La Iglesia y la economía (…y 4)

La Iglesia y la economía (3 de 4)

Uno de los teóricos más sobresalientes de la Doctrina Social de la Iglesia, C. Van Gestel, sostiene que en ciertos momentos y bajo determinadas circunstancias, el bien común puede exigir una restricción del derecho de propiedad privada. Desde ese punto de vista oficial de la Iglesia, la nacionalización de una u otra industria “puede recomendarse en ciertos casos”.

Gestel también considera que el Estado puede abrogarse el derecho de imponer un estatuto jurídico especial a ciertas empresas o sustraer ciertos productos del mercado libre “reservándolos para los armamentos”, aunque su intervención deberá más bien atender a la extensión que a la restricción del derecho de propiedad privada, “de suerte que el régimen de bienes corresponda más directamente al destino universal de los bienes terrenos”.

El planteamiento de Gestel tiene consonancia con lo expresado por monseñor Montini (luego Pablo VI) en su carta a la 13 Semana Social de España, de fecha 24 de abril de 1953, en el sentido de que nadie puede negar al Estado el derecho a imponer restricciones o de gravar con obligaciones el ejercicio del derecho de propiedad, no solamente en interés de evitar y castigar los abusos, sino en aras de una mejor satisfacción de las necesidades de la colectividad.

El tema había sido objeto de tratamiento extenso por Pío XII en su radio mensaje del uno de septiembre de 1944, cuando todavía Europa se debatía en los horrores de la guerra. “La política social y económica de lo por venir, la actividad ordenadora del Estado, de los municipios, de los institutos profesionales”,dijo, “no podrán conseguir permanentemente su alto fin-la verdadera fecundidad de la vida social y el normal rendimiento de la economía nacional-, sino respetando y tutelando la función vital de la propiedad privada en su valor personal y social”. (Reproducido con autorización del autor. Publicado en elCaribe.)

La iglesia y la economía (2 de 4)

Al analizar el papel del Estado en la economía, Juan XXIII escribió que uno de sus deberes es intervenir a tiempo a fin de contribuir a producir bienes en abundancia.Además, dijo, constituye una obligación del Estado “vigilar que los contratos de trabajo se regulen con justicia y equidad” y que en los ambientes laborales “no sufra mengua ni el cuerpo ni el espíritu, la dignidad de las personas humanas”.

Está claro, sin embargo, que el rechazo de la acumulación de riquezas por particulares planteada en infinidad de documentos oficiales de la Iglesia, se aplica igualmente al Estado o al Gobierno. En efecto, la norma de fijación del ámbito de esa intervención gubernamental es el principio de la subsidariedad, que ya había enunciado Pío XI en Cuadragesimo Anno y que ha servido de guía a los papas sucesivos.

En esencia, este principio de subsidariedad reconoce únicamente el derecho del Gobierno a hacerse cargo de iniciativas necesarias para proteger la justicia, en todos los órdenes que excedan en todo caso la capacidad de los individuos o grupos privados. En palabras de Pío XI, el Gobierno finalmente “debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero no destruirlos o absorberlos”.

En su libro “La Doctrina Social de la Iglesia”, C. Van Gestel profundiza en la posición oficial del Vaticano sobre la propiedad y el rol del Estado frente a la misma.

“Como este derecho se deriva de la naturaleza”, dice, “el Estado no puede abolirlo. Al contrario en la organización del régimen concreto de la propiedad, deberá considerar la naturaleza como el fundamento designado por Dios del orden social y del mantenimiento de los derechos personales”. Y afirma que el estatuto jurídico de la propiedad no debe concebirse como un orden estático inmutable, sino inspirarse “en las exigencias del bien común y adaptarse a las condiciones cambiantes de la realidad social”.(Reproducido con autorización del autor. Publicado en elCaribe.)

La Iglesia y la economía (1 de 4)

Ahora que la Iglesia se ha dado un nuevo Papa, a nadie en este país debería sorprenderle el activismo de los obispos, porque una de las cuestiones más debatidas en la Iglesia ha sido desde los tiempos de León XIII el papel que ella le reconoce u otorga al Estado en la economía. Juan XXIII dijo que la historia y la experiencia demuestran que “en los regímenes políticos que no reconocen a los particulares la prioridad, incluida la de los bienes de producción, se viola o suprime totalmente el ejercicio de la libertad humana en las cosas fundamentales”.

