El oneroso costo de la inmigración ilegal

Organizaciones y ONG foráneas y locales han acusado al Estado dominicano de practicar políticas de discriminación contra nacionales haitianos, basándose principalmente en la supuesta lentitud con que se cumple una ley para regularizar la permanencia de quienes se encuentran en situación de ilegalidad en el territorio de la República. Pero se obvia que la traba del proceso radica en que la mayoría de esas personas carece de un documento de identidad auténtico que diga a quiénes se estaría documentando y ante la ausencia total de una autoridad legítima en Haití.

Lo inaceptable del caso es atribuirle al país una falla del vecino y sobre ese prejuicio denunciarlo por algo que no entra en el campo de sus obligaciones en materia migratoria. Haití se ha resistido incluso a cooperar con el proceso llegando a encarecer los trámites de documentación de esos ilegales, lo que les impide culminar la fase fundamental de esa compleja tarea.

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Dejando morir la “tanda extendida”

Aunque la dejaron morir, la tanda extendida en el sistema educativo público ha sido una de las grandes iniciativas en ese ámbito de la actividad gubernamental. Uno de los negocios de mayor y más rápido crecimiento en el país en las últimas décadas ha sido el de la educación privada, a causa del deterioro en que cayó la enseñanza pública.

El fenómeno representó una enorme carga para la clase media y un insufrible dolor de cabeza para los padres, obligados a empobrecerse para dotar a sus hijos de una educación no siempre mejor, en escuelas de pago, donde por lo menos no quedaban expuestos a los riesgos y peligros de planteles bajo la mirilla de violadores y traficantes de drogas.

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Cuba: la antítesis de una revolución

Conozco a una gran cantidad de conservadores y tradicionalistas con una fina y desarrollada percepción de cambio que adoptan como un objetivo de sus vidas, y a un número mayor de individuos supuestamente baluartes y protectores de eso que llaman “ideas de vanguardia”, total y absolutamente desprovistos de compromisos con la sociedad en la que viven.

Por eso he sostenido siempre que si los cubanos se dieron una revolución a partir de enero de 1959, esa revolución ha tenido lugar efectivamente en cada hogar de una familia cubana precisada a construir con el esfuerzo y el sudor de su trabajo un porvenir digno para su familia, en tierras lejanas que ya pudieran ser la propia por los duros años de exilio. En la isla, atrapada en las redes de un sueño trunco, la revolución pereció el mismo día en que las ambiciones de un solo hombre dejaron en cada rincón de Cuba las raíces de la peor tiranía de su historia.

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De reaccionarios y revolucionarios

En la izquierda no se acepta la diferencia entre una postura y una actitud revolucionaria. Las posturas revolucionarias tienen mucho que ver con lo que real o falsamente se sostenga en el plano de la ideología. Las actitudes revolucionarias con lo que una persona es en su vida diaria.

La primera se asume abrazando simplemente el castrismo. Una conducta revolucionaria se alcanza al cabo de una larga vida de desprendimiento y servicio. He visto por eso a marxistas reaccionarios y a un buen número de empresarios revolucionarios. Siempre será más difícil mantener una conducta revolucionaria que una simple pose a favor del cambio social. Principalmente porque la mayoría de quienes alegan un historial revolucionario viven y actúan en constante riña con sus prédicas ideológicas.

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Las dificultades del Censo

Los censos son instrumentos de planificación y un país difícilmente puede organizarse sin poseer estadísticas veraces o muy cercanas a su realidad. De ahí la importancia del X Censo Nacional realizado a finales del mes pasado y la necesidad de que sus resultados sean un reflejo más o menos fiel del momento en que vivimos, especialmente aquellos relacionados con la vida económica. Las informaciones sobre población, cuántos por ejemplo residen en las zonas urbanas, cuántos en las rurales, y otras, que son vitales para el diseño de políticas públicas.

Lo usual es que un censo se realice cada década, por lo que este se hizo con dos años de atraso debido a la pandemia sanitaria, lo cual le asignaba mayor interés y trascendencia. Los censos no son tareas fáciles y requieren mucha inversión. Más de 3,600 millones de pesos habría costado el recién realizado, según se ha dicho.

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El valor de las diferencias

Estar en contra de un gobierno no es un delito ni supone necesariamente un acto conspirativo cuando se vive en democracia. Y cuando la tolerancia se impone en el debate, el grito de “abajo el gobierno”, supone la existencia de un ambiente de respeto a la disidencia y un escape emocional que cierra el paso al desorden y a la confrontación.

Por fortuna, vivimos en democracia y son las diferencias y la explosión de ánimo en el debate, lo que pone de resalto ese importante valor alcanzado por años de lucha y discusión dentro del marco de las ideas en periodos incluso de extrema incertidumbre. Lo que mide verdaderamente la fortaleza moral de un gobierno es su capacidad para aceptar la crítica y cuanto más agria esta sea, más alto habrá de ser su nivel de tolerancia y más cerca se estará de un tranquilizador clima de convivencia pacífico y civilizado.

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Políticas de estrechez y pobreza

La experiencia ha demostrado hasta la saciedad que las economías centralizadas o cualquiera de sus hijastros generan estrechez y pobreza; constriñen el desarrollo y degeneran en el planeamiento de la vida ciudadana. También es cierto que una economía de mercado sin restricción alguna impide la justicia social. En la práctica, ambas se asemejan. De manera que requerimos de un modelo intermedio para garantizar el principio de la distribución del poder y propiciar oportunidades más equitativas dentro de un sistema de libre concurrencia.

La pronunciada presencia del Gobierno en la actividad económica genera una peligrosa asociación de funcionarios y empresarios corruptos con los resultados que todos aquí conocemos.

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A precio de “vaca muerta”

Cuando desde el ámbito oficial se acusa al sector privado de pretender quedarse con todo el sector eléctrico a precio de “vaca muerta”, lo que ya hizo el Gobierno, se incurre en un penoso error de valoración. En efecto, una vaca muerta, vendida en libras, vale mucho más que el mismo animal comprado vivo. Pero tiene razón si la expresión se explica al precio que los gobiernos han pagado por las acciones privadas de esas empresas. Los funcionarios eléctricos son típicos ejemplos de la cada vez más fuerte tendencia oficial a pelearse con todo el mundo, lo que en gran medida explica los pronunciados descensos de la popularidad que en ciertas épocas alcanzó un nivel desde el cual se esperaba comenzara a brotar el petróleo.

El Gobierno no puede aspirar a solucionar la crisis de energía eléctrica sólo por sí mismo. Y en riña permanente con las empresas privadas vinculadas al negocio, la tarea le podría resultar más ingrata todavía. Todo el complejo y costoso andamiaje de publicidad que la corporación eléctrica ha sostenido para crear la ilusión de avance en la solución del problema, choca con la realidad brutal de los apagones, el déficit del sector y las enormes deudas contraídas con los generadores, a despecho de las enormes sumas entregadas a la corporación, sin resultado alguno.

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