La Policía y la sociedad

En una conversación privada por las redes, una oficial de la Policía de alto rango me envió la siguiente reflexión: “¿Quiénes son, sociológicamente, nuestros policías patrulleros? ¿De dónde vienen y qué llevan en sus mentes?”. En las respuestas a estas inquietantes interrogantes pueden encontrarse salidas al problema irresuelto de una reforma integral de la institución por la que abogamos desde hace años dentro y fuera de esa institución, llamada a velar por la seguridad ciudadana.

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La reforma de la Policía

La sociedad dominicana no puede prescindir de la Policía. Pero la institución tiene que transformarse para hacerse del respeto de la sociedad a la que sirve. El presidente Luis Abinader ha abierto un proceso de reforma para rescatar la institución, pero en la composición del grupo que ha recibido tan noble e importante encargo, no hay miembros del cuerpo al que se pretende cambiar.

El resultado podría ser un órgano ajeno que la institución rechazaría. Una transfusión de sangre incompatible con la del paciente. La reforma tiene que venir de su interior. Hay allí gente con capacidad suficiente y entrega a la institución para contribuir a tan anhelada reforma. Nada o poco se lograría si se escogieran a los mejores científicos e ingenieros para transformar el sistema de salud o propiciar cambios en el aparato judicial.

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La presunción de inocencia como regla

Nuestro profesor de derecho, en la Facultad de Humanidades, doctor Richiez Acevedo, solía reducir las discusiones sobre la problemática nacional con una frase lapidaria: “arreglemos la justicia y se arreglará todo”. La frase viene a propósito por la ligereza con que aquí se festina la presunción de inocencia, un principio jurídico penal que establece como regla la inocencia de una persona, sin importar la naturaleza o gravedad de los cargos que se le imputen.

Nuestra Constitución y las constituciones de prácticamente todos los países regidos por sistemas o gobiernos democráticos, establecen que solamente a través de un proceso o juicio en el que se demuestre la culpabilidad de un acusado, podría ser objeto de sanción penal por el Estado.

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La intrincada búsqueda de un gran pacto

La discusión dirigida a un acuerdo sobre áreas fundamentales, demuestra la enorme dificultad que representa armonizar en este país los intereses partidistas y oligopólicos, aun a expensas de la salud y estabilidad económica de la República. La debilidad institucional, que imposibilita la concertación alrededor de un gran pacto nacional, les favorece, a despecho de su diario discurso. La razón es que la institucionalidad no les conviene. Rompería los monopolios y oligopolios que nos empobrecen económica y socialmente.

La institucionalidad traería consigo un ambiente de igualdad y de libre concurrencia, con oportunidades idénticas para todos los actores, y rompería los lazos de complicidad que pequeñas oligarquías económicas han promovido para beneficio propio. No es cierto que el desorden y lo que se ha dado en llamar crisis institucional sea solo el fruto de un oscuro concierto partidista, ajeno a la intervención de otras fuerzas sociales. Es el resultado auténtico de alianzas pecaminosas de una élite en la que conviven intereses de ambos lados, políticos y privados.

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El miedo a la concertación

Analizado con frialdad, es fácil observar las razones que dificultan en el país alcanzar objetivos comunes. En el fondo, lo que impide los acuerdos para avanzar en los temas sustanciales de la nación, no son solo los intereses de grupos, por mucho que estos sean y traben los esfuerzos.

Es el miedo a la concertación el que detiene las manecillas del reloj y nos paraliza en el tiempo. El temor a conciliar las diferencias bajo la creencia de que ceder en aras de una buena negociación es claudicar ante el adversario. El terror que les inspira al liderazgo político ir a la casa del contrario y pactar acuerdos, por más que esos tratos sean de urgencia capital para la nación. Y sobre todo, el horror que les produce un tuit en las redes.

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Sobre Franco y Trujillo

En España se creó en el 2016 una comisión para emprender cuarenta años después lo que nosotros no hemos siquiera intentado seis décadas después de la tiranía: eliminar todo vestigio del franquismo. Tras la muerte de Franco en 1975 se inició allí un proceso de transición a la democracia. Pero aún quedan huellas del régimen por toda la geografía española, en calles, plazas, pueblos, museos y monumentos, que mantienen viva en la memoria las crueldades de la tiranía que siguió a una guerra civil en la que murieron un millón de personas tras el derrocamiento de la segunda República. La eliminación de esa herencia franquista cerraría de la memoria española una de sus etapas más oscuras.

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Sobre el tema migratorio

Organizaciones y ONG foráneas y locales han acusado al Estado dominicano de practicar políticas de discriminación contra nacionales haitianos, basándose principalmente en la supuesta lentitud con que se cumple una ley para regularizar la permanencia de ciudadanos de ese país que se encuentran en situación irregular y de ilegalidad en el territorio de la República. Pero ninguna de ellas resalta el hecho de que el problema que ha trabado el proceso radica en que la mayoría de esas personas carece de un documento de identidad auténtico que diga a quienes se estarían documentando.

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El derecho a la vida

Nadie recuerda ya el viacrucis de la niña de once años obligada a comienzos del 2013 a procrear un bebé producto de una violación por un enfermo sexual. Pero el caso puso entonces en evidencia la trágica y absurda decisión de imponer en la Constitución de la República la prohibición de la interrupción del embarazo, bajo el cuestionado criterio del derecho a la vida. La niña se encontraba en peligro de muerte y si algún milagro médico ocurriera, escribí entonces, quedaría marcada para el resto de su existencia, arrastrando una criatura resultado de un abominable acto criminal.

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