INAPA reconoce 25% de la población no tiene cobertura de agua potable en RD

Ing. Horacio Mazara

SANTO DOMINGO.- Pese a ser un recurso vital y estratégico para el desarrollo del país, la falta de un marco regulatorio ha favorecido el desperdicio y el robo del agua potable, y al mismo tiempo, ha impedido el establecimiento de tarifas que permitan el cobro efectivo de este importante servicio.

El ingeniero Horacio Mazara, director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), entidad que tiene a su cargo la administración de 315 acueductos o sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento, equivalentes al 80% de la cobertura nacional, insistió en que la falta de un ordenamiento jurídico impide la actuación de las autoridades en ciertos escenarios.

“Por ejemplo, si usted tiene una finca y se va a robar el agua yo no puedo, por decir una palabra, meterlo preso porque cuando vaya donde el juez le diga: cómo te voy a juzgar, contrario a lo que ocurre en medio ambiente, que usted va a extraer algún agregado de un río y hay una ley que te permite agarrar un camión de esos, y no hay forma de que salga”, dijo.

Se desperdicia 35% agua en cultivos

Para ser más ilustrativo, el funcionario reveló que un estudio, cuyos resultados serán presentados próximamente, revela que alrededor del 35% del agua potable que produce el acueducto de la Línea Noroeste, es utilizada por regantes en fincas con fines agrícolas.

Dijo que aunque las personas no pueden prescindir del agua, al igual que del teléfono celular o de la energía eléctrica, cuyos servicios pagan religiosamente, no pasa lo mismo con el agua por la falta de un régimen de consecuencias que penalice a quienes se la roban de las redes de distribución.“Pero lo peor para nosotros es que, cuando es tratada, nos cuesta mucho producirla. Cuando usted intercepta esas tuberías está introduciendo contaminantes, después que uno se esmera en mejorar los índices de potabilidad”, explicó el director de INAPA.

25% de la población sin cobertura

Mazara reconoció que falta mucho por hacer en términos de cobertura y reveló que el suministro de agua potable a los hogares a través de las redes de distribución ronda el 75%. El 25% restante es suplida por pequeños acueductos rurales y sistemas administrados por ONG’s.

“Tenemos que ser serios. No todo está resuelto. Tenemos deficiencias porque el sector es complicado”, dijo tras revelar que en su gestión ha elaborado un portafolio de proyectos que ronda los RD$80 mil millones para reducir esta brecha, y al mismo tiempo, afrontar un problema que considera peor, como es la falta de alcantarillado sanitario.

Deploró la contaminación provocada por la cercanía de los alcantarillados con los pozos de agua de consumo, así como las descargas sanitarias en importantes cuencas. En ese sentido, reveló la existencia de un proyecto del Banco Mundial enfocado a aminorar el impacto negativo que ha provocado la falta de alcantarillado sanitario y las descargas en la cuenca alta del río Yaque del Norte.

Dijo que cuando se habla de saneamiento, necesariamente hay que involucrar a los ayuntamientos que deberán ser más cuidadosos y evitar establecer vertederos en las cercanías de tomas de agua, provocando la contaminación de los afluentes.

En ese sentido, recordó que el acceso al agua potable está íntimamente relacionado con la salud y su deficiencia se expresa en el aumento de las enfermedades de carácter hídrico, por lo que la apuesta por la construcción de acueductos impacta en el bienestar de la población.

Dan toques finales a leyes

Para hacer frente a ese y otros problemas, Mazara reveló que los anteproyectos de leyes General y Sectorial de Agua, están a nivel de corrección de estilo por una comisión multidisciplinaria para, posteriormente, ser sometidos a la opinión pública y a la consideración de empresarios, contratistas y usuarios.

Según el funcionario, quien preside el Consejo para la Reforma del Sector Agua Potable y Saneamiento, que agrupa a los ministerios de Salud, Economía, Medio Ambiente y Turismo y las corporaciones de agua, la aspiración es que ambas leyes que llevan más de dos décadas en discusión, sean sometidas y aprobadas por el Congreso en la actual legislatura.

Mazara puntualizó que en el caso de la Ley General de Agua que busca vigilar, supervisar y fiscalizar las políticas para el uso del agua cruda para fines agrícolas y de generación eléctrica, se ha propuesto que el órgano rector sea el Ministerio de Medio Ambiente. Mientras que, en la ley Sectorial, que establece las normas para el uso del agua tratada y potabilizada para consumo humano, las funciones de rectoría recaigan sobre el Ministerio de Salud Pública, e incorpore una especie de superintendencia a cargo del INAPA. Dijo que los legisladores tienen muy claro la importancia de ambas leyes y hay comisiones especiales asistidas por técnicos trabajando en ellas.

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