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La sanción que puso el Ministerio Público a Dj Adoni por “teteo móvil” en el Cibao

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público informó este lunes que el musicalizador residente en los Estados Unidos, Dj Adoni deberá realizar trabajo social preventivo contra el COVID-19 después de que protagonizó una caravana que recorrió parte de las provincias Duarte y Hermanas Mirabal, en la que movilizó a decenas de personas sin guardar los protocolos para prevenir la enfermedad.

Los fiscales Juana María Brito, titular de la Regional Nordeste de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Departamento; Smaily Yamel Rodríguez Rodríguez, titular de la Fiscalía de la provincia Duarte; y Edward Andrés Núñez-Merette, de la Fiscalía de Hermanas Mirabal, explicaron que Julio Adoni Gross González (conocido como Dj Adoni), reconoció que la actividad multitudinaria puso en riesgo la salud de cientos de ciudadanos.

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Dictan libertad pura y simple a tres exoficiales imputados por intento de secuestro a dos empresarios

SANTO DOMINGO.- El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional descartó la solicitud de prisión preventiva del Ministerio Público en contra de tres exoficiales acusados de intentar secuestrar a dos empresarios dueños de supermercados, y por el contrario, los dejó en libertad pura y simple.

El magistrado Juan Francisco Rodríguez Consoró consideró que la Fiscalía del Distrito Nacional y la Policía Nacional no presentaron pruebas suficientes para imponer una medida de coerción a los imputados, quienes fueron identificados como el exalférez de fragata de la Armada Dominicana Mario Rafael Bretón Santana, el excoronel de la Policía Nacional Luis Elías Cornelio Torres y el excapitán de la Policía Nacional Carlos de Jesús Minier.

Estos eran investigados por el seguimiento y vigilancia contra los dos empresarios dominicanos, y sus familiares con fines de secuestrarlos y pedir un rescate, según establece el expediente del Ministerio Público.

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SCJ establece criterios para determinar responsabilidad patrimonial de la administración pública

SANTO DOMINGO.- La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia anuló una sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que condenaba al Estado al pago de una indemnización de RD$15,000,000 a favor de un contratista y estableció los parámetros que motivaron esta jurisprudencia.

De acuerdo con el alto tribunal, la sentencia del TSA fue emitida sin previamente deliberar si concurrían los elementos que concretizaban la responsabilidad patrimonial.

Entre los elementos que citó, está una conducta que implique una falta al provenir de una acción u omisión antijurídica de la administración, que la conducta haya originado un daño a una persona y que el vínculo de causalidad que debe existir entre la falta y el daño.

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