Una sabia observación presidencial

Sólo falta que la jerarquía católica le pida al Papa Francisco la creación de un Tribunal de Inquisición del Santo Oficio Dominicano, para retrotraernos a noviembre de 1478 cuando Sixto IV, que aún debe arder en el Infierno, promulgó la famosa bula con la cual se inició la persecución de los judíos conversos acusados de prácticas judaizantes de Castilla y Aragón y que tiempo después se extendió a otros reinos, iniciando así uno de los periodos más negros y crueles de la historia de la Iglesia Católica. Y abundan entre nuestros obispos y curas émulos suficientes de Tomás de Torquemada para hacerlo realidad.

La mención viene a propósito de la irracional actitud asumida por la Iglesia contra la correcta y humana decisión del presidente Danilo Medina de observar artículos del nuevo Código Penal aprobado por el Congreso, bajo una fuerte e insólita presión confesional. El Presidente ha devuelto la ley por considerar que contiene artículos que violan derechos constitucionales, relacionados con la interrupción del embarazo cuando es resultado de un incesto, una violación, una deformación del feto o simplemente cuando está en peligro la vida de la madre. Leer más de esta entrada

De títulos y reconocimientos

La medalla de oro a la educación otorgada por una universidad española al expresidente Leonel Fernández tiene el mismo valor que el título de Estadista del Año que una empresa extranjera le confiriera al final de su último mandato.

El primero le acaba de ser entregado al hombre que violó sistemáticamente la ley que otorgaba el 4% del Producto Interno Bruto al sector educativo preuniversitario y el segundo a quien dejara al país el mayor déficit fiscal de su historia y el más brutal legado de corrupción del que se tenga memoria.

La pasión por los títulos y los reconocimientos del exmandatario es antológica, tal vez con sólo un precedente en Trujillo. La diferencia es que éste los usaba para anestesiar a la población con una aureola de grandeza falsa y el señor Fernández los necesita para alimentar su ego y mantener una triste y penosa competencia unilateral con su sucesor, quien no busca ni al parecer pretende homenajes sino el afecto de sus gobernados. Leer más de esta entrada

Los olores de sentencias “evacuadas”

A la prensa le ha dado con reseñar que los tribunales “evacuan” sentencias, lo cual desde todo punto de vista es tremenda acusación en lo que a buenos hábitos se refiere. Y como en efecto muchas sentencias parecen evacuadas, el decir periodístico parece una manera de llamar la atención sobre la pobre actuación de algunos jueces y la posibilidad de que en casos todavía muy sonados, como fue el de las quiebras bancarias, se continúe la práctica de seguir evacuando dictámenes en lugar de buenas y justas sentencias, de acuerdo con los delitos cometidos.

Lo cierto es que eso de evacuar, en referencia a las decisiones judiciales, es una solemne falta de respeto. Una ofensa contra hombres y mujeres que han hecho de sus magistraturas una dignidad, causa por la cual se han ganado el justo aprecio de sus colegas y la sociedad. Ignoro si en el léxico jurídico el uso de tal vocablo es permitido, lo que a mi juicio sería un pésimo indicativo de cómo anda la justicia, y una evidente señal de malos modales en esa rama del Estado. Leer más de esta entrada

Cuando se habla de “intereses”

Con frecuencia se escucha hablar a los dirigentes nacionales acerca del “interés general”, al resaltar la importancia de privilegiar a la mayoría con respecto a las elites económicas dominantes. La frase tiene bella resonancia pero el uso dado a la misma es una repudiable distorsión de su alcance y significado. El interés general no es necesariamente excluyente ni contrario al interés de esas minorías. En esencia, el interés colectivo, general o como quiera llamársele, no es más que el conjunto o suma de los intereses legítimos particulares de todos los miembros de la sociedad.

