el momento en que se ponen en movimiento normas o mecanismos para proteger a la comunidad de acciones vandálicas contrarias a la ley y a la más elemental ética comercial o profesional.

Uno de los grandes triunfos propagandísticos de quienes combaten la libertad de empresa es el haber creado estereotipos que actúan en la mente humana en contra de su existencia misma. Objetivo principal de esa propaganda ha sido, por ejemplo, desacreditar el derecho al lucro y a la propiedad como causas fundamentales del atraso, del subdesarrollo y del sufrimiento de las mayorías.

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El más grande éxito de la retórica política

De cuantos éxitos puedan atribuirse a la clase política, ninguno tan cuestionable como el haber logrado inculcarle a la gente la idea de que el país vive permanentemente enfrentado al choque de intereses contrapuestos. De un lado, el interés nacional, representado por el Estado y quienes ejercen el poder, y el particular, que emana de la actividad privada.

En el falso criterio de valoración sobre el que esa tesis se sustenta, el primero es el legítimo y el segundo es el espurio, del que surgen todas las iniquidades que hacen de la nuestra una nación socialmente injusta debido a las enormes desigualdades existentes.

La teoría de la desigualdad basada en la existencia de los intereses particulares ha servido para encubrir la corrupción y el enriquecimiento ilícito de una clase política incapaz de plantear soluciones de fondo a los graves problemas nacionales y preservar de este modo los grandes y crecientes privilegios que el secuestro de la vida política por los partidos le ha permitido a sus dirigentes.

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