“Silencio de Danilo sobre corrupción e impunidad evidencia su complicidad”, afirma colectivo

SANTO DOMINGO.- La Marcha Verde insistió este miércoles de que el presidente Danilo Medina continúa evadiendo referirse a los principales casos de corrupción que han ocupado la palestra pública en su Gobierno, lo que, según el movimiento, “evidencia su complicidad con la corrupción e impunidad”.

Durante una protesta frente al edificio del Congreso Nacional, donde ayer el mandatario presentó los resultados de su administración en el 2017, el movimiento verde calificó de burla a la ciudadanía afirmar que ésta ha sido la gestión de “más transparencia y eficiencia del gasto público”, cuando no se han investigado ni sometido a la justicia los responsables de los casos de la venta irregular de terrenos del CEA, el del sector Los Tres Brazos, Bajos de Haina, y los que involucran al Metro y la empresa brasileña Odebrecht.

“El presidente Danilo Medina tenía la obligación de rendir cuentas frente a la Asamblea Nacional y la ciudadanía sobre la posible participación de Odebrecht en el financiamiento de sus campañas”, sostuvo Marcha Verde, tras haberle solicitado presentar los recibos de pago a Joao Santana, quien fuera su asesor de campaña en 2016.

Criticó que no explicara por qué todavía se mantienen vigentes los contratos y las operaciones de Odebrecht, cuando la Ley de Compras y Contrataciones (340-06) de República Dominicana prohíbe que las instituciones del Estado suscriban o mantengan contratos con empresas cuyos propietarios estén condenados por prácticas delictivas.

“No podemos callar frente a la actitud de desprecio de Danilo Medina el reclamo de más de 300 mil ciudadanos y ciudadanas que firmaron el Libro Verde para que sea conformada una comisión de fiscales independientes que investigue el caso Odebrecht por no confiar en un Ministerio Público que ha demostrado su complicidad con la estructura de impunidad”, enfatizó.

Tampoco se ofreció explicación a la población, continuó el colectivo, del pago adicional que exige la constructora en tribunales internacionales por la obra de Punta Catalina, lo que implicaría un golpe más a una economía.

“No se ajustó al mandato constitucional de rendir cuentas” al no referirse a los temas que la población le demanda, dijo María Teresa Cabrera, una de las voceras del movimiento.

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