El Banco Popular

Las recientes calificaciones otorgadas al Banco Popular por entidades internacionales constituyen un justo reconocimiento a casi cinco décadas de operaciones, que lo han convertido en líder de la banca privada.

Sus logros han fortalecido las garantías a los ahorristas y usuarios de los servicios que ofrece desde hace 49 años, cumplidos hace pocos días, y servido de pauta a los demás bancos comerciales del país.

Son esos reconocimientos, además, inequívocas demostraciones de la estabilidad del sector financiero dominicano y del manejo escrupuloso del dinero de quienes han confiado sus ahorros a un grupo empresarial que marcha también a la vanguardia en materia de innovación tecnológica bancaria.

Los números que cada año el banco y el Grupo Popular dan a conocer de sus operaciones evidencian, asimismo, las razones por las que mucho más de un millón de relacionados, entre inversionistas y ahorristas, se han mantenido fieles al Banco Popular.

Su nombre es parte de la marca país y son muy pocas las familias dominicanas que no hayan estado alguna vez ligada o realizado negocios con el Popular.

Fundado a comienzos de la década de los sesenta del siglo pasado, por visionarios empresarios encabezado por Don Alejandro Grullón, con el respaldo de compañías establecidas en distintas áreas del quehacer económico, entre las cuales cabe mencionar al grupo Vicini, este banco, manejado con prudencia por tres generaciones de notables banqueros, ha sabido ganarse el favor y el respeto del público y es hoy la más fuerte institución de su género en el país.

Sus innovaciones, tecnológicas y administrativas, adecuadas a las exigencias cambiantes de las nuevas realidades de una economía global, evidencian la visión estratégica de su actual liderazgo encabezado desde hace años por Manuel Grullón. Su medio siglo de existencia le hace justicia a su liderazgo.(Reproducido con autorización del autor. Publicado en elCaribe.)

Variaciones sobre un tema (2 de 2)

Para muchos que vivimos de este lado del planeta es prácticamente imposible la existencia sin libertad.

Sin embargo, en infinidad de ocasiones me he formulado la pregunta. ¿Están millones de dominicanos, hondureños, guatemaltecos, bolivianos, haitianos, salvadoreños y nicaragüenses, en condiciones de formularse el mismo planteamiento? Es una pregunta inquietante por cuanto, en efecto, la democracia es el más probado de los sistemas políticos y el único capaz de garantizar a la mayoría de la población sus más elementales derechos políticos y sociales.

Como la distribución del ingreso presenta escalas perturbadoras, una de las tareas más prioritarias debería consistir en procurar cierto grado de equidad social.

Hemos insistido en que los niveles de distribución de la riqueza deben marchar parejos con los adelantos en materia de desarrollo político y fortalecimiento democrático.

Años de fracasos en el campo de la acción económica y social han contribuido a profundizar las diferencias abismales entre minorías privilegiadas y mayorías postergadas. Sólo si se superan los niveles heredados de miseria e indigencia en esos estratos mayoritarios de la población, se evitará la amenaza de un caos social. Sectores muy grandes se han visto condenados a un estado de postración, privados de los beneficios básicos del crecimiento y el desarrollo.

Está claro, sin embargo, que las acciones y políticas oficiales que tratan de atacar el problema, sólo consiguen agravarlo. No puede pretenderse que en base a caridad pública los gobiernos pueden subsanar el sufrimiento de la población.

Una canasta en Navidad y un par de juguetes en Reyes no aligera la carga de dificultades de los grupos indigentes y en cambio propicia una humillante dependencia de la acción estatal. El clientelismo ha sido uno de los vicios más dañinos en  nuestro ambiente.

Pudiera parecer una letanía. Pero el tema de la pobreza, que hoy domina el debate, se plantea desde una perspectiva mucho más pobre todavía. Y no hay señales de que mañana será distinto. (Reproducido con autorización del autor. Publicado en elCaribe.)

Variaciones sobre un tema (1 de 2)

El manto de miseria que envuelve a millones de personas es un fardo pesado sobre el prestigio del sistema democrático. Es preciso equiparar la marcha en el campo del desarrollo económico y social, con las conquistas en el ejercicio democrático. Tantos niños en completa indigencia, desamparados, desprovistos de alimentación, escuelas y viviendas no reflejan las virtudes del sistema.

La pobreza, con su enorme secuela de desmoralización y desequilibrio social, es una espina clavada en las entrañas de la democracia.

La corrupción, el saqueo del patrimonio público, hace que los bienes comunes sean sólo usufructuados por un puñado de privilegiados adheridos al poder político.

