Abogados denuncian plan para boicotear apertura judicial

SANTO DOMINGO.- Treinta tres presidentes de las seccionales de todas las provincias del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), representantes asociaciones de abogados y defensores de los Derechos Humanos denunciaron un plan para boicotear la apertura judicial ordenada mediante sentencia por el Tribunal Constitucional por parte del Presidente de la Suprema Corte de Justicia.

La denuncia fue realizada en el marco de las vistas públicas que realiza la comisión que estudia el Proyecto de Ley de Uso de Medios Digitales.

El presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surun Hernández, dijo que con ese plan se busca el colapso de los servicios presenciales en todo el sistema de justicia para culpar al Tribunal Constitucional, y con ello presionar al Congreso Nacional para que se apruebe al vapor, y a como dé lugar el proyecto de Ley de virtualidad.

“Esto se puede comprobar en el hecho de que han transcurrido casi tres meses de la emisión de la sentencia que ordenó la apertura de los tribunales y el Consejo del Poder Judicial no ha tomado las medidas administrativas, ni logística para dotar a los tribunales del personal secretarial para atender a los ciudadanos” denunció Surun Hernández.

El gremialista indicó de manera escrita y verbal que el proyecto elaborado y depositado  por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, busca contrarrestar la declaratoria de inconstitucionalidad pronunciada por el Tribunal Constitucional (TC) en la sentencia TC/0286/21, que estableció que la presencia física de las partes en la audiencia, es un mecanismo que procura salvaguardar los principios de inmediación, concentración y contradicción de los usuarios, derechos contemplados en la Carta Magna.

Manifestó que dicho proyecto en sus artículos 11, 12, 13, 14 pretende quitarle facultades al Congreso Nacional a través del establecimiento de la Ley “Habilitante”, con el objetivo de que ese poder del Estado ceda en favor de otro órgano sus potestades legislativas, sobre todo en materia de garantías fundamentales, lo que atenta contra el estado de derecho y la Constitución.

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