La Policía que necesitamos

Hace meses, en una conversación privada por las redes, una oficial de la Policía de alto rango me envió la siguiente reflexión: “¿Quiénes son, sociológicamente, nuestros policías patrulleros? ¿De dónde vienen y que llevan en sus mentes?” En las respuestas a estas inquietantes interrogantes pueden encontrarse salidas al problema irresuelto de una reforma integral de la institución por la que abogamos desde hace años dentro y fuera de esa institución, llamada a velar por la seguridad ciudadana.

Lo que la oficial trata de hacer ver, y no está equivocada, es que la Policía no es un cuerpo anómalo de la sociedad dominicana, si no tal vez, y la cito, “su producto más directo, la más representativa muestra y consecuencia del despojo histórico de democracia al barrio y a su juventud”.

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Ante una próxima reforma fiscal

Los gobiernos están en la obligación de crear condiciones propicias para mejorar los niveles de competitividad de los sectores productivos. Otra prioridad consiste en la creación de un clima de seguridad jurídica que preserve la confianza de los inversionistas existentes y atraiga nuevos capitales.

Sin una ni la otra podríamos aspirar a crecer ni a expandir las expectativas de la economía ni mucho menos a mejorar las condiciones de vida de la gente. El clima adecuado a la inversión no se genera únicamente a base de leyes y giras presidenciales. Se requiere que todo el equipo gubernamental marche parejo en una misma dirección. No importa cuántas legislaciones protejan la inversión, si por otro lado el poder discrecional de los funcionarios hace caso omiso a la ley y obstruye con falsos nacionalismos y posturas populistas la paz y el sosiego que el capital necesita para trabajar. Sólo así podrá el país producir la riqueza que habrá de combatir eficazmente los niveles degradantes de pobreza en que vive una mayoría de los dominicanos.

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Los derechos humanos y la ONU

Cuando se lee la Declaración Universal de los Derechos Humanos, uno de los textos de mayor valor existente, y se ven las naciones que muchas veces han integrado el Consejo de Derechos de las Naciones Unidas, encargado de velar por el fiel cumplimiento de sus resoluciones, se tiende a pensar que la hipocresía y no el respeto a la dignidad y las libertades humanas norman las relaciones a nivel mundial.

El Consejo lo han formado algunos de los países con más deprimente récord en materia de violación de esos derechos, como han sido Cuba, Irán, China, Rusia, Venezuela, Vietnam, Venezuela y Arabia Saudita.

Resulta por tanto fascinante conocer, dentro de su monstruosidad, los periódicos informes sobre violaciones de esos derechos firmados por países donde sus ciudadanos huyen por la cruda represión contra toda forma de disidencia.

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Entre pobreza y desconfianza

Con todo y nuestros avances en materia de derechos humanos y desarrollo político, el país no puede ser mostrado como ejemplo de sociedad donde impere la justicia social. Los desequilibrios son demasiado pronunciados y tienden a profundizarse en la medida en que el desempleo se agrava y la economía se deteriora.

Vivimos, además, un proceso de desnaturalización de las instituciones, las cuales continúan siendo frágiles, incapaces de garantizar igualdad de oportunidades para todos y combatir con eficacia la vieja tradición de corrupción en el ámbito político.

La pobreza, presente en sus grados más extremos tanto en las áreas urbanas como en las rurales, es una amenaza latente al orden social. Hemos tenido señales de inconformidad que han degenerado en protestas callejeras que anticipan demostraciones que nadie aquí en su sano juicio desearía. A menos que se reduzcan esos márgenes y se impacte positivamente en la situación de tanta gente viviendo en condiciones de marginalidad y pobreza, con índices de desnutrición por debajo de la mayoría del resto del continente, es poco probable restablecer la confianza en el futuro de la nación, aunque mejore en el corto o mediano plazos.

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Las quejas de la gente

Cuando se le pregunta a la gente en las calles su opinión acerca del Gobierno, no deja de sorprender la forma airada de muchas de las respuestas. La mayoría se queja de la situación económica, de la prepotencia de los funcionarios, de la indiferencia social prevaleciente y de los altos niveles de corrupción que casi todos entienden existe en altas esferas de la administración.

Esta última percepción ha cobrado cuerpo a despecho de recientes informes de organismos internacionales que otorgan mejores calificaciones al Gobierno con respecto a los anteriores en materia de controles contra ese terrible flagelo social que corroe casi toda la estructura del aparato estatal.

No es nada extraño, sin embargo, escuchar esas opiniones, por cuanto desde que las encuestas comenzaron a reflejar estos sentimientos de la población, dejaron de publicarse y los medios que lo hacían perdieron todo interés en el tema.

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Una inolvidable tarde de mayo

La tarde de mayo en que David Ben Gurion se levantó lentamente de su asiento en una pequeña sala del museo de Tel Aviv, no fue la de un día cualquiera. Eran las cuatro después del mediodía y aunque se habían reunido en secreto para evitar una intromisión de las tropas británicas, prestas a abandonar Palestina, las calles de la ciudad eran un hervidero humano. Decenas de miles de judíos ortodoxos, liberales, conservadores y comunistas, se apiñaban por toda la ciudad mientras portaban banderas azules y blancas con enormes estrellas de David.

Los judíos de Europa Oriental habían sido obligados a llevar ese símbolo como un estigma y millones de ellos habían muerto en los campos de exterminio del nazismo. Esa tarde, del 14 de mayo de 1948, lo agitaban orgullosos. Habían esperado en la diáspora 2,000 años para hacerlo. Durante siglos, los judíos en todo el mundo habían orado y sufrido por ese momento. En la mesa familiar, ante las siete velas del candelabro sagrado de Israel, habían declarado noche tras noche mirando hacia el Este, de cara a la antigua ciudad de David: “El año próximo en Jerusalén”.

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Datos de nuestra historia reciente

En su crónica de una tertulia celebrada en la Fundación Quinta República, el Listín Diario citó en septiembre del 2007 al entonces presidente Leonel Fernández que dijo que el sistema democrático se inició en el país en 1978 con el ascenso a la presidencia de Antonio Guzmán, quien (cito) “aplicó una política de respeto a los derechos humanos, libertó a los presos políticos y permitió el regreso de los exiliados…”

La apreciación es cierta en cuanto a los efectos de esa administración en la vida nacional. Pero la parte citada refleja una percepción muy particular de la realidad social y política del país subordinada a sus necesidades como candidato y un oculto complejo de culpa. Guzmán no hubiera podido hacer lo que hizo si le hubiera tocado gobernar en 1966. Los doce años de represión balaguerista allanaron el camino a lo que pudo hacerse después. Un estado de respeto a los derechos humanos no se crea mediante decreto. Se da como resultado de todo un proceso, muchas veces lento y tortuoso, como fue el caso si se quiere durante los primeros mandatos de Balaguer.

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Respetar su propia ley

Le pregunté al doctor Balaguer, en ocasión de una de tantas entrevistas para libros, cuál consideraba su momento más difícil en sus años de gobierno, y sin vacilar se refirió a la intensa campaña emprendida por el Partido de la Liberación Dominicana y su líder el profesor Juan Bosch con el lema de obligarle a “respetar su propia ley”.

Extrañado le comenté que siempre había creído que ese momento se había dado la noche en que frente a toda la audiencia radial y televisiva del país acusara de conspiración al general Elías Wessin y Wessin, a quien años después designara como jefe de las Fuerzas Armadas. Me comentó que si bien ese fue un instante crítico que involucró inmensos riesgos, por la reacción que el hecho pudo haber provocado en esferas militares, sus días más difíciles transcurrieron con la incansable campaña boschista.

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