Hablemos de libre empresa ( y 2)

Para muchos empresarios, desafortunadamente, el régimen de libre empresa funciona en la medida en que se muestra tolerante contra el abuso y el afán desmedido de lucro. Y, naturalmente, deja de funcionar o no existe desde el momento mismo en que ponen en movimiento normas o mecanismos para proteger a la comunidad de acciones vandálicas contrarias a la ley y a la más elemental ética comercial o profesional.

Uno de los grandes triunfos propagandísticos de quienes combaten la libertad de empresa es el haber creado estereotipos que actúan en la mente humana en contra de su existencia misma. Objetivo principal de esa propaganda ha sido, por ejemplo, desacreditar el derecho al lucro y a la propiedad como causas fundamentales del atraso, el subdesarrollo y el sufrimiento de las mayorías. De esta manera la posesión de riqueza se entiende como producto del robo y consecuente causa de injusticia social. Y como muchas riquezas tienen origen y procedencia cuestionables, esa prédica cala en amplios sectores de la población nacional, especialmente en las de más bajos ingresos. Al defender las malas prácticas comerciales, muchos empresarios contribuyen de ese modo a desacreditar el concepto de libre empresa y a reducir la confianza popular en el sistema.

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Hablemos de libre empresa (1)

Las fallas de la libre empresa no se derivan exclusivamente de la injerencia estatal, por mucho que ésta haya entorpecido en el transcurso de los años su desarrollo y crecimiento. Los defectos de nuestro muy peculiar régimen de libre mercado se deben también, y en gran medida, al propio sector privado.

Responden a los predominios de grupos, a los oligopolios y castas empresariales que han explotado hasta la saciedad el paternalismo estatal, invocando para su provecho la intervención del Gobierno en la economía, a sabiendas de que los privilegios trabajan en contra del sistema y de las oportunidades de los demás.

La capacidad instalada, señalada tantas veces como una razón de la poca funcionalidad o de la presunta existencia de libertad empresarial, ha sido esgrimida no siempre por el Estado, sino por grupos empresariales para evitar de esta forma la competencia o preservar irritantes concesiones. ¿Cuándo esas concesiones se reflejaron en el mercado, ya sea mediante un mejoramiento de los precios y de la calidad de los productos o mediante un incremento de la oferta?

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Los choques de intereses

La clase política ha logrado inculcarle a la gente la idea de que el país vive permanentemente enfrentado al choque de intereses contrapuestos. De un lado, el interés nacional, representado por el Estado y quienes ejercen el poder, y el particular, que emana de la actividad privada. En el falso criterio de valoración sobre el que esa tesis se sustenta, el primero es el legítimo y el segundo es el espurio, del que surgen todas las iniquidades que hacen de la nuestra una nación socialmente injusta debido a las enormes desigualdades existentes.

La teoría de la desigualdad basada en la existencia de los intereses particulares, ha servido para encubrir la corrupción y el enriquecimiento ilícito de una clase política incapaz de plantear soluciones de fondo a los graves problemas nacionales y preservar de este modo los grandes y crecientes privilegios que el secuestro de la vida política por los partidos les ha permitido a sus dirigentes.

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Por un cambio en la agenda oficial

Las grandes necesidades nacionales y los efectos de la crisis financiera exigen, sin mayores dilaciones, cambios drásticos en la agenda del Gobierno. No puede éste permanecer ajeno a cuanto ocurre en el mundo. Está moralmente obligado a asumir nuevas conductas frente a las realidades que enfrentamos. Su visión de corto plazo tiene que ser sepultada y dar paso a tareas de largo alcance, que permitan consolidar los sectores más dinámicos de la economía, conquistar los mercados que se han abierto con la firma de tratados de libre comercio con los grandes centros de consumo e impactar positivamente así las expectativas de la población.

El país no puede continuar poniendo parches en las llagas de sus grandes heridas. Y el Gobierno debe dejar atrás la improductiva práctica de premiar a estudiantes meritorios mientras se resiste a darle a la educación el tratamiento presupuestario a que la ley le obliga. El caso del sector educativo es sólo un ejemplo, tal vez el más patético, del efecto dañino del clientelismo en la vida política de la nación.

