Abinader propone Acuerdo Nacional Contra la Corrupción y la Impunidad

SANTO DOMINGO.- El ex candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, presentó hoy “un plan nacional para rescatar la institucionalidad, mediante un Círculo Virtuoso de la Institucionalidad que sustituya el Círculo Vicioso de deterioro ético prevaleciente, que amenaza la estabilidad política y la gobernabilidad democrática del país”.

Exhortó a todos  a iniciar desde este día la construcción del consenso para llegar al Acuerdo Nacional en Contra de la Corrupción y la Impunidad.

Abinader presentó un diagnóstico conforme el cual dice que en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana la impunidad ha operado promoviendo el incumplimiento generalizado de la ley, ahogando financieramente a los órganos de control, y controlando las Altas Cortes, designando en ellas personas afines.

Además, agregó, estableciendo un control interno deficiente en la gestión pública, debilitando el control externo, postergando legislaciones esenciales para la lucha contra la impunidad y amparándose en criterios discrecionales para beneficiar a individuos vinculados.

“El esquema de apuntalamiento de la impunidad incluye la limitación del accionar de los tribunales y los órganos de control de la administración, eliminando la autonomía presupuestaria consagrada en la Ley 194-04, expuso Abinader en una presentación a ejecutivos de medios.

Entregó la propuesta al director de la Unidad de Políticas Públicas, economista Miguel Ceara, para que le dé el curso correspondiente en los organismos del PRM.

El político citó que conforme a casos documentados se ha establecido que la corrupción le cuesta anualmente al país al menos 46 mil millones de pesos, mientras que estudios realizados por Oxfam el dispendio es de más de RD$90 mil millones al año.

“La corrupción en el país es tan desmesurada que en el reciente escándalo de ODEBRECHT somos el país que más sobornos recibió en proporción al PIB, con un 0.15%; es decir recibimos más sobornos que Brasil, 0.025%, y que el resto de los países involucrados”, citó.

Quitando recursos a los órganos de control

Ilustró que en 2006 la ejecución presupuestaria del Poder Judicial fue de 2.1 como porcentaje de los ingresos corrientes, y en 2016 fue reducida al 1.4%. , mientras la Ley consigna el 2.665%. La Cámara de Cuentas recibió en 2006 el 0.23% de los ingresos corrientes, que en 2016 bajó al 0.15%, aunque la Ley dispone la asignación del 0.30%. Por igual a la Procuraduría General de la República  en 2006 y 2016 le fue asignado el 1.0% de los ingresos corrientes, mientras la Ley le asigna el 1.435.

En el ámbito judicial Abinader propone reducir a siete miembros el Consejo Nacional de la Magistratura, excluyendo al Procurador General de la República. Concursos de oposición, es decir exámenes para determinar la elegibilidad de los jueces de carrera y abogados para la Suprema Corte de Justicia. Prohibir a una persona ser juez de las Altas Cortes si ha tenido militancia política y/o haya tenido un puesto de libre designación durante los 5 años previos.

El Ministerio Público ha de ser autónomo e independiente del Poder Ejecutivo. “En este acuerdo que proponemos, llamo a que en conjunto determinemos los mecanismos óptimos para garantizar esta independencia. En este sentido, propongo la descentralización de los organismos técnicos tales como el INACIF, PRISIONES, entre otros, garantizando su autonomía e independencia”, expone Abinader.

Círculo Virtuoso

El conjunto de acciones que propone Abinader, y que denomina Círculo Virtuoso de la Institucionalidad, inicia con el control de gastos de las campañas electorales. Sigue con la ejecución eficiente del Presupuesto; fortaleza e independencia de las instituciones, que establecerían un  régimen de consecuencias, eliminando la corrupción pública y los males que genera al país.

El economista y líder político desglosa sus propuestas en acciones como someter al gobierno a la legalidad, ya que nadie puede estar por encima de la ley; limitar los gastos de campañas políticas; cumplimiento de la Ley de Presupuesto a las instituciones llamadas a controlar la gestión del Poder Ejecutivo;  en el aspecto interno fortalecer la eficiencia e independencia de las Unidades de la Contraloría de las entidades públicas. Rotación periódica del personal. Transparentar la gestión de las entidades gubernamentales publicando los soportes de cada autorización de pago. Auditar las instituciones públicas por parte de la Contraloría de manera semestral, con equipos de auditoría rotativos. De manera aleatoria se utilizarán empresas de auditoría del sector privado para confirmar el resultado de la Contraloría.

También garantizar la publicación íntegra de los hallazgos que soportan las auditorías. Modificar la ley de Compras y Contrataciones Públicas a fin de establecer sanciones penales y civiles para los miembros de los comités de compras y contrataciones de cada institución pública. Hacer eficiente el control sobre las compras públicas con la correcta implementación del SIGEF.

Establecer precios de referencias de adquisición de bienes y servicios y un registro público de peritos que evaluarán los procesos de compra y contratación. Limitar la discrecionalidad en la toma de decisiones del Ejecutivo, mediante Leyes de Silencio Administrativo Positivo, Consolidación de la Ventanilla Única de Inversión, Estabilidad Jurídica y de Simplificación Burocrática, ya sometidas al Congreso.

Control ciudadano

Sobre el control externo las propuestas incluyen que los auditores de la Cámara de Cuentas sean inamovibles e independientes del poder político. Establecer a la Cámara de Cuentas la obligación de publicar la calendarización del plan de auditoría, debiendo ser auditada cada institución del Estado anualmente. Las auditorías de la Cámara de Cuentas, deberán ser publicadas en los 60 días siguientes a su realización.

Como parte del énfasis de transparencia, Abinader incluye autorizar por ley que las instituciones públicas puedan ser auditadas por profesionales independientes debidamente calificados, por iniciativa popular a través de un procedimiento previamente establecido. Reproducir íntegra y fielmente el banco de datos del SIGEF en todos los momentos de la ejecución del gasto público para consulta de la ciudadanía. Y establecimiento por ley que las obras públicas podrán ser auditadas por firmas independientes a iniciativa popular.

Se debe impulsar la aprobación de la Ley de Regulación de Procedimientos de Control y Fiscalización de las Cámaras Legislativas. Compromiso con la aprobación de la ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Fijar sanciones a las violaciones de las leyes del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFE, Presupuesto, Contraloría, Crédito Público, Tesorería, Compras y Contrataciones, Función Pública, entre otras).

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