Los medios y el pesimismo

Hay una considerable dosis de contribución de los medios al creciente pesimismo que se observa en amplios sectores de la sociedad, cuando se escucha constantemente decir que el país “está jodido”, “se jodió” o va a “joderse”. El problema radica en que el estado de ánimo resultante podría hacer que en situaciones muy adversas el mal augurio se cumpla, porque el derrotismo pulveriza las fuerzas con las que es posible y absolutamente necesario hacer que una nación se mantenga en pie o se levante cuando las rodillas le flaquean.

Cuanto se escucha en la radio o se ve la televisión, especialmente en las mañanas e incluso en el espacio en que participo, es carga demasiado abrumadora, para gente que vive saltando de un problema a otro. Con ese legado diario, hay que ser en extremo optimista para ir al trabajo con deseos, o de confiar que el porvenir nos reserve cosas buenas. Al pasar balance de lo que se escucha o ve, tiendo a preguntarme muchas veces si no hay nada positivo que valga la pena resaltar, si los aportes de quienes trabajan desde sus hogares, más ahora con la pandemia, los centros laborales y las oficinas públicas, para tratar de hacer lo mejor para el país carecen de valor noticioso, o simplemente tienen menor impacto en las mediciones de audiencia que un caso de difteria en la frontera o un ahogado a causa de las lluvias, convertidos frecuentemente en insumos de dramas mediáticos cotidianos.

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El “derecho” al mal gusto

Las redes han reivindicado el derecho al mal gusto y abierto un enorme espacio a la mediocridad, la que se expresa a diario y a borbotones con la soberbia y el atrevimiento propios de la ignorancia. Gente que se cree, por el hecho de haber abierto un espacio en Twitter, con la autoridad para juzgar las posiciones e ideas de terceros, como si fueran jueces y fiscales. Los Catón del siglo XXI, sin el talento de aquél militar, brillante escritor y político romano que hizo de la censura un muro de defensa de las tradiciones romanas frente a las influencias helenísticas procedentes de Oriente. Entusiastas de su intolerancia e incapaces de convivir con criterios que no sean los suyos, sin estar conscientes del flaco servicio que se prestan a sí mismos.

Con todo el daño que le hacen a la convivencia democrática, esta gente parece ser feliz en la oscuridad en que se mueven. No aportan nada al debate de los problemas nacionales. Están en las redes con el solo propósito de juzgar lo que no entienden. Navegan en las aguas del más pernicioso de los radicalismos. El más improductivo. El que no se sustenta en nada. Les basta y se bastan a sí mismos con la descalificación.

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El espíritu democrático

Desde el derrocamiento de la tiranía, los gobiernos democráticos que hemos tenido han sido hijos del clima de libertad en la que crecieron y se formaron la mayoría de los funcionarios que los han integrado. Por tal razón, el derecho a la libre expresión del pensamiento en un ambiente de plena seguridad es uno de los compromisos más firmes que esta sociedad ha asumido a lo largo de todo ese tiempo, y un gobernante democrático debe ser garante obligado del respeto de ese y de los demás derechos ciudadanos consagrados no sólo en nuestra Carta Magna sino en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a mi juicio uno de los frutos más hermosos de la inteligencia humana.https://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.443.0_en.html#goog_912767783

El país entiende que un gobierno surgido de elecciones jamás debe consentir, y mucho menos auspiciar, acciones que perturben ese clima de libertad por la que hemos luchado tanto y tiene además el compromiso de adoptar cuantas medidas sean necesarias para evitarlas.

Un buen gobernante es respetuoso de las críticas que se escuchan contra las políticas del Gobierno y el Presidente de la República está supuesto a recibirlas con un espíritu democrático, consciente de que muchas de ellas se inspiran en el deseo de fortalecer el clima de convivencia que la nación necesita, porque es inconcebible la preservación de los valores que sustentan el sistema que nos rige sin un clima de total y libre disidencia.

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El precio de los excesos

Como cualquier ciudadano, los periodistas debemos responder por nuestros excesos. Las leyes son muy claras. Y no se le puede objetar a nadie el derecho a la defensa de su honra personal. La condición de periodista no otorga ningún privilegio especial. Pretenderlo sería irracional. Al igual que toda actividad comercial, el trabajo en un medio periodístico se enmarca en la relación de empleador y empleado. Negar al primero el derecho de poner fin a esa relación cuando le resulte perjudicial, aun esté regida por un contrato, carece de fundamento.

