Los “progresistas” de la política

Por una burocracia eficiente

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De posturas y actitudes revolucionarias

En los cálidos ambientes políticos dominicanos no se acepta la diferencia entre una postura y una actitud revolucionaria. Las posturas revolucionarias tienen mucho que ver con lo que se sostenga en el plano de la ideología. Las actitudes revolucionarias con lo que una persona es en su vida diaria.

La primera se asume abrazando simplemente el castrismo. Una conducta revolucionaria se alcanza al cabo de una larga vida de desprendimiento y servicio. He visto por eso a marxistas reaccionarios y a un buen número de empresarios revolucionarios. Siempre será más difícil mantener una conducta revolucionaria que una postura a favor de un efectivo cambio social. Principalmente porque la mayoría de quienes alegan un historial revolucionario viven y actúan en constante riña con sus prédicas políticas.

Así se pueden ver a políticos corruptos, enriquecidos a expensas del Estado y del trabajo productivo del pueblo, vociferando en mítines y pontificando en programas de radio y televisión sobre la necesidad de cambiar las relaciones de producción y de hacer esto y aquello para transformar las condiciones de las masas desposeídas, y regresar después a sus mansiones para ahogar en whisky sus cantos de protestas. Leer más de esta entrada

El hábito democrático

Las democracias no se construyen solamente a base de leyes y constituciones. La democracia impera cuando sus reglas se transforman en hábitos de los ciudadanos. Cuando se hace una costumbre el respeto a las reglas y normas de convivencia y los principios de la Constitución se aceptan como pautas de la vida cotidiana. Funciona a partir del momento en que la población los asume como un estilo de vida.

Vivir en democracia no es tarea que concierna únicamente a los gobiernos. Los ciudadanos juegan un papel preponderante, porque se requiere de su atenta vigilia para hacer posible la dinámica que evite una especie de hibernación, que la condene a un somnoliento letargo.

El funcionamiento de una democracia depende, por tanto, de la aceptación por los ciudadanos de los límites del ejercicio de sus derechos, si esto supone la garantía del usufructo de ellos por los demás. No se ejerce por la fuerza ni por la intimidación, por mucho que la sanción sea el freno a las excesos que la devoran. Tampoco es el resultado de acciones y políticas restrictivas, aun cuando muchas veces se hagan necesarias para la preservación del orden y los niveles mínimos de organización que permitan el libre ejercicio de las libertades públicas. Leer más de esta entrada

Nuestra forma de hacer política

Una de las prácticas que debemos superar en los procesos electorales es la de atiborrar la geografía nacional con vallas, letreros y afiches promocionales de los candidatos, que afean las ciudades y carreteras y crean contaminación visual, y en muchos casos un peligro para los conductores, cuando esa promoción oculta señales de tránsito. Finalizada la campaña con las elecciones del domingo 5 de julio, cabe ahora esperar que los partidos cumplan con la obligación de limpiar las áreas que han embadurnado con su propaganda, para facilitar, por lo menos el necesario tránsito hacia la normalidad.

En muchos países la difusión de este tipo de publicidad está muy controlada y la violación de las normas se paga a veces con la anulación de candidaturas o fuertes penalidades económicas. Ese control determina los lugares donde se permite el despliegue de material promocional incluyendo su volumen. También establece plazos para el retiro y el incumplimiento de la norma implica también sanciones para aquellas autoridades responsables de hacerlas cumplir. Leer más de esta entrada

La Iglesia y el estado ( IV de IV)

Cuando la distribución de la propiedad es un obstáculo “al normal rendimiento de la economía”, lo cual no es originado siempre por la extensión del patrimonio privado, en interés del bien común el Estado “puede intervenir para regular su uso, o también, si no se puede proveer justamente de otro modo, decretar la expropiación mediante “ la conveniente indemnización”. La sentencia no es hija de un discurso populista ni proviene de un líder comunista. Formó parte del mensaje radial de Pío XII, uno de los papas más conservadores de la historia, de septiembre de 1944, que citáramos en nuestra entrega del pasado sábado.

En Octagesima Advenies, años después, el Papa Paulo VI llegaba a conclusiones más radicales en materia económica. El Evangelio, escribió, “al enseñarnos la caridad nos inculca el respeto privilegiado a los pobres y su situación particular en la sociedad: los más favorecidos deberán renunciar a algunos de sus derechos para poner con mayor libertad sus bienes al servicio de los demás”. Leer más de esta entrada

La Iglesia y el Estado (III de IV)

La Iglesia y el Estado (II de IV)

Al analizar el papel del Estado en la economía, Juan XXIII escribió que uno de sus deberes ineludibles es intervenir a tiempo a fin de contribuir a producir bienes materiales en abundancia. Además, constituye una obligación del Estado “vigilar que los contratos de trabajo se regulen con justicia y equidad” y que en los ambientes laborales “no sufra mengua ni el cuerpo ni el espíritu, la dignidad de las personas humanas”.

El rechazo de la acumulación de riquezas por particulares planteada en infinidad de documentos oficiales de la Iglesia, se aplica igualmente al Estado o al Gobierno. La norma de fijación del ámbito de esa intervención gubernamental es el principio de la subsidariedad, que ya había enunciado Pío XI en Cuadragesimo Anno y que ha servido de guía a los papas sucesivos. En esencia, este principio de subsidariedad reconoce únicamente el derecho del Gobierno a hacerse cargo de iniciativas necesarias para proteger la justicia, en todos los órdenes que excedan en todo caso la capacidad de los individuos o grupos privados. Leer más de esta entrada