Juez otorga libertad, presentación periódica y trabajo comunitario a grupo lanzó heces a SCJ

SANTO DOMINGO.- El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional otorgó anoche libertad pura y simple para las dos mujeres del grupo de personas que lanzaron excremento al edificio que aloja la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República y para los otros imputados impuso presentación periódica y trabajo comunitario por seis meses.

La libertad pura y simple favorece a Jennifer Germosén Rosario, Ángela Carolina Báez Jacobo. Manuel Robinson Morillo Martínez, Juan Antonio Martínez Paredes, Cristian Ismael Jiménez Rosario, Richard Hernández Peralta y Gabriel Sánchez Rosario deberán acudir periódicamente a un tribunal y hacer trabajos comunitarios en los ayuntamientos de donde residan por seis meses.

Los imputados, que son miembros del Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO), lanzaron las heces fecales al edificio el Día del Poder Judicial, como una forma de protestar contra el sistema judicial del país, el cual consideran que está en descomposición.

Con las medidas impuestas, el tribunal no acogió el pedimento del Ministerio Público consistente en prisión preventiva, bajo acusación de violar los artículos 265, 266, 222, los cuales tipifican la asociación de malhechores, el ultraje y violencia a la autoridad pública, así como los artículos 17 y 18 de la Ley de los Símbolos Patrios, además de los artículos 1 y 2 de la Ley 5797 sobre Destrucción de Propiedad Pública.

La coerción fue conocida en un ambiente tenso, pues en el edificio del Palacio de Justicia, en Ciudad Nueva, Distrito Nacional, fueron colocados varios efectivos policiales y miembros del FALPO acudieron al lugar a reclamar la libertad de sus compañeros.

El abogado de los imputados, José María Mercedes, al salir de la audiencia, dijo que el juez tomó  la decisión al considerar que los hechos que se les imputan no son criminales.

Al salir de la audiencia, Grabiel Sánchez vociferó a los representantes de medios de comunicación “no pudieron criminalizar la protesta”.

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