Nuestra incapacidad para el compromiso

En la tradición política dominicana, nada que haga el gobierno encuentra apoyo en la oposición. Y nada que proponga la oposición tiene eco en el gobierno. Esa característica peculiar de nuestro accionar político se da incluso en los temas en que teóricamente hay coincidencia de pareceres, impidiéndonos avanzar en la búsqueda de solución a los problemas que arrastramos desde el nacimiento mismo de la República.

Se afirma que la educación es la clave del futuro, la magia liberadora de la esclavitud proveniente de la ignorancia y el analfabetismo. Mismo ocurre con la salud pública, el medio ambiente, el transporte, los servicios públicos y cuantas cosas influyen en la vida diaria de la gente que habita este país.

Bastaría una simple revisión de las propuestas electorales, las actuales y las del pasado, para comprobar cuán similares son y han sido las de unos y las de los otros, sin que en la práctica se haya dado un concierto de voluntades para hacerlas realidad y sentar así las bases del bienestar real al que todos, por igual, tenemos derecho sin importar afiliaciones y creencias.

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Los tribunales mediáticos

A comienzos del 2017, se escribió en las redes y en algunos periódicos que un hijo de la entonces presidenta de la Cámara de Cuentas, un militar de carrera con rango de general, figuraba en una nómina de la CDEEE como asesor de seguridad entre un pequeño grupo de oficiales. La nota fue circulada con un tono crítico contra la funcionaria y bastó para que en programas de radio y televisión se le echara ácidamente en cara ese hecho como una muestra de su supuesto compromiso político con el gobierno para encubrir la corrupción.

Esto último me pareció un abominable ejemplo de pésimo e irresponsable periodismo, porque si bien ella, como cualquiera otra autoridad pública, estaba sujeta a valoración, debe y tiene que hacerse en base a su trabajo y apego a los principios del cargo y no por otras circunstancias. Mucho menos cuestionando el derecho de un hijo mayor de edad, a ocupar otra posición, sobre la que ella no tenía decisión de nombramiento. Podría alegarse, como en efecto se hizo, que correspondía a la Cámara de Cuentas auditar a la Corporación de Electricidad, lo que a priori constituía un prejuicio, a menos que pudieran presentarse evidencias de complacencia dolosa, lo que en ese caso ninguno de los comentaristas que escuché pareció interesado en hacer.

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¿Y el estratega, no lo trajo?

La rivalidad es una característica de la política dominicana y es usual que surja de lo que alguna vez parecía un nudo irrompible. La más costosa de todas las que hoy gravita sobre el panorama nacional, se dio en el inicio del más prolongado poder de un partido posterior al dominio del liderazgo de Joaquín Balaguer, ocho veces presidente de la República.

Me refiero a la rivalidad que el ejercicio del poder le trajo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Rivalidad nacida dos días después de la ascensión de Leonel Fernández al poder a mediados de agosto de 1996 y que Balaguer, con su amplio conocimiento de la naturaleza humana, abonó con una breve pregunta y una sonrisa sardónica, sentado en su sillón de cuero, en la pequeña sala contigua a su dormitorio de su residencia en la Máximo Gómez.

Fui testigo presencial de ese momento histórico. Al día siguiente de su juramentación, Fernández hizo una visita protocolar a Balaguer. Yo le acompañé, en mi condición de vocero presidencial. Solo otras dos personas entraron a la reunión. Tras el saludo formal y un breve intercambio de saludos, Balaguer preguntó por Danilo Medina: “¿Y el estratega, no lo trajo?”

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Receta para rejuvenecer al gobierno

Periódicamente, cuando la marea política subía o el hastío del país revivía las ansias de cambio, Joaquín Balaguer solía rejuvenecer el gobierno modificando el gabinete o trayendo gente nueva a su alrededor o a las posiciones más importantes de la administración pública. Tanto fue su éxito que hizo de esa rutina burocrática un método eficaz para ganar tiempo y espacio político y aquietar muchas veces la inconformidad popular, derivando en áreas del gobierno la insatisfacción que su prolongado ejercicio del poder creaba en la población.

Tal vez por eso, su gobierno excesivamente largo nunca parecía envejecer. Los cambios en el gabinete hicieron el papel del retrato de Dorian Grey, el personaje de la novela de Oscar Wilde, para que en su caso la administración que por años presidió luciera tantas veces joven, en medio de un creciente repudio. En ocasiones incluso recurría a los cambios cuando anticipaba alguna queja, antes de que sus causas degeneraran en crisis, creando a su alrededor el mito de gran manejador que se llevó a la tumba.

