Las dificultades del Censo

Los censos son instrumentos de planificación y un país difícilmente puede organizarse sin poseer estadísticas veraces o muy cercanas a su realidad. De ahí la importancia del X Censo Nacional realizado a finales del mes pasado y la necesidad de que sus resultados sean un reflejo más o menos fiel del momento en que vivimos, especialmente aquellos relacionados con la vida económica. Las informaciones sobre población, cuántos por ejemplo residen en las zonas urbanas, cuántos en las rurales, y otras, que son vitales para el diseño de políticas públicas.

Lo usual es que un censo se realice cada década, por lo que este se hizo con dos años de atraso debido a la pandemia sanitaria, lo cual le asignaba mayor interés y trascendencia. Los censos no son tareas fáciles y requieren mucha inversión. Más de 3,600 millones de pesos habría costado el recién realizado, según se ha dicho.

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El valor de las diferencias

Estar en contra de un gobierno no es un delito ni supone necesariamente un acto conspirativo cuando se vive en democracia. Y cuando la tolerancia se impone en el debate, el grito de “abajo el gobierno”, supone la existencia de un ambiente de respeto a la disidencia y un escape emocional que cierra el paso al desorden y a la confrontación.

Por fortuna, vivimos en democracia y son las diferencias y la explosión de ánimo en el debate, lo que pone de resalto ese importante valor alcanzado por años de lucha y discusión dentro del marco de las ideas en periodos incluso de extrema incertidumbre. Lo que mide verdaderamente la fortaleza moral de un gobierno es su capacidad para aceptar la crítica y cuanto más agria esta sea, más alto habrá de ser su nivel de tolerancia y más cerca se estará de un tranquilizador clima de convivencia pacífico y civilizado.

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Políticas de estrechez y pobreza

La experiencia ha demostrado hasta la saciedad que las economías centralizadas o cualquiera de sus hijastros generan estrechez y pobreza; constriñen el desarrollo y degeneran en el planeamiento de la vida ciudadana. También es cierto que una economía de mercado sin restricción alguna impide la justicia social. En la práctica, ambas se asemejan. De manera que requerimos de un modelo intermedio para garantizar el principio de la distribución del poder y propiciar oportunidades más equitativas dentro de un sistema de libre concurrencia.

La pronunciada presencia del Gobierno en la actividad económica genera una peligrosa asociación de funcionarios y empresarios corruptos con los resultados que todos aquí conocemos.

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A precio de “vaca muerta”

Cuando desde el ámbito oficial se acusa al sector privado de pretender quedarse con todo el sector eléctrico a precio de “vaca muerta”, lo que ya hizo el Gobierno, se incurre en un penoso error de valoración. En efecto, una vaca muerta, vendida en libras, vale mucho más que el mismo animal comprado vivo. Pero tiene razón si la expresión se explica al precio que los gobiernos han pagado por las acciones privadas de esas empresas. Los funcionarios eléctricos son típicos ejemplos de la cada vez más fuerte tendencia oficial a pelearse con todo el mundo, lo que en gran medida explica los pronunciados descensos de la popularidad que en ciertas épocas alcanzó un nivel desde el cual se esperaba comenzara a brotar el petróleo.

El Gobierno no puede aspirar a solucionar la crisis de energía eléctrica sólo por sí mismo. Y en riña permanente con las empresas privadas vinculadas al negocio, la tarea le podría resultar más ingrata todavía. Todo el complejo y costoso andamiaje de publicidad que la corporación eléctrica ha sostenido para crear la ilusión de avance en la solución del problema, choca con la realidad brutal de los apagones, el déficit del sector y las enormes deudas contraídas con los generadores, a despecho de las enormes sumas entregadas a la corporación, sin resultado alguno.

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El descrédito político y empresarial

Uno de los signos más preocupantes de la realidad dominicana es el descrédito de la clase política. Lo dicen las encuestas y las expresiones de rechazo que se observan en el diario quehacer nacional. Pero no estará lejano el día en que ocurra lo mismo con la clase empresarial, si no se democratizan las organizaciones que la representan.

Muchas entidades empresariales no reflejan las transformaciones de la sociedad dominicana, y a causa de ello no pueden hablar por todo el sector, a despecho de que los gobiernos se sientan en estos ámbitos exclusivistas más cómodos y seguros. La apertura democrática ampliaría la capacidad de presión de esas entidades que han jugado, es justo reconocerlo, un papel muy importante en la discusión de los temas básicos.

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Hablemos de libre empresa ( y 2)

Para muchos empresarios, desafortunadamente, el régimen de libre empresa funciona en la medida en que se muestra tolerante contra el abuso y el afán desmedido de lucro. Y, naturalmente, deja de funcionar o no existe desde el momento mismo en que ponen en movimiento normas o mecanismos para proteger a la comunidad de acciones vandálicas contrarias a la ley y a la más elemental ética comercial o profesional.

Uno de los grandes triunfos propagandísticos de quienes combaten la libertad de empresa es el haber creado estereotipos que actúan en la mente humana en contra de su existencia misma. Objetivo principal de esa propaganda ha sido, por ejemplo, desacreditar el derecho al lucro y a la propiedad como causas fundamentales del atraso, el subdesarrollo y el sufrimiento de las mayorías. De esta manera la posesión de riqueza se entiende como producto del robo y consecuente causa de injusticia social. Y como muchas riquezas tienen origen y procedencia cuestionables, esa prédica cala en amplios sectores de la población nacional, especialmente en las de más bajos ingresos. Al defender las malas prácticas comerciales, muchos empresarios contribuyen de ese modo a desacreditar el concepto de libre empresa y a reducir la confianza popular en el sistema.

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Hablemos de libre empresa (1)

Las fallas de la libre empresa no se derivan exclusivamente de la injerencia estatal, por mucho que ésta haya entorpecido en el transcurso de los años su desarrollo y crecimiento. Los defectos de nuestro muy peculiar régimen de libre mercado se deben también, y en gran medida, al propio sector privado.

Responden a los predominios de grupos, a los oligopolios y castas empresariales que han explotado hasta la saciedad el paternalismo estatal, invocando para su provecho la intervención del Gobierno en la economía, a sabiendas de que los privilegios trabajan en contra del sistema y de las oportunidades de los demás.

La capacidad instalada, señalada tantas veces como una razón de la poca funcionalidad o de la presunta existencia de libertad empresarial, ha sido esgrimida no siempre por el Estado, sino por grupos empresariales para evitar de esta forma la competencia o preservar irritantes concesiones. ¿Cuándo esas concesiones se reflejaron en el mercado, ya sea mediante un mejoramiento de los precios y de la calidad de los productos o mediante un incremento de la oferta?

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Los choques de intereses

La clase política ha logrado inculcarle a la gente la idea de que el país vive permanentemente enfrentado al choque de intereses contrapuestos. De un lado, el interés nacional, representado por el Estado y quienes ejercen el poder, y el particular, que emana de la actividad privada. En el falso criterio de valoración sobre el que esa tesis se sustenta, el primero es el legítimo y el segundo es el espurio, del que surgen todas las iniquidades que hacen de la nuestra una nación socialmente injusta debido a las enormes desigualdades existentes.

La teoría de la desigualdad basada en la existencia de los intereses particulares, ha servido para encubrir la corrupción y el enriquecimiento ilícito de una clase política incapaz de plantear soluciones de fondo a los graves problemas nacionales y preservar de este modo los grandes y crecientes privilegios que el secuestro de la vida política por los partidos les ha permitido a sus dirigentes.

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