El tránsito y la actitud ciudadana

El éxito de las políticas gubernamentales no depende sólo de quien las pone en práctica, sino de quienes están obligados a cumplirlas. Nuestra tradición indica la resistencia de los ciudadanos a valorar las acciones y programas que muchas veces se conciben para mejorar su calidad de vida estableciendo niveles de organización indispensables al buen funcionamiento de una ciudad o del país.

Pongamos, por ejemplo, el tránsito. Todos sabemos que se trata de uno de los más serios problemas que hoy, y desde hace décadas enfrentamos y no precisamente por falta de voluntad de las autoridades. Los dominicanos dejamos ver el primitivismo que todo ser humano lleva dentro cuando estamos al frente de un volante. Si se hiciera obligatorio un examen riguroso a todos aquellos que ya tenemos licencia de conducir, incluyendo el de naturaleza sicológico requerido para una licencia de arma de fuego, probablemente una buena parte la perdería. Y no porque desconozcan la forma de conducir e incluso las señales de tránsito, sino por la conducta que exhiben cuando conducen, volando semáforos, estacionándose en sitios prohibidos, copando las intersecciones y subiéndose a las aceras.

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Por un gasto público de calidad

Es cierto que el crecimiento sostenido de la economía durante tres décadas no ha reducido la brecha social existente en la medida en que el Producto Interno Bruto se ha expandido. Pero la única vía para lograrlo es a través del gasto público. Y un gasto público de calidad, del que tanto se habla, se refiere a la inversión en los ámbitos de la educación, la salud pública, el mejoramiento y ampliación de la red vial y, sobre todo, en los programas de carácter social en las zonas urbanas como en las rurales.

Ningún programa de política económica surte efectos duraderos de largo alcance en el corto plazo. Es un enfoque equivocado valorar su efectividad en base a los efectos inmediatos, porque la mentalidad nacional no se cambia o transforma de un año a otro y el alto contenido cultural de nuestra pobreza trasciende los límites de las carencias materiales. Para mejorar la educación no basta con las reformas curriculares. Es un largo proceso que involucra un cambio en la mentalidad del magisterio, más comprometido hoy con sus reivindicaciones laborales que con sus obligaciones en las aulas. Y lo mismo ocurre en el área de la salud, donde hay un visible esfuerzo por mejorar la planta física hospitalaria y las condiciones de los profesionales del área.

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De divas y mega divas

En nuestro país la capacidad de exageración no tiene límites. Como para muestra vale un botón fundamentaré la apreciación en un mito farandulero. Diva, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, se usa como sinónimo de diosa o “divina”, para exaltar el talento especial de una voz femenina. Por eso, en el ámbito operático se suele llamar así a las grandes cantantes líricas, a aquellas voces en cualquier registro, grave o agudo, especialmente en este último, que muestren incomparable talento para alcanzar los más altos niveles artísticos. A María Callas se le llamaba Diva, como también solía decirse de Renata Tebaldi, Anna Moffo, Rosa Poncelli, Monserrat Caballé y muchas otras que deslumbraron los escenarios con sus timbres de extraordinaria potencia y belleza.

En el ámbito de la televisión y la farándula nacional no se necesitan de esas cualidades excepcionales para ser una diva, pero hay en ese mundo del entretenimiento más divas que las que nunca han existido en los escenarios líricos a nivel mundial, incluso con una categoría especial, la de “mega diva”, que ni Onassis se atrevió a otorgar a la Callas, en sus mejores momentos juntos en el Cristina, el yate que la alejó del mundo donde se le amó como tal vez a ninguna otra de su generación.

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El derecho a vivir con dignidad

La dignidad nace en una democracia del derecho a vivir en libertad en un clima de oportunidades para todos los ciudadanos, mejorando así de forma sustancial el ambiente en que se desenvuelven. Quien no vive a gusto con lo que posee o en su medio, jamás se sentirá comprometido a defenderlo. Esa es una de las cuestiones vitales a la que se debe responder enfática y rápidamente en América Latina, para consolidar el proceso político y social y asegurar cierto grado de supervivencia del sistema.

