MP considera acertada y apegada al derecho decisión de jueza sobre Caso Coral

Los representantes del Ministerio Público consideraron que fue acertada y ajustada al derecho la decisión emitida por la magistrada Kenya Romero de enviar a prisión al mayor general Adán Cáceres, la pastora Rossy Guzmán y otros tres implicados en el entramado de corrupción denominado “Caso Coral”.

Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), entiende que al igual que pasó con los implicados en el caso Coral, todo el que utilice indebidamente el dinero del erario, deberá sentarse en el banquillo de los acusados.

“El dinero del erario debe ser utilizado correctamente y el que no lo utilice correctamente, deberá sentarse en el banquillo de los acusados a responder por su conducta. El Ministerio Público ha dicho y reitera que sigue trabajando para desmontar completamente esta estructura de corrupción”, expresó Camacho.

Además de Adán Cáceres y la pastora Rossy Guzmán, la jueza ordenó el envío a prisión de Tanner Flete Guzmán, hijo de la pastora; Alejando Montero Cruz y Rafael Núñez de Aza. Al imputado Alejandro Girón Jiménez, le impusieron arresto domiciliario.

La directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reinoso, consideró que el envío del mayor general Adán Cáceres a Najayo es correcto porque Operaciones Especiales u otra cárcel especial, constituye un “privilegio irritante” que va en contra de la Constitución.Decisión arbitraria

Los abogados de la pastora Rossy, su hijo Taner Flete y del mayor general Adán Cáceres consideraron arbitraria la medida de coerción dictada por la magistrada Romero. Dijeron que van a esperar tener la resolución que emita el tribunal para analizar una posible apelación de del fallo.Lo que dice el expediente

En el expediente figuran como encartados el mayor general Adán Cáceres Silvestre, quien dirigió durante varios años el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), en el que supuestamente se instaló el mecanismo de corrupción que sustraía fondos a través de las nóminas oficiales y que extendió sus garras de corrupción a entidades como el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).

Con Cáceres Silvestre está imputada Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), quien se valió de sus actividades religiosas para desarrollar actividades ilícitas que afectaron al Estado y a los fondos de los contribuyentes.

También acusan de testaferros, prestanombres y coimputados de corrupción al cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza, el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz y el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez.

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