El partido Podemos puso en el 2017 de vuelta y media a las iglesias y a más de media España con su propuesta al Parlamento contra lo que llama discriminación por orientación sexual y de igualdad social del colectivo LGTB. La Federación de Entidades Evangélicas y la jerarquía católica pusieron el grito al cielo advirtiendo que la iniciativa rompía con las tradiciones españolas imponiendo normas contrarias al derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus valores.
Según el Episcopado español la propuesta podría promover la “destrucción de libros que vayan contra la ideología de género” e imponer un “pensamiento único”, calificándola como una “ley totalitaria y adoctrinadora”, que culminaría con la instalación de “una agencia estatal con capacidad punitiva”. La propuesta y la influencia creciente del colectivo LGTB tienen a gran parte de la sociedad española en ascuas.
Los obispos llamaron la atención sobre la gravedad de esta ley y las consecuencias que supondría su imposición en el ámbito educativo si llegara a convertirse en pauta legal sobre el sistema de enseñanza. Sostienen que la iniciativa pretende negar que la identidad sexual, nacida de ser hombre y mujer, es el resultado de la realidad biológica, no de un contrato social pasible de cambio. Si llegara a aprobarse la ley, advierten los obispos, nadie se podrá mover “sin que confiese, con fe religiosa, la ideología de género”.
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