Las desigualdades sociales en la región son demasiado profundas como para que no estén presentes con carácter permanente, los elementos capaces de coaligarse para poner en peligro los avances que en el campo de las libertades humanas y los derechos materiales, es decir, el acceso a los bienes y riquezas que produce la sociedad, se ha alcanzado a través de un largo y accidentado proceso todavía en fase de maduración en la mayoría de los países latinoamericanos.

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El precio de ser Presidente o candidato

Los aspirantes lanzados extemporáneamente a la búsqueda de la Presidencia ignoran lo que les espera si llegaran a conseguirla. Y seguramente el Presidente actual ya comienza a saber lo que ese puesto cuesta. Tendrían que lidiar con desafíos para los que no están probablemente preparados. Antes no existían normas de control para el manejo de los recursos públicos, por lo menos en la cantidad y con el rigor de los establecidos en el presente mandato.

Los gobernantes anteriores jamás imaginaron lo que sería tratar con las redes. Ya no existen los contratos de grado a grado y quienes evaden la restricción se exponen a verse ante la justicia. Esa es una realidad, a despecho de que la justicia no funcione y los controles se pasen por alto.

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Pobreza y desigualdad social

La dignidad nace en una democracia del derecho a vivir en libertad en un clima de oportunidades para todos los ciudadanos, mejorando así de forma sustancial el ambiente en que se desenvuelven. Quien no vive a gusto con lo que posee o en su medio, jamás se sentirá comprometido a defenderlo. Esa es una de las cuestiones vitales a la que se debe responder enfática y rápidamente en América Latina, para consolidar el proceso político y social y asegurar cierto grado de supervivencia del sistema.

Las desigualdades sociales en la región son demasiado profundas como para que no estén presentes con carácter permanente, los elementos capaces de coaligarse para poner en peligro los avances que en el campo de las libertades humanas y los derechos materiales, es decir, el acceso a los bienes y riquezas que produce la sociedad, se ha alcanzado a través de un largo y accidentado proceso todavía en fase de maduración en la mayoría de los países latinoamericanos.

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Los acuerdos que nunca llegan

Cada vez se hace más necesario un gran acuerdo. Las circunstancias demandan un esfuerzo de la comunidad política dominicana para alcanzar objetivos que trasciendan las diferencias que por años han obstaculizado la aprobación de pactos en áreas fundamentales como la salud, el medio ambiente y, sobre todo, el transporte público. La complejidad de esos problemas obliga a darle prioridad a esa búsqueda, sin que ello signifique renuncia alguna por parte de la oposición o del gobierno.

Nuestro problema radica en la falsa creencia de que la colaboración da a un gobierno el respiro necesario para sortear las crisis. Todas las administraciones de los tres grandes partidos que han ejercido el poder desde el desmembramiento de la tiranía a finales de 1961, las han sufrido. Actuando sobre esa base, hemos perdido tiempo y oportunidades irrecuperables. También ha sido la causa de que lleguemos tarde a las reformas, razón por la que una vez aprobadas se requiera reformarlas. Desde comienzos del presente siglo se discute sin llegar a ninguna parte, la imperiosa e impostergable necesidad de alcanzar acuerdos que ayuden a eliminar las trabas y prejuicios partidistas que arrojamos en el camino, lo que al final siempre nos alejan de la meta que perseguimos.

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Gobierno y libertad de prensa

Si para muchos funcionarios y dirigentes, tanto en el ámbito oficialista como en el de oposición, la libertad de prensa es un privilegio y no un derecho legítimo, no es nada raro que la honradez sea para ellos una virtud y no un deber elemental, una obligación, en el ejercicio de funciones públicas. De ahí que para la mayoría la actuación más o menos pulcra en el desempeño de cargos en el Gobierno constituya un motivo de alabanza personal, merecedora de comunicados pagados con altisonante prosa.

Esta grave distorsión del papel del servidor público nace de la creencia errónea, pero bastante generalizada en nuestro ambiente político, de que la democracia y el frágil ejercicio de las libertades individuales, es un regalo y no el fruto de una larga lucha en la que muchos otros sectores, políticos y no políticos, han tenido un desempeño igualmente importante.

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