Falsa exclusividad y otras irregularidades que llevaron a detener a Freddy Hidalgo

Freddy Hidalgo (izquierda) y Juan Alexis Medina Sánchez.

SANTO DOMINGO.- Dos de las empresas vinculadas al hermano del expresidente Danilo Medina, Juan Alexis Medina Sánchez, recibieron pagos por unos RD$200 millones de pesos por contratos supuestamente irregulares con el Ministerio de Salud Pública, durante la gestión de Freddy Hidalgo.

Así lo expone el Ministerio Público en una de la solicitud de orden de allanamiento que hizo a un tribunal para proceder al apresamiento de unas diez personas, entre exfuncionarios y personas a las que califica de proveedores privilegiados y testaferros “que aprovecharon vínculos familiares con el poder político para acumular fortunas durante el pasado período de gobierno”.

Además de Hidalgo y de Medina Sánchez, los apresamientos, realizados la madrugada del pasado domingo, incluyen al exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Francisco Pagán; el expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Rosa y la exvicepresidenta de esa entidad, y hermana del expresidente Medina, Carmen Magalys Medina Sánchez.

También el excontralor de la República, Rafael Antonio Germosén Andújar; el exdirector de fiscalización de la OISOE, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz y Julián Esteban Suriel.

La investigación a cargo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) se ha denominado “Operación Antipulpo”. El nombre hace alusión a la capacidad que tuvo el hermano del expresidente de extender sus “tentáculos” por diversas instituciones estatales en las que consiguió contratos de obras.

Irregularidades en Salud Pública

En el caso del Ministerio de Salud Pública, la PEPCA afirma que se violentaron procesos establecidos en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas para beneficiar a las empresas de Medina Sánchez y que como modus operandi de parte del exministro Hidalgo, se procedía a las declaraciones de urgencias para las compras.

Cita el caso específico de una licitación declarada de urgencia para la adquisición de dos millones de unidades de medicamentos inyectables, en la que participó la empresa General Medical Solution A. M, una de las compañías que se vinculan a Alexis Medina Sánchez.

En la solicitud de compra que habría emitido el Ministerio de Salud en fecha 27 de mayo de 2014, se indicaba la adquisición del medicamento factor IX. Para el 2 de junio, el director financiero de ese ministerio, emitió la certificación de existencia de fondos por valor de RD$43 millones, pero especificando que el medicamento Factor IX era de la marca Octanine F. U. I, cuyo fabricante era la empresa suiza Octapharma A.G.

Indica que, como parte de los documentos para sustentar su oferta, General Medical Solution A. M había depositado una cotización de un millón de unidades del medicamento por valor de los RD$43 millones. También una carta de exclusividad del laboratorio Octapharma A.G, donde supuestamente indica que la empresa Dres. Mallén Guerra es distribuidor exclusivo en República Dominicana.

Pero el Ministerio Público logró certificaciones de órganos estatales donde se indica que las empresas General Medical Solution A. M y Octapharma A.G, “no se encuentran registradas como concedentes ni concesionarias de persona física o moral alguna”. También le certificaron que, si bien la empresa Doctores Mallén Guerra tiene contratos de exclusividad y distribución de productos de unas 31 empresas, en ninguna de ellas se encuentra registro alguno a su favor emitido por Octapharma A.G.

Otro aspecto que señala el Ministerio Público para calificar de irregular el procedimiento, fue que, aunque la fecha de entrega de los medicamentos comprados de urgencia se fijó para el 26 de septiembre de 2014, fue el 16 de enero de 2015, más de tres meses después, cuando se autorizó al encargado de almacén a recibir los productos de parte de la empresa.

Con certificaciones de representatividad no comprobadas o falsas, de acuerdo con el PEPCA, General Medical Solution A.M también vendió a Salud Pública medicamentos por valor de RD$57 millones, bajo el concepto de exclusividad. Pero, el Ministerio Público afirma que Salud Pública no contaba con la apropiación presupuestaria para tales fines, por lo que se violó la Ley 340-06.

Plantea que las maniobras fraudulentas del ministro de Salud, Freddy Hidalgo, así como el excontralor general de la República, Rafael Germosén y otros de los imputados, estaban destinadas a favorecer las empresas de Medina Sánchez.

Resalta el caso específico de General Medical Solution A. M que recibió libramientos de pagos por valor de RD$129.7 millones y la empresa Domedical Supplay, por RD$70.3 millones, ambas compañías atribuidas a Alexis Medina.

Pendientes de la coerción

Los diez detenidos por el caso siguen a la espera del conocimiento de la medida de coerción que deberá conocerse este martes, cuando se vence el plazo de las 48 horas.

A las 11:20 minutos de anoche, un grupo de representantes del Ministerio Público depositó los expedientes acusatorios contra los implicados en la llamada “Operación Antipulpo”, señalados por supuestos actos de corrupción en los gobiernos de Danilo Medina.

En los expedientes llevados en tres contenedores ante la Oficina de Atención Permanente de la Fiscalía del Distrito Nacional, se solicitó prisión preventiva contra los 10 implicados de conformidad con el artículo 226 numeral 7, de la Ley No. 76-02, Código Procesal Penal.

Además, de solicitar que el caso sea declarado complejo conforme a lo que establece el artículo 369  del Código Penal dominicano.

De igual forma, el Ministerio Público, solicitó que se ordene la clausura temporal de las razones sociales Domedical Supply SRL, Suim Suplidores Institucionales Méndez SRL, General Medical Solution A.M. SRL, United Suppliers Corporations SRL, Kyanred Supply SRL, General Supply Corporations, Wattmax Dominciana SRL y Fuel American Inc. Dominicana SRL.

La petición fue firmada por Wilson Manuel Camacho Peralta, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y varios fiscales del Ministerio Público.

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