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El arma política de la mentira

En los países más democráticos, Estados Unidos, por ejemplo, la mentira paga un alto precio en la política y bajo determinadas circunstancias llega a ser un delito. Como todos sabemos, en República Dominicana es una eficaz arma política llevada a la categoría de arte por los líderes más exitosos. Las carreras más brillantes en el campo de la política nacional han sido catapultadas por enormes cofres de mentiras repetidas una y otra vez, por años, incansablemente, sin consecuencia alguna. El uso repetido de ese instrumento de ascensión en la política, como en otras actividades de la vida nacional, se ha convertido en una práctica común. Se trata ya de una costumbre a la que se está obligado a apelar para garantizarse el éxito.

La mentira es parte de la cultura nacional. Se miente en el hogar, en la escuela, en el trabajo, se habla de mentiras piadosas, como creo haber escuchado alguna vez en las letras de una canción. El liderazgo nacional nos miente el lunes a sabiendas que el martes puede desdecirse sin que nadie le reproche ni se le pida cuentas. Las promesas electorales son baúles de mentiras. Mientras más grandes y pesados son, mayores las posibilidades.

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Haití es problema haitiano

Mientras presiona a la República Dominicana para detener su legítimo derecho a controlar la inmigración ilegal procedente del vecino país, Estados Unidos envía tanques a su frontera con México en el estado de Texas, para impedir la inmigración mejicana. Muchos llaman a esa dualidad, una doble moral en materia de política internacional, herencia de etapas imperiales que la descolonización resultante de la Segunda Guerra Mundial, se creía, dejaba atrás.

Los haitianos olvidaron su responsabilidad de ocuparse de su país y deben enfocarse en esa tarea porque la solidaridad tiene límites. En el caso de la emanada de República Dominicana se desbordó y ya causa serias dificultades locales. Lo comunidad internacional no reconoce que Haití es un problema haitiano, no dominicano, y que sus nacionales tienen con su país una deuda desde su independencia que se resisten a pagar. Son ellos, no los dominicanos, los llamados a rescatar la dignidad que como pueblo le corresponde.

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A merced del crimen callejero

En Colombia, cuando las guerrillas y los carteles de la droga se aliaron, surgieron los paramilitares como un mecanismo de defensa ante la inseguridad que esa funesta alianza representaba. Dada la incapacidad de las autoridades legítimas de ese país para garantizar vidas y propiedades, a los sectores más afectados por el descalabro del orden público no les quedó otra alternativa que buscar medios propios para defenderse.

En nuestro país estamos acercándonos a un escenario similar, con pandilleros, criminales fuertemente armados, con absoluto control a todas horas del día de calles y barrios de nuestras ciudades, ante la pasividad y la falta de acción oficial. Son más cada día los asaltos y asesinatos, lo que ha creado una sensación espantosa de miedo en buena parte de la sociedad dominicana.

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De la más alta prioridad

Toda inversión en el campo energético debe ser bien recibida y apoyada, especialmente si promueve la diversificación en la matriz del uso de combustible en la generación. Muchas plantas del sistema son obsoletas y de costos operacionales muy altos, lo que incide negativamente en los precios a los usuarios del sistema. En vista de ello, y por los efectos negativos que por décadas la insuficiencia energética ha provocado a la estructura productiva dominicana, la construcción de las dos plantas a carbón en Punta Catalina con una capacidad global de 720 megavatios, han sido de inapreciable aporte a la estabilidad del sistema eléctrico y al desarrollo de la economía.

La incorporación de esas plantas al sistema ayudará a paliar el déficit de electricidad y abaratar su costo, con un impacto muy positivo en la economía y en la estabilidad de los hogares, obligados todavía a pagar el costo de un oneroso subsidio estatal para mantener ciertos niveles de precios en los suministros, que, además, erosionan las finanzas públicas. La suma del subsidio alcanza ya miles de millones de dólares, un verdadero sangrado de las finanzas públicas, lo que aumenta el déficit fiscal y coarta la capacidad de acción del gobierno en el ámbito social.

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