Beneficiados con permisos de jueza interina han sido regresados a las cárceles

SANTO DOMINGO.- La jueza interina de Ejecución de la Pena de San Cristóbal emitió permisos de hasta cuatro días para que unos 62 condenados por diferentes delitos estuvieran en la calle con motivo de las fiestas de fin de año, sin indicar la dirección ni contacto de las personas responsables de éstos.

En las resoluciones de la magistrada Katerine Rubio Matos que autoriza las salidas de los Centros de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, Najayo Mujeres, Centro Abierto de Mujeres Sabana Toro y el CCR 20 de San Cristóbal (antiguo Najayo Menores), del 29 de diciembre al 2 de enero para algunos, otros del 30 al 31 de diciembre y otros del 30 de diciembre al 1 de enero, solamente se establece que los beneficiarios irán a visitar a sus familiares.

Luego de acoger los permisos de salida amparados en el artículo 18 de la ley 224 sobre régimen penitenciario, en el cual se establecen las condiciones para permitir las salidas fuera de los centros penitenciarios, Rubio Matos resuelve que el permiso estará bajo la responsabilidad del CCR “en el sentido, del cumplimiento estricto del mismo y su no desnaturalización, por lo que el presente auto puede ser revocado en caso de incumplimiento”.

De acuerdo con una fuente de la Procuraduría General de la República, cerca de 50 de los 62 condenados por la comisión de algún ilícito penal lograron salir de los Centros de Corrección. La fuente informó que el 30 y 31 de diciembre buscaron a los favorecidos con las resoluciones y lograron regresarlos a todos a las cárceles, antes del mediodía del 31, luego de solicitar en los tribunales la suspensión de las medidas.

La Procuraduría informó el domingo que fueron retornados 42 internos, 20 a Najayo Hombres, 14 a Sabana Toro, y 8 a Najayo Mujeres, en adición a aquellos a los que no se les permitió la salida después de haberse identificado presuntas irregularidades en las resoluciones de la magistrada.

Condenados por narcotráfico 

El Ministerio Público solicitó la revocación de los autos, alegando la peligrosidad y vulnerabilidad de cada uno de los beneficiados, tomando en cuenta los procesos por los cuales fueron condenados, como el Caso Paya, el Caso Figueroa Agosto y el Caso Florián Feliz, entre otros.

 

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