MIP determina mayoría de homicidio en el país se producen con armas legales.

Fachada del Laboratorio Balístico y Biométrico del Sistema Nacional de Armas (LABB-SISNA) dependencia del Ministerio de Interior y Policía.

SANTO DOMINGO.- De cada 10 homicidios que se cometen en el país con armas de fuego, ocho son con armas legales,  lo que explica claramente   por qué el Gobierno, a través del Ministerio de Interior y Policía,  debe  tener  un registro y control de las armas legales, que al mismo tiempo dentro de  sus  funciones delimite las armas ilegales y  emita la nueva licencia.

Así lo reveló Antonio Valerio, director técnico del nuevo Laboratorio Balístico y Biométrico del Sistema Nacional de Armas (LABB-SISNA) del Ministerio de Interior y Policía junto al director general de esta entidad, Samuel de Moya.

Valerio y De Moya explicaron que atendiendo a esa estadística, desde el primero de octubre se empezarán a tomar datos del arma y huellas dactilares de las personas que busquen adquirir un arma de fuego en el país, para asentar esos datos en el primer Laboratorio de Balística y Biométrico del Sistema Nacional de Armas, que iniciará su operación dentro de un año, con el cual se identificará de forma precisa a los autores y medios de hechos delictivos que se cometan con armas de fuego, ya registradas.

Aseguraron que  más  de un 80 por ciento de los casos de homicidios se producen con armas de fuego legales, pero que de esa cantidad, un 62% se debe a conflictos sociales o convivencias sociales, tales como  choques en parqueos, descuido de los padres con un niño que dispara, problemas en colmadones, y  celos, entre otros  conflictos.

En tanto que  el restante  18% de los homicidios se produce  por parte de las propias autoridades en la persecución del crimen, mientras que menos de un 20% de los homicidios se producen con armas ilegales, indicando que en el país hay 235,000 armas legales registradas.

Resaltaron que esas referidas estadísticas dan como prioridad que el Gobierno necesita la creación  de dicho laboratorio,  que tenga  como función básica controlar la emisión de permisos de  armas legales y delimitar las ilegales, ya que hasta que un país  no tenga un control de quiénes portan las armas de fuego no podrá fiscalizar las ilegales.