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¿Quién los pone en su lugar?

¿Qué pasaría en República Dominicana o en cualquier otro país medianamente organizado si, por ejemplo, los dueños de fábricas de hielo se unieran para impedir que se instalaran otros negocios del ramo? O si los dueños de colegios privados hicieran lo mismo para evitar que se fundaran nuevas escuelas de pago. Imagínese si los productores de arroz hicieran lo mismo. O si los productores de bebidas alcohólicas solicitaran al gobierno que congelara el número de fábricas bajo el argumento de que con los existentes es suficiente. ¿Cuántas clínicas privadas se necesitan para atender todas las urgencias médicas de la población? ¿A quién corresponde fijar el número de estos establecimientos?

¿Tienen derecho las asociaciones de comerciantes, detallistas o mayoristas, a decidir cuántos colmados o almacenes pueden funcionar en un país? Y qué decir de la actividad política. ¿Sería suficiente y justo con los partidos tradicionales? ¿El derecho a deshacer el país y oscurecer el porvenir nacional acaso pertenece sólo a los que ya han gobernado? ¿Cuántas peluquerías o salones de belleza se requieren para satisfacer la vanidad de hombres y mujeres? ¿Cuántos medios de comunicación son necesarios para llenar los requerimientos informativos de la sociedad? ¿Los que ya existen?

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Los platos rotos de los excesos

Un viejo proverbio chino dice: “Los pájaros se cazan por las patas y los hombres por las palabras”. La sentencia les sienta perfectamente a esos funcionarios, muy comunes en la política vernácula, a quienes les resulta muy difícil meditar bien antes de hablar. Dejarse conducir por la emoción resulta en declaraciones que crean confusión y fomentan desconfianza en las intenciones de un gobierno.

Las consecuencias de esos excesos verbales son muy obvias, según ha quedado de manifiesto tantas veces.

En la era digital en que vivimos la más inocua declaración se conoce rápidamente en todo el mundo. Así, expresiones fuera de tono, predicciones pesimistas o veladas amenazas contra inversiones extranjeras repercuten de inmediato en los centros financieros y los mercados internacionales. Las extravagancias retóricas provocan titulares y despliegues noticiosos que sólo consiguen resaltar profundas contradicciones en el área gubernamental. Tenemos ya la experiencia de muchos ejemplos en distintas épocas y en diferentes administraciones.

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Sobre el sufragio obligatorio

A comienzos del presente siglo, se intentó un reglamento electoral que prohibiría la abstención y sancionaría toda propaganda promocional de la misma. Si algo como eso llegara a aprobarse, posible en un país sin instituciones fuertes, debería concluirse el trabajo de destrucción de la libertad de elección del pueblo dominicano, eliminando la categoría de ciudadano y en su lugar clasificar a los electores con el nombre de borregos.

Porque en eso nos convertiríamos. Dejaríamos de ser ciudadanos con capacidad para decidir libremente en materia electoral, para convertirnos en una sociedad de asnos, conducidos cada cierto tiempo como manada a los centros de votación para darles nuestros votos a favor de quienes una boleta del organismo nos indique.

Es cierto que hay países todavía en donde votar es obligatorio, con fuerte penalidad para quien no lo haga, incluyendo la pérdida de derechos civiles por un año, y ya sabemos los penosos resultados de ese ejemplo en particular. Pero esa obligación riñe con el principio del derecho a la libre elección, consagrada en la Carta Magna y atenta contra otros derechos humanos fundamentales.

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Los nombres de los hijos

Ni en las peores dictaduras se ha limitado el derecho de los padres a ponerles los nombres a sus hijos. La de Trujillo figura entre las más crueles, horrendas y corruptas en la historia continental. El «jefe» limitó el derecho de tránsito, prohibió la libertad sindical y política, encerró, exilió y asesinó a sus opositores, pero nunca se le ocurrió, ni en sus días finales de delirio, impedirles a los padres elegir los nombres de sus vástagos.

Como si no tuviera otra cosa por hacer, la Junta Central Electoral elaboró a mediados de la primera década del siglo, un proyecto para regular esa potestad de padres y madres, y asignársela a los responsables de las oficialías civiles. La infeliz y descartada iniciativa carecía de toda lógica, pues era suprema estupidez darle facultad a un oficial civil para decidir qué nombre deben llevar los hijos de otros.

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