Los presidentes pierden credibilidad en el poder, por infinidad de causas y razones. Esa ha sido la experiencia en el país y en el resto de la América Latina. En el caso del presidente Danilo Medina ocurrió una rara excepción. Su enorme popularidad persiste a solo días de terminar su mandato, a pesar de haber sido una presidencia nacida con muchos cuestionamientos e interrogantes, debido a la herencia de corrupción y desorden fiscal que encontró al asumir el cargo con el país endeudado además hasta los tuétanos.

La situación bajo la cual se juramentó le ató las manos, obligándole a una reforma tributaria para poner en orden las finanzas públicas, entonces en lecho de muerte. Esa realidad postergó un pacto fiscal para el cual no existían ni existen todavía condiciones en el desigual clima social prevaleciente. Los críticos índices de pobreza y marginalidad existentes le ponían y todavía ponen un alto costo político a un acuerdo que requiere sobre todo de un compromiso de las fuerzas políticas, para lo cual evidentemente no hay ambiente.

Ahora que se habla tanto de patriotismo y del peligro que representa para la nacionalidad dominicana la masiva inmigración ilegal desde el lado oeste de la isla, sería oportuno rescatar, comenzando en las escuelas, el valor de los símbolos patrios del olvido y observar rigurosamente su uso, específicamente cuando se trata de la bandera. Por años, he llamado la atención acerca de la extendida práctica de emplear en los cuadrantes azules de la insignia nacional, matices distintos que no corresponden al real de la bandera, en especial ese que los estadounidenses llaman “blue navy”, y no el azul ultramar establecido en la ley que regula su uso.

En ese afán llegue a escribirle hace unos años a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, al observar que allí se izaban banderas con distintas tonalidades del azul, unas del lado de las otras, como también podía verse el mismo día en el palacio del Ayuntamiento y en la sede del poder judicial. Ninguna de las cartas, que entregué personalmente en la sede del Congreso, recibió respuesta. He escrito también una decena de artículos sobre el caso.

La llamada izquierda revolucionaria se resiste a aceptar cuán equivocada estuvo siempre. No les basta con lo sucedido a los países del Bloque Oriental europeo, la destrucción del Muro de Berlín por los alemanes ansiosos de libertad y aire puro, la triste realidad de Corea del Norte y el vergonzoso tránsito de Cuba a un modelo rupestre del capitalismo, después de seis décadas denostándolo como un sistema incapaz de exaltar la dignidad humana.

Sesenta años no han bastado para convencer a los líderes del castrismo que la propiedad privada y la libre iniciativa individual son valores inherentes a la existencia misma y no señales oprobiosas de un sistema basado en la explotación del hombre por el hombre. La prometida redención del pueblo cubano se intenta a medias con la autorización para moverse con alguna libertad dentro del propio territorio de la isla, tener a título de concesión un conuco, una barbería, un automóvil, una computadora o una pequeña bodega para vender alimentos cocinados.

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La República Dominicana, como todo país, tiene derecho a explotar racionalmente sus recursos naturales, incluso los no renovables. Y puede hacerlo en condiciones amigables con el medio ambiente. El fundamentalismo ambiental podría frenar los planes de desarrollo de la economía si llegara a pautar las reglas del debate. Por eso, la mayoría de las naciones lo han encarado aprovechando con racionalidad su petróleo y otras riquezas del subsuelo.

¿Por qué los dominicanos no podemos hacer lo mismo? Es cierto que toda explotación conlleva un riesgo ambiental, pero éste puede ser perfectamente neutralizado con las tecnologías existentes y la explotación de Pueblo Viejo es un buen ejemplo de ello. La oposición radical a la minería de gran escala puede convertir, como ya fue el caso de Loma Miranda, un tema del más alto interés nacional, en mero asunto de opinión pública.

Los argumentos contra la minería se sustentan en tabúes que el desarrollo de la tecnología desmonta. Pero ahora se mueven hacia el problema eléctrico y más adelante, si no se enfrentan con racionalidad terminarán trazando las normas de la política minera y energética, primero, para terminar fijando las reglas de la economía.