La fiscal y otras reformas

El gobierno luce decidido a impulsar una reforma fiscal como parte de un paquete de transformaciones que abarcarían cambios radicales en la Policía Nacional y modificaciones al texto de la Constitución, entre una propuesta general de cambios que incluyen otras diez reformas, la mayoría de las cuales no se conoce a fondo.

Solo una de ellas, la referente a la Policía, ha sido objeto de discusión pública. Aunque la transformación de ese cuerpo ha adquirido carácter de urgencia debido a una serie de hechos de sangre que han involucrado a miembros de la institución, es obvio que los cambios planteados son de una naturaleza tan profunda que requerirán de mucho tiempo y de un gran respaldo nacional que al parecer cuenta por el momento.

En el caso de la reforma fiscal, como en las demás, el presidente Luis Abinader ha asumido el liderazgo de la discusión, asumiendo así todo el riesgo político que esas iniciativas podrían significar, sean aprobadas o queden en el laberinto insondable de muchos otros esfuerzos de esa naturaleza intentados en el pasado reciente.

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El día que no queremos

Cuando se leen en los periódicos y revistas y se escucha por la radio y la televisión el incesante saqueo de los bienes públicos, ahora en la novedosa modalidad de escandalosas autopensiones, sin sanción alguna, mientras se labora un pacto fiscal que supondrá inevitablemente nuevos impuestos y más sacrificios para la clase media y los pobres, asalta el temor de que el día menos pensado la relativa tranquilidad en que vivimos se aleje de nosotros. Un día en que todo será distinto. En el que la autoridad, indiferente y cómplice de los hechos que agotan la paciencia nacional, no será suficiente para sofocar la ira de las multitudes.

Será el día en que aquellos que incluso le huyen a esa posibilidad, acudirán a un llamado de redención que alguien, tal vez desconocido, formulará bajo cualquier consigna, porque cuando llegue ese día ya nada importará y todo lo que resulte del desorden y la destrucción será para la multitud menor que todo cuanto existía. Me temo que pudiera estar cerca ese día que la ceguera y las ambiciones de una clase política corrupta está acelerando.

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Evitemos el camino del fracaso

El país no está en condiciones de valerse por sí solo porque no se me ocurre algo más alejado de una autarquía que la República Dominicana. Entonces, tratemos de ser realistas. La estatización hace décadas de la mina de oro de Pueblo Viejo no pudo ser experiencia más decepcionante. El inmenso pasivo ambiental de esa zona es el único legado de esa nacionalización, recibida en su momento como un acto de soberanía reivindicativo de nuestros recursos naturales.

No existe una sola evidencia del beneficio que esa nacionalización le trajera al país o a la provincia Sánchez Ramírez. No existe ni existió nunca una herencia material que pruebe que esa acción pueda ser catalogada como un acto positivo. Mucha gente salió ganando, es cierto, pero a un precio muy alto para el país. Otro ejemplo: la readquisición por el Estado de las empresas distribuidoras. El resultado ha sido la congelación del sistema eléctrico, con apagones y problemas en el suministro similares a los de medio siglo atrás.

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El temor a las redes

El temor de las figuras públicas, políticos, funcionarios y líderes sociales, de enfrentar a los medios de comunicación cuando eran objeto de acusaciones infundadas, terminará dañando a la prensa. La advertencia de Germán Ornes ha resultado profética.

Por el Internet y la facilidad que se ofrece a todo el que quiera expresarse en las redes nadie se escapa a la violación del derecho a la intimidad o de verse acusado sin pruebas, porque las figuras públicas tienden a refugiarse en la comodidad que supone evitar las confrontaciones que alteran la tranquilidad y, muchas veces, hasta la estabilidad familiar. Pero ese temor, de cierto modo justificado, alienta la mediocridad, fomenta el desorden social y daña, como decía Ornes, la reputación de la prensa, cuando la práctica invade los medios.

