La libre empresa (1 de 2)

Las fallas de la libre empresa no se derivan exclusivamente de la injerencia estatal, por mucho que ésta haya entorpecido en el transcurso de los años su desarrollo y crecimiento. Los defectos de nuestro muy peculiar régimen de libre mercado se deben también, y en gran medida, al propio sector privado. Responden a los predominios de grupos, a los oligopolios y castas empresariales que han explotado hasta la saciedad el paternalismo estatal, invocando para su provecho la intervención del gobierno en la economía, a sabiendas de que los privilegios trabajan en contra del sistema y de las oportunidades de los demás.

La capacidad instalada, señalada tantas veces como una razón de la poca funcionalidad o de la presunta existencia de libertad empresarial, ha sido esgrimida no siempre por el Estado, sino por grupos empresariales para evitar de esta forma la competencia o preservar irritantes concesiones. ¿Cuándo esas concesiones se reflejaron en el mercado, ya sea mediante un mejoramiento de los precios y de la calidad de los productos o mediante un incremento de la oferta?

También es preocupante la tendencia a ver en toda denuncia de la especulación, el enriquecimiento rápido y desmesurado derivado de cierta actividad comercial o empresarial, una actitud contraria a la libre empresa. Esas prácticas regulares en nuestro medio, conspiran efectivamente contra un régimen de libre comercio. El error estriba en considerar la libre empresa sólo como el derecho a hacer negocios y no como todo un conjunto estructural para estimular el desarrollo de la libre iniciativa individual y garantizar el derecho de los consumidores. La especulación le hace un daño enorme a la libre empresa, porque se la sigue asociando al sistema mismo, como algo natural y congénito a él, y porque, además, se han querido desacreditar las campañas contra esa aberración pretendiéndolas como ataques al sistema y no como acciones legítimas de defensa social contra los especuladores.(Reproducido con autorización del autor. Publicado en elCaribe)

Interés público e interés privado

La clase política ha logrado inculcarle a la gente la idea de que el país vive permanentemente enfrentado al choque de intereses contrapuestos. De un lado, el interés nacional, representado por el Estado y quienes ejercen el poder, y el particular, que emana de la actividad privada. En el falso criterio de valoración sobre el que esa tesis se sustenta, el primero es el legítimo y el segundo es el espurio, del que surgen todas las iniquidades que hacen de la nuestra una nación socialmente injusta debido a las enormes desigualdades existentes.

La teoría de la desigualdad basada en la existencia de los intereses particulares ha servido para encubrir la corrupción y el enriquecimiento ilícito de una clase política incapaz de plantear soluciones de fondo a los graves problemas nacionales y preservar de este modo los grandes y crecientes privilegios que el secuestro de la vida política por los partidos le ha permitido a sus dirigentes.

La verdad, sin embargo, es muy distinta. Los hechos demuestran hasta la saciedad que la pobreza prevaleciente en muchos de los países como República Dominicana se debe al predominio de los intereses de los políticos, a su contubernio con clanes privados y a su miopía del rumbo que toma el mundo en que se desenvuelven. Las grandes naciones, las que han sido capaces de dar el gran salto hacia el desarrollo y superar con ello el atraso y la pobreza, han reconocido el papel de la iniciativa privada y creado el marco de facilidades para que ella crezca, con lo cual han podido penetrar los mercados cada día más exigentes, ampliando así las expectativas de sus habitantes.

La imagen de un país no se fundamenta en los liderazgos políticos, sino en el prestigio de sus marcas que se imponen en el exterior. El país que debemos promover es el que se encuentra detrás de nuestras grandes empresas y acciones, en el deporte, como en la música, el arte y la literatura.

Una visión de corto y mediano plazos

Las grandes necesidades nacionales y los efectos de la crisis financiera exigen, sin mayores dilaciones, cambios drásticos en la agenda nacional. No se puede permanecer ajeno a cuanto ocurre en el mundo. Por tanto, estamos moralmente obligados a asumir nuevas conductas frente a las realidades que enfrentamos. La visión de corto plazo tiene que ser sepultada y dar paso a tareas de largo alcance, que permitan consolidar los sectores más dinámicos de la economía, conquistar los mercados que se han abierto con la firma de tratados de libre comercio con los grandes centros de consumo e impactar positivamente así las expectativas de la población.

El país no puede continuar poniendo parches en las llagas de sus grandes heridas. Y los gobiernos deben dejar atrás la improductiva práctica de premiar a estudiantes o profesores meritorios mientras se resiste a darle a la educación el tratamiento presupuestario y académico a que la ley obliga. El caso del sector educativo es sólo un ejemplo, tal vez el más patético, del efecto dañino del clientelismo en la vida política de la nación.

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El precio de la mentira

En los países más democráticos, Estados Unidos por ejemplo, la mentira tiene un precio muy alto en la política. Como todos sabemos, en República Dominicana es una eficaz arma política llevada a la categoría de arte por los líderes más exitosos. Las carreras más brillantes en el campo de esa actividad han sido catapultadas por enormes cofres de mentiras repetidas una y otra vez, por años, incansablemente, sin consecuencia alguna. El uso repetido de ese instrumento de ascensión en la política, como en otras actividades de la vida nacional, se ha convertido en una práctica común. Se trata ya de una costumbre a la que se está obligado a apelar para garantizarse el éxito.

