Presentan acusación formal contra técnico de bombero por perjurio al mentir en tribunal en 2012

SAN JUAN, RD.- El juzgado de la Instrucción de San Juan de la Maguana fue apoderado de una solicitud de apertura a juicio en contra de un técnico de bombero acusado de perjuicio, tras presuntamente negar haber firmado una certificación relacionada a la muerte de tres personas en un incendio.

La acusación formal en contra del imputado Deivis Montero Ruiz, por perjurio, fue presentada por el fiscal de esa jurisdicción Adolfo Augusto Feliz Pérez, en una instancia donde pide al tribunal que el encartado sea enviado a juicio de fondo.

Al imputado se le acusa de violar los artículos 361 numeral 1 y 361 numeral 4 que tipifican el perjurio en perjuicio de Diana Alejandra Batista Céspedes.

Se recuerda que Batista Céspedes fue condenada a 20 años de prisión, tras ser encontrada culpable de ser autora intelectual de la muerte de 4 personas, ocurrida en el año 2012, al ser incendiada una vivienda donde dormían, en el distrito municipal Santana y en cuyo juicio Montero testificó.

El Ministerio Público sostiene en su acusación de solicitud de juicio preliminar que las declaraciones del técnico de bombero fueron falsas, tras negar que no firmó el documento.

Aduce que en su declaración como oficial de los bomberos, el imputado emitió dos certificaciones que contradicen la procedencia de un fuego que en la comunidad de Tamayo que dejó como resultado tres muertos y una persona gravemente herida.

Las víctimas Andrés Brito, Altagracia Serrano, Romensi Brito Novas y Rossibel Brichel Brito fallecieron mientras dormían en su residencia, localizada en la calle José Francisco Vale, del Distrito Municipal de Barranca, del referido municipio. Una quinta persona identificada como Estefani Brito Novas sobrevivió al siniestro.

Por el hecho, ocurrido el 23 de enero del 2012, también cumple una condena de 30 años de prisión el imputado Ángel Marcos González Andújar (El Guachi), quien fue declarado culpable como autor material del hecho.

La Fiscalía de esa jurisdicción después de investigar rigorosamente el caso, determinó que el móvil se debió a que un señor de nacionalidad británica tenía una relación amorosa con la imputada, y que contrataron a una de las víctimas para que trabajara en su residencia, estableciendo posteriormente el extranjero una relación con la doméstica.

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