Ministerio Público apelará auto de no ha lugar dictado a médico

SANTIAGO.- La Fiscalía de Santiago apelará el auto de no ha lugar dictado por la jueza Ilka María Méndez Sosa, a favor de un médico acusado por el Ministerio Público de violación sexual contra un hijo menor de edad.

El documento recursivo será depositado ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago una vez sea notificada la decisión.

En contra del imputado fueron presentados cargos por violación basada en género, incesto, abuso sexual y psicológico en perjuicio de su hijo menor de edad.

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El 4 de abril será el juicio preliminar del caso Antipulpo

SANTO DOMINGO.- Deyvi Timoteo Peguero, el juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional,  ordenó la reposición de plazo a la defensa técnica de los implicados en el caso Anti Pulpo, por tiempo de 25 días, y fijó la audiencia del juicio preliminar para el 4 de abril.

Asimismo, el tribunal fijó para el 21 de febrero, a las 9:00 de la mañana, la revisión obligatoria de la medida de coerción a todos los implicados que guardan prisión preventiva y arresto domiciliario.

El juez dispuso que la reposición del plazo comience a partir de la notificación de la resolución, al tiempo que ordenó  citar a las personas físicas y jurídicas que no comparecieron a la audiencia.

También el magistrado otorgó un plazo de tres días al ministerio público, para que aporte las direcciones donde esas personas puedan ser localizadas, y rechazó la solicitud de reposición de plazo planteado por la parte querellante constituido en actor civil, es decir el Estado dominicano.

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MP no se opone a que concedan plazo a la defensa para iniciar juicio preliminar

SANTO DOMINGO.- El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, sostuvo durante la audiencia de juicio preliminar a los implicados en el caso Antipulpo, que el Ministerio Público no se opone al plazo solicitado por la defensa para postergar el inicio del juicio.

“El Ministerio Público no se opone a que este tribunal otorgue a las defensas un plazo razonable de 25 días para revisar y analizar la acusación… a nosotros no nos interesa ni en este ni en ningún otro proceso que la defensa no tenga la oportunidad de ser efectiva. A nosotros nos interesa que lo sea y que la verdad que se construya sea una verdad sustentada sobre el debido proceso”, indicó el magistrado.

Camacho recalcó que el órgano persecutor también había solicitado anteriormente una prórroga porque necesitaban más tiempo para agotar cada línea de investigación del expediente y resaltó que dicho plazo fue concedido en su momento.

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SCJ establece criterios para recurrir actos judiciales administrativos

SANTO DOMINGO.– La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia estableció el criterio de que el auto que acoge o rechaza una solicitud de reventa por puja ulterior, es un acto judicial de carácter administrativo o gracioso, susceptible de ser impugnado por la vía de la retratación como acción principal por ante el mismo juez que lo dictó; puntualizando apartarse con ello del precedente jurisprudencial que sostenía que el referido auto es una sentencia propiamente dicha, susceptible de ser impugnada por las vías recursivas de la apelación y casación.

La postura jurisprudencial que avala el giro procesal, consta en la sentencia número 2903-2021, de fecha 27 de octubre de 2021, al suplir de oficio por ser un asunto de orden público y de puro derecho, casó por vía de supresión y sin envío la sentencia impugnada en casación, tras considerar que la corte de apelación incurrió, al juzgar en la vulneración procesal, una errónea aplicación de las reglas procesales de orden público, en cuanto a la delimitación de los actos propios del orden jurisdiccional contencioso y de los actos de administración judicial gracioso, la naturaleza y régimen procesal que le son aplicables, al amparo de nuestro derecho, puesto que lo que procedía era declarar de oficio inadmisible el recurso de apelación, por tratarse de auto dictado en atribuciones graciosas.

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MP pide  prisión preventiva contra dos oficiales de la Policía por muerte agente de Digesett

SANTIAGO.- La Fiscalía de esta jurisdicción solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente que imponga la prisión preventiva como medida de coerción contra dos oficiales de la Policía Nacional (PN) implicados en la muerte a tiros del raso de la institución Alberto de la Rosa de la Cruz, adscrito a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), ocurrida el 1 de febrero en el municipio Villa González.

La víctima transitaba en la parte trasera del vehículo marca Toyota Camry, color azul oscuro, por la calle Villa del Yaque en Villa González, luego de que compartiera con otras personas en una gallera.

La investigación preliminar, a cargo del Departamento de Asuntos Internos de la Fiscalía de Santiago, evidenció que los imputados, el teniente coronel de la Policía José Ernesto de la Rosa Pérez y el segundo teniente Luis Antonio Montilla Lara, «interceptaron de manera violenta y sorpresiva a las víctimas, violentando los protocolos del uso de la fuerza» y realizando múltiples impactos de balas en dirección a la parte trasera del vehículo en movimiento y con los que impactaron a su compañero de institución, quien murió mientras recibía atenciones médicas.

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El TC anula decreto que suspendió la venta de inmuebles en Los Tres Brazos

SANTO DOMINGO.- El Tribunal Constitucional anuló el artículo 2 del decreto 392-16 que ordenó la suspensión inmediata de las operaciones de venta o reventa de inmuebles en el sector Los Tres Brazos, del Distrito Nacional, a raíz de denuncias de irregularidades.

El Constitucional declaró “no conforme con la Constitución de la República” el texto del decreto emitido por entonces presidente Danilo Medina, el 28 de diciembre de 2016.

Estableció que viola los artículos 4, 6, 51.1, 73, y 149.I  de la Constitución dominicana, que conciernen al principio de separación de los poderes, la supremacía de la Constitución, el derecho de propiedad, la nulidad de los actos que subviertan el orden constitucional, y las funciones del Poder Judicial.

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