Cambios dramáticos, profundos si se quiere, son indispensables a breve y mediano plazos, para preservar los logros alcanzados en el ejercicio de los derechos individuales. Protegidos por una especie de paraguas de bienestar material, muchos dominicanos suelen abstraerse de la realidad ignorando el peligro que esta situación de desequilibrio social significa para la estabilidad futura de la nación. Leer más de esta entrada

Las figuras públicas

Las figuras públicas, sean hombres o mujeres, no tienen vida privada. Todas sus actuaciones son del mayor interés para la población y eso justifica la atención que los medios suelen dedicarle a los políticos, empresarios o celebridades del mundo del espectáculo, en aquellos países donde existe plena libertad de prensa y el poder no se utiliza para reprimir a los ciudadanos. Mucha de esa gente exige respeto a su conducta privada, creyéndose en derecho de privar al público del conocimiento de sus ambigüedades y de sus falsas composturas. A lo que sí todo ciudadano tiene derecho es a la intimidad, cosa muy distinta.

Una muestra de la importancia de aceptar como una regla esa diferencia, se dio en el estado norteamericano de la Florida donde un influyente congresista del Partido Republicano, entonces en el gobierno, fue hace un tiempo arrestado bajo el cargo de proponer un acto indecoroso a un agente policial encubierto, al ofrecerle veinte dólares para practicarle sexo oral. El hombre, de 48 años, era casado con hijo y el conocimiento de este hecho le costó su carrera política y afectó su vida personal.

El caso es interesante y aleccionador, porque demuestra también que las figuras públicas tienen obligaciones ante la sociedad y que no pueden sostener una carrera ascendente a despecho de sus malos hábitos públicos o su conducta indecorosa. Leer más de esta entrada

El costo de la corrupción

Cuando la moneda valía, Leonel Fernández,  entonces ex presidente y candidato presidencial, le puso un monto escalofriante a la corrupción al evaluar su alto costo para el país. La estimó en más de treinta mil millones de pesos al año. Entonces como ahora,  una suma suficiente para construir cuantos hospitales y escuelas necesitamos para impulsar buenos programas de salud y mejorar la educación, las dos grandes prioridades del presente dominicano.

Una encuesta auspiciada con fondos internacionales, dada a conocer en esos días, reveló un alcance todavía mayor del flagelo de la corrupción. En más de dos mil hogares se comprobó que el llamado “macuteo”, la corrupción en los estamentos más bajos del sector público y privado, despojaba a los ciudadanos de más de seis mil millones de pesos al año,  en la expedición de documentos o en la agilización de préstamos y trámites burocráticos.

Aunque no actualizadas, esas cifras pulverizan la falsa creencia de que el fenómeno no ocupa un lugar importante en las preocupaciones ciudadanas y demuestran, por el contrario, su peso enorme en las carencias y precariedades del pueblo dominicano. Leer más de esta entrada

Un secreto que duró 30 años

Hasta la publicación en 1991 de mi obra “Los últimos días de la era de Trujillo”,  se desconocía el lugar donde  permaneciera oculto durante seis meses el hoy mayor general Antonio Imbert Barreras después del asesinato de Trujillo, ocurrido treinta años antes.

Imbert se refugió en la residencia de los cónsules italianos, los esposos Mario y Dirse Cavagliano, quienes antes habían también arriesgado sus vidas y las de sus hijos  ocultando a Guido D’Alessandro (Yuyo), a quien ayudaron incluso a salir del país disfrazado de turista en un buque de pasajeros.

Imbert llegó a la casa de los Cavagliano dos días después del tiranicidio,eludiendo la represión que se había desatado contra los responsables de la muerte de Trujillo.

Temiendo ser descubierto, esa misma noche dictó una carta narrando la forma en que habían consumado el hecho. Liliana, la hija de Mario y Dirse, pasó a máquina el dictado que luego firmó Imbert.

Días después, Mario aprovechó que Armando D’Alessandro, hermano de Yuyo, fuera excarcelado por gestiones de la OEA, para visitarlo en su residencia  ubicada en las cercanías del Palacio Nacional para entregarle el documento. Leer más de esta entrada

Una ley draconiana

El país no le ha prestado la atención debida a los efectos de la ley 491-08 que despoja a las empresas del derecho al recurso de casación en casos de conflicto laboral.

La ley viola principios constitucionales y podría vulnerar el estado de legalidad en la eventualidad de que alguna empresa se vea precisada a invocar sus legítimos derechos en medio de una disputa por despido o suspensión temporal de un trabajador o un grupo de empleados a causa de fuerza mayor.

Muchas empresas se han visto forzadas  a interrumpir sus actividades o en el mejor de los casos a recortar sus nóminas debido a la pérdida de mercados como consecuencia de la crisis de la economía mundial.

La misteriosa inclusión en el texto de esta ley de la frase “en materia laboral” en uno de sus artículos, ha dado origen a una situación muy delicada que puede conducir a la quiebra de empresas, con la consiguiente pérdida de empleos en el peor de los momentos. Si los efectos de la legislación son ya críticos, más alarmante resulta la bruma que parece cubrir la frase mencionada. Leer más de esta entrada