SCJ se reserva fallo sobre caso de joven condenada a 30 años por video en que asfixiaba a su bebé

SANTO DOMINGO.- Los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia se reservaron el fallo del recurso de casación presentado por Berkis Brazoban, la joven que busca ser absuelta de la condena a 30 años de prisión a la que fue sentenciada tras grabarse en un video en que se ve asfixiando a su bebé de 11 meses de nacida.

Durante la audiencia celebrada la mañana de este martes, el padre de la niña, Benerio Jean Bretón, volvió a pedir clemencia para la condenada, argumentando que la sentencia de 30 años “es demasiado”.

Brazoban busca liberarse de la condena que desde 2019 pesa sobre su vida y que fue ratificada en 2020 por un tribunal de segundo grado. En julio de 2018, cuando tenía 23 años, se grabó en un video que terminó difundiéndose en Facebook, en el que asfixiaba con una almohada a su bebé, quien no falleció.

El Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo consideró la acción como acto de tortura y barbarie y la condenó a 30 años de prisión, que es la pena que establece el Código Penal dominicano para torturas o actos de barbarie cometidos contra niños y adolescentes.

La joven, que guarda prisión en la cárcel Najayo-Mujeres, ha alegado ante la justicia que el video que grabó y envió a su expareja por WhatsApp fue un simulacro para presionar al padre para que regresara de Haití -donde estaba trabajando- y que cumpliera con la manutención.

Jean Bretón dijo que no se arrepiente de haberla denunciado. “No podía esperar a que ella hiciera algo peor para yo denunciarla, sería ilógico”, dijo. Pero aboga para que sea liberada y pueda continuar criando a su hijo mayor (de otro padre), no así a la niña.

“Que la liberen… (debieron castigarla) de otra manera”, dijo el joven. A su juicio, lo correcto hubiese sido una condena de dos o tres años. “No más de ahí”.

“Ella me dice que se siente arrepentida, que se siente muy mal y que la perdone. En mi caso yo la perdoné”, comentó.

La abogada Sarisky Castro, representante de la defensora pública Teodora Henríquez, quien asiste a Brazoban, solicitó a los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte, que preside Francisco Antonio Jerez Mena, casar la sentencia impugnada y dictar sentencia directa. El Ministerio Público, en cambio, pidió que esto sea rechazado.

Brazoban es de ascendencia haitiana e indocumentada. Sus defensores se amparan en esto para asegurar que es una de las razones por las que le impusieron la condena de 30 años.

Su caso está siendo respaldado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Su presidente, Manuel María Mercedes, dijo a la prensa tras salir de la audiencia de este martes, que con Brazoban se ha cometido un acto “de injusticia”.

Espera que la Suprema Corte de Justicia modifique la sentencia y declare la pena cumplida a la imputada “sobre la base de que el elemento no fue tan grave”. Si entiende que debe casarla y enviarla a una corte de apelación, seguirían clamando por justicia.

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