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Cuando el Estado controla la economía

La experiencia ha demostrado hasta la saciedad que las economías centralizadas o cualquiera de sus hijastros generan estrechez y pobreza; constriñen el desarrollo y degeneran en el planeamiento de la vida ciudadana. También es cierto que una economía de mercado sin restricción alguna impide la justicia social. En la práctica ambas se asemejan. De manera que requerimos de un modelo intermedio para garantizar el principio de la distribución del poder y propiciar oportunidades más equitativas dentro de un sistema de libre concurrencia.

La pronunciada presencia del gobierno en la actividad económica genera una peligrosa asociación de funcionarios y empresarios corruptos con los resultados que todos aquí conocemos.

Uno de los grandes males que se arrastra gobierno tras gobierno es el enorme poder discrecional de los funcionarios públicos. Esa peculiar característica del ambiente político frena el desarrollo y paraliza todo esfuerzo encaminado a elevar el nivel de transparencia de las ejecutorias en la esfera estatal. No me refiero sólo a las facultades casi monárquicas del Presidente emanadas primero del artículo 55 de la Constitución ya derogada y ahora diseminadas en el texto de la Constitución promulgada a comienzos del 2010. Me refiero por igual a la capacidad que posee cualquier burócrata, de alto, medio o bajo nivel, para detener una inversión o entorpecer un proyecto industrial, en base al más insignificante e injustificado tecnicismo o simplemente porque le viene en gana, si alguien le cae pesado o no se le atiende debidamente. La Carta Magna del 2010 pudo ser una oportunidad para eliminar esas y otras prácticas viciosas pero es evidente que nada de eso ha cambiado.

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La crisis energética

Los funcionarios eléctricos son típicos ejemplos de la cada vez más fuerte tendencia oficial a pelearse con todo el mundo. Esto explica en gran medida los pronunciados descensos de la popularidad del sector oficial del ramo, que distan poco de alcanzar un nivel desde el cual se espera pueda comenzar a brotar el petróleo.

Ningún gobierno, ni el actual ni los que vengan después, puede aspirar a solucionar la crisis de energía eléctrica sólo por sí mismo. Y sin los aportes de las empresas privadas vinculadas al negocio, la tarea le podría resultar más ingrata todavía. Todo el complejo y costoso andamiaje de publicidad que el Ministerio de Energía ha sostenido para crear la ilusión de avance en la solución del problema, choca con la realidad brutal de los apagones, el déficit del sector y las enormes deudas contraídas con los generadores y, sobre todo, el aparente defectuoso manejo del complejo de Punta Catalina, el mayor generador de electricidad que existe en el país.

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El escenario futuro de discusión

El descrédito de la clase política es uno de los signos más preocupantes de la realidad dominicana. Lo dicen las encuestas y las expresiones de rechazo que se observan en el diario quehacer nacional. Pero no estará lejano el día en que ocurra lo mismo con la clase empresarial, si no se democratizan las organizaciones que la representan.

Muchas entidades empresariales no reflejan las transformaciones de la sociedad dominicana, y a causa de ello no pueden hablar por todo el sector, a despecho de que los gobiernos se sientan en estos ámbitos exclusivistas más cómodos y seguros. La apertura democrática ampliaría la capacidad de presión de esas entidades que han jugado, es justo reconocerlo, un papel muy importante en la discusión de los temas básicos de la nación.

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Reflexiones sobre el lucro

El régimen de libre empresa deja de funcionar en la medida en que se muestra tolerante contra el abuso y el afán desmedido de lucro. Y, naturalmente, deja de funcionar o no existe desde el momento mismo en que se ponen en movimiento normas o mecanismos para proteger a la comunidad de acciones vandálicas contrarias a la ley y a la más elemental ética comercial o profesional.

Uno de los grandes triunfos propagandísticos de quienes combaten la libertad de empresa es el haber creado estereotipos que actúan en la mente humana en contra de su existencia misma. Objetivo principal de esa propaganda ha sido, por ejemplo, desacreditar el derecho al lucro y a la propiedad como causas fundamentales del atraso, el subdesarrollo y el sufrimiento de las mayorías.

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