La Iglesia y el Estado (3 de 4)

Uno de los teóricos más sobresalientes y polémicos de la Doctrina Social de la Iglesia, C. Van Gestel, sostiene que en ciertos momentos y bajo determinadas circunstancias, el bien común puede exigir una restricción del derecho de propiedad privada. Desde ese punto de vista oficial de la Iglesia, la nacionalización de una u otra industria “puede recomendarse en ciertos casos”.

La Iglesia y el Estado (2 de 4)

Al analizar el papel del Estado en la economía, Juan XXIII escribió que uno de sus deberes ineludibles es intervenir a tiempo a fin de contribuir a producir bienes materiales en abundancia. Además, constituye una obligación del Estado “vigilar que los contratos de trabajo se regulen con justicia y equidad” y que en los ambientes laborales “no sufra mengua ni el cuerpo ni el espíritu, la dignidad de las personas humanas”.

El rechazo de la acumulación de riquezas por particulares planteada en infinidad de documentos oficiales de la Iglesia, se aplica igualmente al Estado o al Gobierno. La norma de fijación del ámbito de esa intervención gubernamental es el principio de la subsidariedad, que ya había enunciado Pío XI en Cuadragesimo Anno y que ha servido de guía a los papas sucesivos. En esencia, este principio de subsidariedad reconoce únicamente el derecho del Gobierno a hacerse cargo de iniciativas necesarias para proteger la justicia, en todos los órdenes que excedan en todo caso la capacidad de los individuos o grupos privados. En palabras de Pío XI, el Gobierno finalmente “debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero no destruirlos o absorberlos”. Leer más de esta entrada

La Iglesia y el Estado (I de 4)

La encíclica de Benedicto XVI, “Caritas un Veritate”, revivió un debate surgido en la Iglesia Católica desde los tiempos de León XIII: el papel que ella le reconoce u otorga al Estado en la economía. Juan XXIII dijo que la historia y la experiencia demuestran que “en los regímenes políticos que no reconocen a los particulares la propiedad, incluida la de los bienes de producción, se viola o suprime totalmente el ejercicio de la libertad humana en las cosas fundamentales”.

Sin embargo, este respaldo a la propiedad, fundamentado ya en Rerum Novarum (1891), no admite por la Iglesia el derecho a una acumulación ilimitada de riqueza. De hecho la ética moral de la doctrina social de la Iglesia trata de situar a éste en un punto intermedio entre el individualismo extremo, manifestado en la teoría de mercado libre, y los enfoques estatistas o colectivistas, expresados en los modelos de sociedad comunista.  Leer más de esta entrada

“Atento a mí”

Me excusan si la grafía del título no corresponde al significado del dicho que describe uno de los comportamientos más típicos del irrespeto a las leyes y las normas civilizadas que explican muchos de los vicios que se observan en el diario vivir, tanto en la esfera pública como en la privada.

En la primera se entiende  a través de esa expresión  la inobservancia de las obligaciones propias de las funciones públicas por parte de funcionarios  electos o designados por el Poder  Ejecutivo. Llegan tarde e incurren en otras violaciones a sus deberes en el cargo “atento” a él.  Y no actúan tampoco con la transparencia y honradez requeridas por la misma razón. Leer más de esta entrada

Lectura sabatina

Asistí hace ya un tiempo a una reunión de intelectuales preocupados por la situación nacional. Era el único que no lo era. Pensé que hablaríamos del problema energético, el déficit cuasi fiscal, el aumento del gasto público, el clima de inversión y algunos otros temas que agobian la vida diaria de los dominicanos, conforme deduje de la invitación.

Resultó que la preocupación allí tenía que ver más con lo que alguien llamó crisis de identidad nacional y las raíces del pueblo dominicano. Cada uno de los doce participantes disparó un discurso sobre el exterminio de la población indígena y el saqueo de las riquezas de nuestros aborígenes.

Todos, sin excepción, plantearon la necesidad de profundizar la búsqueda de las causas de nuestra pobreza en ese acontecimiento histórico. Me dije toda clase de cosas  para mis adentros e identifiqué de inmediato la puerta de salida. Leer más de esta entrada

Capitalismo de Estado

Más que en un  auténtico sistema de libre empresa, vivimos bajo un capitalismo de Estado en extremo deficiente. El país necesita  una mayor dosis de iniciativa individual en la economía. Mientras más grande e influyente sea el sector privado y menos fuerza posea el sector público, mejores perspectivas habrá. La experiencia así lo confirma.

Los controles, de precios y de cualquier otra naturaleza, han resultado fatales para el desarrollo y la producción. Tantas veces se ha pretendido enfrentar el problema del abastecimiento de productos esenciales, mediante los sistemas ya desacreditados de cuotas y controles de precios, más drástica ha sido la escasez y más alto han subido los precios. Por lo general, estas clases de medidas terminan destruyendo los mecanismos naturales de comercialización y desalentando la producción. Sus efectos en la economía son desastrosos, reflejándose en crisis de abastecimientos a las que las autoridades sólo pueden ofrecer soluciones temporales. Leer más de esta entrada

¿Otro pedazo de papel?

A menos que  siga siendo el “pedazo de papel” que siempre ha sido, la discusión alrededor de la sentencia de la Corte Constitucional que despoja de su nacionalidad a hijos de ilegales haitianos nacidos en territorio dominicano, me parece irrelevante e innecesaria. Y hago la afirmación porque la Carta Magna vigente señala explícita y tajantemente, sin espacio para discusión alguna, que aquellos que la poseían al momento de su promulgación son dominicanos. Y como esa misma Constitución establece, como las anteriores, que toda ley, decreto o resolución contraria a su espíritu y letra son de hecho inconstitucionales y, por supuesto, ilegales, no hay necesidad de tanto ruido, ni terreno abonado para promover sentimientos de extremo nacionalismo que terminan siempre en desgracias y aberrantes cacerías de brujas.

Además, el carácter retroactivo de ese aspecto de la sentencia riñe con otro principio básico de la Constitución y sienta un precedente que en el futuro puede ser usado para justificar acciones atentatorias al estado de derecho, en un país seriamente cuestionado por su debilidad jurídica y el excesivo poder discrecional de los funcionarios públicos. Leer más de esta entrada