Las reservas que inspiran las cada vez más pronunciadas tendencias a conferirle al Estado un papel de mayor preponderancia en la vida económica nacional, descansan en las penosas experiencias de ensayos pasados y presentes.
Por acción de los gobiernos y a pesar de su ostensible incapacidad para atender con rigor y eficacia sus responsabilidades esenciales, el Estado dominicano ha ido creciendo de una forma tan brutal que interviene o husmea en la vida de cada ciudadano, de manera directa e indirecta, haciéndole la vida una carga muy difícil de sobrellevar. No existe de hecho una actividad social o económica de impacto que no esté de alguna forma ligada, atada, comprometida o asociada con el Estado, o paralizada por él.
Así, mientras falla en dotar adecuadamente a las escuelas de pupitres, pagar a tiempo a los servidores públicos, muchos de los cuales no desempeñan una función útil, y no encuentra cómo darle ocupación a miles de médicos desempleados, no obstante las terribles deficiencias de los servicios de salud que presta, los gobiernos se empeñan en ensanchar su radio de acción convirtiéndose en instrumentos abrumadoramente dominantes.
Asumen tareas que en sus manos resultan tan amplias y disímiles como absurdas. El crecimiento del papel que los gobiernos se han otorgado a sí mismos con evidente señal de autoritarismo ha tenido como resultado la creación de controles excesivos y paralizantes de la actividad creativa nacional. Para total desgracia nuestra, esos controles van más allá de la esfera de la economía.
Concebidos teóricamente para garantizar suministros adecuados de productos básicos a la población, muchos de esos controles han terminado erosionando los canales normales de comercialización y abastecimiento. No se trata de negar la trascendencia del papel del Gobierno en la vida de ésta o cualquiera otra nación. El problema estriba, por lo menos entre nosotros, que al trascender su presencia por encima de lo que dictan sus obligaciones constitucionales, los gobiernos descuidan sus tareas fundamentales. Y esto normalmente ocurre en detrimento de las propias responsabilidades adicionales que tratan de asumir. En definitiva ni una cosa ni la otra.
Lo ideal serían gobiernos menos interventores, lo que sólo sería posible si llegaran a aceptar su carácter esencialmente normativo. Renunciando a la pretensión de controlar todo el cuerpo social y económico del país, los gobiernos podrían adquirir una mayor capacidad y eficiencia para cumplir con sus funciones reales. Podrían dotar así al pueblo de los servicios que no han sido capaces de brindar en las áreas tan sensibles e importantes como la educación, la salud, el transporte, la agricultura, entre otras. Leer más de esta entrada
Mañana los dominicanos aptos para ejercer el sufragio podrán votar por el candidato que estimen más idóneo para ejercer la presidencia por los próximos cuatro años.
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