La mentira es parte de la cultura nacional. Se miente en el hogar, en la escuela, en el trabajo, se habla de mentiras piadosas, como creo haber escuchado alguna vez en las letras de una canción. El liderazgo nacional nos miente el lunes a sabiendas que el martes puede desdecirse sin que nadie le reproche ni se le pida cuentas.

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Por un liderazgo responsable

Los problemas políticos se resuelven cuando el liderazgo, en el gobierno como en la oposición, asume la responsabilidad de encararlos cara a cara echando a un lado las diferencias. Es imposible pretender salvar situaciones complejas con tácticas elusivas o valiéndose de intermediarios, para encontrar salidas satisfactorias a leyes que contribuyan a fortalecer las instituciones o despejar de obstáculos la búsqueda de salidas a temas fundamentales.

Tampoco conduce a nada amarrarse a la idea de ganar tiempo retirándose de pláticas negociadoras, porque esa táctica no deja frutos ni da margen de justificación si a la postre los esfuerzos no comportan avance alguno. Abandonar la mesa de negociación con comunicados llenos de lugares comunes cada vez que surge un inconveniente ganan todavía titulares en los medios, pero congela el crecimiento de quienes apelan a ese recurso estéril. La responsabilidad del liderazgo, en el gobierno como en la oposición, es asumir el diálogo directo, sin valerse de mediadores que perdieron la utilidad que una vez tuvieron, porque los temas bajo discusión son muy delicados como para enfrentarlos mediante mandados a terceros, como aún suele suceder.

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Frustración de adolescencia

Al pensar en los que fueron mis años de infancia y adolescencia, siento en esta etapa de la vida que tal vez mi verdadera pasión fue siempre la música. Aún recreo aquellos lejanos tiempos de escasez, cuando el miedo a la tiranía normaba la vida familiar, en aquella pequeña y modesta casa de la calle Fabio Fiallo, entonces Benefactor, en las que tendido sin camisa en el piso para amortiguar el calor, solía quedar maravillado escuchando a los grandes compositores clásicos. Fue tal vez el concierto número uno para violín de Paganini o Introducción y Rondó Caprichoso de Saint Saënz interpretado por el francés Zino Francescatti, en el programa que transmitía todas las tarde HIZ, lo que produjo esos primeros escalofríos, que se sienten en la espalda, y de cuyo recuerdo nunca me he podido liberar.

No tengo claro si fue él u otros grandes violinistas como Yehudi Menuhin, Isaac Stern, Jascha Heifetz y Giddon Kremer, todos judíos, cuyas interpretaciones solían oírse a diario por esa emisora, puedan ser los responsables de esa primera frustración personal de no poder valerme de ese instrumento milagroso. En aquellos tiempos se requería de muchos recursos para estudiar música y aunque el conservatorio me quedaba al otro lado del Parque Hostos, entonces Ramfis, intentarlo era fastidioso. Se pasaba uno horas enteras en el libro de solfeo, marcando el compás y cantando las notas, sin salirse durante meses de la clave de Sol, sin llegar a las demás, y sin tener contacto con el instrumento.

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La herencia viva del trujillismo

En España se creó en el 2016 una comisión para emprender cuarenta años después lo que nosotros no hemos siquiera intentado seis décadas después de la tiranía: eliminar todo vestigio del franquismo. Tras la muerte de Franco en 1975 se inició allí un proceso de transición a la democracia. Pero aún quedan huellas del régimen por toda la geografía española, en calles, plazas, pueblos, museos y monumentos, que mantienen viva en la memoria las crueldades de la tiranía que siguió a una guerra civil en la que murieron un millón de personas tras el derrocamiento de la segunda República. La eliminación de esa herencia franquista cerraría de la memoria española una de sus etapas más oscuras.

Han transcurrido sesenta años de la muerte de Trujillo y las huellas de esa férrea etapa sigue viva en muchos aspectos de la vida nacional. Es cierto que se derrumbaron sus estatuas y bustos de plazas y avenidas, se proscribieron las actividades que tiendan a exaltarlo, se exiliaron a sus familiares más cercanos, se confiscaron muchos de sus bienes, no todos, y la capital recobró su nombre original. Pero con el tiempo, la transición que se engendró dentro del mismo régimen lo perpetuó y sus herederos, parapetados detrás de nuevos disfraces, lograron hacer del autoritarismo que lo caracterizó un legado a la posteridad.

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Los guardianes de la moral

El periodismo no es más que una extensión del derecho a expresarse libremente a través de los medios en sus distintas modalidades. Reducirlo a la posesión de un título de una escuela de comunicación, o al dominio de una técnica, constituiría un peligroso establecimiento de la censura, imperdonable, además, si la iniciativa proviene de una entidad formada por personas que lo ejercen al amparo o protección de un pergamino universitario o un cargo en un grupo formado por periodistas.

El Colegio de Periodistas (CDP), organización supuesta a oponerse a toda forma abierta o velada de restricción de las libertades de expresión y de prensa, llegó a sugerir en un comunicado hace cuatro años lo que el más acérrimo adversario del periodismo crítico e independiente, haya jamás propuesto: limitar esa labor a quienes, de acuerdo con la entidad, tienen habilidad especial para la faena. La profesión, dijo el colegio, “ha sido invadida por personas sin el mínimo dominio de las técnicas para ejercerla”.

¡Eureka! Mañana planteará que el oficio solo se le permita a los que se afilien a la organización, el modelo de colegiación obligatoria que cercena el derecho elemental de libre asociación, consagrada en la Constitución dominicana y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

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