Al igual que los intereses de los más pobres, los de los ricos son también parte del interés general de la nación. Las grandes naciones, no necesariamente grandes por su tamaño, no hacen esas diferencias y esa es una de las causas por las que han logrado progresar y salvarse del estancamiento y el subdesarrollo. Hablar de esto es un poco difícil, por cuanto los estereotipos nublan la discusión e introducen elementos irracionales en el debate. Lo cierto es que no podemos hablar de los derechos de los trabajadores si no aceptamos la legitimidad de los intereses de las empresas donde laboran. La nación es una sola, si bien prevalecen en ellas distintas realidades, en parte resultantes de los miopes enfoques con que solemos enfrentar los problemas propios de una economía pendiente aún de grandes saltos. Leer más de esta entrada

El peligro de un regreso

La decisión del expresidente Leonel Fernández de volver al poder para un cuarto mandato, de concretarse, lo convertiría en el sepulturero de la democracia dominicana, y ni él mismo ni nadie podrían impedirlo. La debilidad institucional que en sus mandatos creció, alimentando la corrupción y la impunidad que mantiene en camilla de enfermo el sistema político que nos rige, no resistiría su vuelta al poder.

Si tres periodos no les fueron suficientes, tampoco los serían otros tantos. Como Trujillo y Balaguer mientras vida tenga. Las políticas del señor Fernández crearon y protegieron a camarillas de adeptos que usaron sus posiciones públicas para enriquecerse a costa de la salud y estabilidad financiera de la República. Los expedientes del Ministerio Público y las auditorías de la Cámara de Cuentas son una radiografía de esa realidad que él se empeña en ignorar, guareciéndolos bajo su sombra. Leer más de esta entrada

El expediente del Ministerio Público

El resumen, bien desmenuzado, del expediente acusatorio del Ministerio Público contra el senador Félix Bautista y su red societaria, hecha por el doctor Francisco Alvarez en el primero de una serie de artículos en Acento, nos obliga a preguntarnos: ¿Cómo es posible que la Suprema Corte de Justicia ignore las monstruosidades que allí se detallan contra el patrimonio público? ¿Cómo justificar la despreciativa actitud de esos jueces ante una sociedad atribulada por la ausencia de voluntad para hacer cumplir los mandatos que la Constitución y las leyes ponen en sus manos y en sus conciencias?

Si el más alto tribunal y las demás altas cortes desestiman por razones partidarias los graves cargos que se exponen en ese y en otros voluminosos expedientes, los ciudadanos quedaremos definitivamente desprotegidos, sepultado el estado de derecho y la impunidad institucionalizada, como advirtiera la responsable del departamento anti-corrupción Laura Guerrero Pelletier. Lo que la Procuraduría General de la República ha llevado ante la Suprema Corte es un rosario de actividades criminales que deben ser juzgadas por el buen nombre de la República. Leer más de esta entrada

El senador y la Suprema Corte

Mientras se imponen meses de coerción y se somete a un escarnio público a una joven y pobre madre por haber subido a Facebook una foto en la que se muestra dándole a su bebé cerveza, y severas penalidades en el extremo oriental del país a un hombre por el delito de hurtar 16 chinolas, nuestra honorable Suprema Corte de Justicia desestima la acción del Ministerio Público contra un arrogante senador, cuyos bienes ponen de relieve la magnitud de la corrupción en la pasada gestión gubernativa.

La venalidad de un poder judicial comprometido con una facción política, margina al país de la tendencia asumida por muchas naciones democráticas de establecer estrictas normas al buen desempeño en la esfera pública. Pueden citarse como aleccionadores ejemplos de esa corriente los casos recientes de Portugal, España, Brasil, Costa Rica, Israel y Taiwán e incluso en China, donde alrededor de 84 mil burócratas, en todos los niveles de la administración, están acusados o siendo juzgados por corrupción. Leer más de esta entrada

Las relaciones con Haití

Definir una política hacia Haití sobre la base de un respeto mutuo, tomando en cuenta el historial de nuestros vínculos y las características de esa relación, es una de nuestras prioridades. La inmigración ilegal es uno de los temas pendientes de abordar con la seriedad y profundidad que amerita.

No se sabe cuántos haitianos viven ilegalmente en el país. Sobre la cifra se han hecho infinidad de cálculos. Se habla hasta de un millón, lo que representaría cerca del quince por ciento de la población adulta dominicana. Sean reales o no las estimaciones, lo cierto es que el aumento de la inmigración agrava los problemas sociales, por efecto de su impacto en el empleo, los servicios hospitalarios, la enseñanza pública y otras áreas de la vida nacional. Leer más de esta entrada