El Estado y la iniciativa privada

Es un error creer que las fallas de la libre empresa se derivan exclusivamente de la injerencia estatal, por mucho que ésta haya entorpecido en el transcurso de los años su desarrollo y crecimiento.

Los defectos de nuestro muy peculiar régimen de libre mercado se deben también, y en gran medida, al propio sector privado.

Responden a los predominios de grupos, a los oligopolios y castas empresariales que han explotado hasta la saciedad el paternalismo estatal, invocando para su provecho la intervención del gobierno en la economía, a sabiendas de que los privilegios trabajan en contra del sistema y de las oportunidades de los demás.

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El valor de la iniciativa privada

La clase política ha logrado inculcarle a la gente la idea de que el país vive permanentemente enfrentado al choque de intereses contrapuestos.

De un lado, el interés nacional, representado por el Estado y quienes ejercen el poder, y el particular, que emana de la actividad privada. En el falso criterio de valoración sobre el que esa tesis se sustenta, el primero es el legítimo y el segundo es el espurio, del que surgen todas las iniquidades que hacen de la nuestra una nación socialmente injusta debido a las enormes desigualdades existentes.

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La notoria ausencia de moderación

Por años, he venido observando una notoria ausencia de moderación en la discusión de los temas fundamentales del país. Las pasiones y las posiciones extremas se han apoderado del debate, dejando con pocas posibilidades todo intento por bajar el tono de la discusión y establecer canales de comunicación lo suficientemente limpios como para que todos podamos escucharnos y encontrar senderos que conduzcan a un lugar sereno, seguro y apacible.

De suerte que de antemano es un vano esfuerzo transitar por ese camino cerrado. A muchos les parecerá exagerada esta apreciación y se conformarán con la idea de que todo está en su puesto y que es asunto normal en una democracia la altisonancia en el enfrentamiento político.

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El sistema de la seguridad social

SANTO DOMINGO.- A pesar de encontrarse aún en la adolescencia, ya que empezó a funcionar en el 2003, el Sistema de la Seguridad Social ha logrado crecer y avanzar más allá del pesimismo nacional. Pero es obvio que existen factores, mayormente de índole cultural, que lo traban todavía e impiden su crecimiento y fortaleza. Los primeros y más fuertes son la enorme informalidad de la economía y el costo de su estructura, debido a su horizontalidad.

Para muchos expertos en la materia, el escollo principal al que se enfrenta desde sus mismos inicios, es el incumplimiento de las dos características que pudieran hacerla funcionar adecuadamente. Me refiero a la obligatoriedad y la universalidad que hacen que pueda funcionar y cumplir con sus objetivos cualquier sistema similar. Lo curioso es que las excepciones a esos dos conceptos, sustanciales al propósito de la ley que la creó, empobrece el sistema. Además, es lamentable y por igual inaceptable que la violación de esas condiciones esenciales del modelo dominicano de seguridad social provenga de instituciones estatales que deberían ser las primeras aliadas del sistema.

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La Policía y la sociedad

En una conversación privada por las redes, una oficial de la Policía de alto rango me envió la siguiente reflexión: “¿Quiénes son, sociológicamente, nuestros policías patrulleros? ¿De dónde vienen y qué llevan en sus mentes?”. En las respuestas a estas inquietantes interrogantes pueden encontrarse salidas al problema irresuelto de una reforma integral de la institución por la que abogamos desde hace años dentro y fuera de esa institución, llamada a velar por la seguridad ciudadana.

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La reforma de la Policía

La sociedad dominicana no puede prescindir de la Policía. Pero la institución tiene que transformarse para hacerse del respeto de la sociedad a la que sirve. El presidente Luis Abinader ha abierto un proceso de reforma para rescatar la institución, pero en la composición del grupo que ha recibido tan noble e importante encargo, no hay miembros del cuerpo al que se pretende cambiar.

El resultado podría ser un órgano ajeno que la institución rechazaría. Una transfusión de sangre incompatible con la del paciente. La reforma tiene que venir de su interior. Hay allí gente con capacidad suficiente y entrega a la institución para contribuir a tan anhelada reforma. Nada o poco se lograría si se escogieran a los mejores científicos e ingenieros para transformar el sistema de salud o propiciar cambios en el aparato judicial.

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La presunción de inocencia como regla

Nuestro profesor de derecho, en la Facultad de Humanidades, doctor Richiez Acevedo, solía reducir las discusiones sobre la problemática nacional con una frase lapidaria: “arreglemos la justicia y se arreglará todo”. La frase viene a propósito por la ligereza con que aquí se festina la presunción de inocencia, un principio jurídico penal que establece como regla la inocencia de una persona, sin importar la naturaleza o gravedad de los cargos que se le imputen.

Nuestra Constitución y las constituciones de prácticamente todos los países regidos por sistemas o gobiernos democráticos, establecen que solamente a través de un proceso o juicio en el que se demuestre la culpabilidad de un acusado, podría ser objeto de sanción penal por el Estado.

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La intrincada búsqueda de un gran pacto

La discusión dirigida a un acuerdo sobre áreas fundamentales, demuestra la enorme dificultad que representa armonizar en este país los intereses partidistas y oligopólicos, aun a expensas de la salud y estabilidad económica de la República. La debilidad institucional, que imposibilita la concertación alrededor de un gran pacto nacional, les favorece, a despecho de su diario discurso. La razón es que la institucionalidad no les conviene. Rompería los monopolios y oligopolios que nos empobrecen económica y socialmente.

La institucionalidad traería consigo un ambiente de igualdad y de libre concurrencia, con oportunidades idénticas para todos los actores, y rompería los lazos de complicidad que pequeñas oligarquías económicas han promovido para beneficio propio. No es cierto que el desorden y lo que se ha dado en llamar crisis institucional sea solo el fruto de un oscuro concierto partidista, ajeno a la intervención de otras fuerzas sociales. Es el resultado auténtico de alianzas pecaminosas de una élite en la que conviven intereses de ambos lados, políticos y privados.

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