Ninguna libertad tiene más valor que otra. Defender la de prensa en desmedro de otras libertades, socava las bases del sistema democrático. La libertad empresarial es tan importante y válida como la que me permite expresar mis ideas, siempre en estricta observación de la ley. La fijación de los límites de responsabilidad de la prensa es una tarea que compete a los medios y al esquivar esa obligación se le ha restado credibilidad al periodismo. Si se la sigue evadiendo llegará el día en que la fije un gobierno.

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El Bosch que no se recuerda

Días después de su derrocamiento, en septiembre de 1963, cuando las autoridades usurpadoras del poder que él, Juan Bosch, había obtenido por vía electoral, avergonzadas tal vez de su funesta acción, quisieron entregarle la suma de doce mil dólares cuando se disponían enviarlo al exilio. El dinero legalmente le correspondía, porque era la suma acumulada de sus gastos de representación que él nunca utilizó en los siete meses en que ejerció la Presidencia de la República. Bosch lo rechazó tajantemente, sin pensarlo dos veces, diciéndoles que no los necesitaba porque donde quiera que se le enviara, él podría ganarse la vida con sus manos, mostrándoles la derecha, su mano de escritor.

Aún en aquél momento decisivo de su vida, cuando el futuro se le presentaba incierto, no dudó un instante en mantenerse firme en torno a los valores éticos que pregonó durante su mandato y que sus críticos y adversarios no llegaron nunca a apreciar en su justa dimensión.

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El lenguaje de inclusión

¿Qué sería del debate nacional, ya aburrido y gris, si por prejuicios de la era moderna nos viéramos obligados a renunciar al sarcasmo y la ironía en la discusión de los problemas nacionales?

Lo primero es que esa discusión carecería de sentido, por su falta de contenido y elegancia. Y lo segundo, peor aún, sería la imposibilidad de una discusión pareja en el ámbito mediático.

Vayamos al grano. Supongamos que las elecciones se limitaran a la confrontación de dos candidatos, uno de los cuales fuera una mujer. ¿Qué sucedería, fuera cierto o no, si el varón dijera públicamente que su oponente, la mujer, es incompetente, desconocedora de la realidad, e ignorante de los asuntos de Estado, sin capacidad alguna para manejar la crisis por la que atraviesa la nación?, un discurso típico en la política dominicana.

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Reflexiones en tiempos de pandemia

En infinidad de oportunidades he dicho y escrito que para la mayoría de los ciudadanos lo importante no es, a fin de cuentas, quién los gobierne, sino cómo se comportan las personas sobre las que recae esa enorme y grave responsabilidad. En otras palabras, lo que interesa realmente es que los gobiernos trabajen por el bien común, fortalezcan las instituciones, respeten los derechos ciudadanos, protejan las libertades civiles y cuiden el patrimonio público.

Nadie en su sano juicio quiere, por tanto, el fracaso de una administración. El bienestar familiar depende de la marcha del país. Si la economía se cae los dominicanos caen con ella. Si se erosiona el clima de libertad, se cierra el espacio donde se mueven y laboran.

Es fácil deducir entonces la frecuencia con que la gente se estremece cuando los excesos y los desafueros conmueven las estructuras en que se erige el estado de derecho. Hablo de un importante segmento de población, donde converge la más amplia diversidad de intereses, no sólo económicos sino políticos y de otra índole. Grupos dentro de los cuales hay fanáticos de uno y otro partido, entusiastas del gobierno y gente que se le opone.

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Los salarios en el Gobierno

Con frecuencia se escucha la queja sobre los altos salarios de los funcionarios públicos con observaciones que contradicen el espíritu de las demandas de mejoría de los servicios y avances en la lucha contra las muchas formas de corrupción, algunas muy sofisticadas, que se dan tanto en el aparato estatal como en la actividad privada, en perjuicio ambas del bien común. Y si bien es cierto que la queja es pertinente y ataca un vicio ancestral en nuestra vida republicana, no suele tomarse en cuenta una realidad que otros países han visto con claridad meridiana.

El caso es que si queremos realmente mejorar la calidad de la administración pública y fortalecer la lucha contra el robo de los recursos nacionales, en la infinidad de modalidades que todos sabemos que se practican, es necesario, yo diría imprescindible, poseer una burocracia estatal eficiente, bien dotada tecnológicamente y, sobre todo, muy bien pagada. Si no lo entendemos así, el talento nacional seguirá migrando hacia el sector privado, el Estado quedará en desventaja y los gobiernos perderán toda confrontación relacionada con la discusión de los grandes temas nacionales.

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