Sin embargo, este respaldo a la propiedad, fundamentado ya en la encíclica Rerum Novarum (1891), no admite por la Iglesia el derecho a una acumulación ilimitada de riqueza. De hecho la ética moral de la doctrina social de la Iglesia trata de situarla en un punto intermedio entre el individualismo extremo, manifestado en la teoría de mercado libre, y los enfoques colectivistas, expresados en los modelos de sociedad comunista.

El rechazo a esto último ha sido objeto de numerosas interpretaciones a partir del señalamiento de Juan Pablo II de que “tampoco conviene excluir la socialización”, en las condiciones oportunas, de ciertos medios de producción, tal y como lo citaron años antes los obispos norteamericanos en su famosa Carta Pastoral de 1985-86.

Además, en Rerum Novarum se habían dictado las normas de intervención del Gobierno, al exponer el Pontífice claramente que “si, por tanto, se ha producido amenaza o algún daño al bien común, a los intereses de cada una de las clases que no pueda subsanarse de otro modo, necesariamente deberá afrontarlo el poder público”. Pero es Juan XXIII quien, muchas décadas después, sintetiza más profundamente la posición de la Iglesia frente a esta cuestión tan largamente debatida en todo el mundo, al señalar que el Estado no puede permanecer al margen de las actividades económicas cuando está en juego el bien común.(Reproducido con autorización del autor. Publicado en elCaribe.)

A la fiscal del DN, con cariño

Los fondos de pensiones (2 de 2)

Los fondos de pensiones (1 de 2)

En todo país medianamente organizado, las leyes laborables son concebidas para estimular la creación de empleos y garantizar la estabilidad de las empresas.Con esto se persigue asegurar las fuentes de trabajo y fomentar la inversión en áreas de uso extensivo de mano de obra y en proyectos y empresas esenciales al desarrollo de la economía. En el nuestro, esas leyes operan en la dirección contraria. La simple amenaza de su aplicación constriñe la expansión empresarial y evita la atracción de capitales frescos en la industria, el comercio y los servicios.

En el ámbito de la seguridad social, por ejemplo, se da una situación muy grave. La ley es universal y de obligado cumplimiento. Sin embargo, las excepciones conocidas distorsionan todo el sistema y crean bolsones de chantaje y poder, como es el caso de los fondos de pensiones de algunas instituciones y actividades  que existen fuera del sistema y de las cuales no existe información sobre el uso dado a enormes cantidades de dinero, porque simplemente nunca han rendido cuentas ni existe noción acerca del monto recaudado.

Tampoco se sabe si esas fabulosas sumas de dinero van realmente a engrosar alguna cuenta para el retiro de los trabajadores, y quienes realmente la manejan. No se sabe tampoco si la Cámara de Cuentas las audita y quienes firman o autorizan el uso de esos recursos. En el caso de los obreros de la construcción se trata de personal temporal, la mayoría de los cuales es extranjera con permanencia ilegal en el país, de manera que ese sector queda fuera del régimen contributivo.

Otro ejemplo típico es el escándalo de la ARS de los maestros y los fondos de pensiones de otros sectores, cuyos aportes nadie sabe adónde fueron a parar y sin que nadie se haya sentido en la obligación de explicar el uso dado a esos recursos. Tales distorsiones constituyen la peor amenaza al sistema de la seguridad social. (Reproducido con autorización del autor. Publicado en elCaribe.)

De cierto humor

La presunción de que los dominicanos somos una manada de tontos insalvables, le confiere muchas veces al lenguaje oficial un sentido del humor del que por lo general carece. Cuando el presidente Fernández le restó a sus ocupaciones cuatro horas para comerse un sancocho en casa de un reformista, se explicó que había acudido allí para ver una colección de réplicas de obras de arte.

Las fotos de la reunión no mostraron ninguna de esas joyas de la cultura universal, pero sí en cambio la de un puñado de antiguos militantes y dirigentes medios del reformismo aferrados a la posibilidad de que un amarre de esos que sólo los políticos conocen los salvara del abandono y de las vicisitudes propias de todo desempleado.

Cuando el exsecretario de las Fuerzas Armadas del “pepehachismo”, como se denomina en la esfera oficial a todo vínculo con el gobierno del PRD, acudió al Palacio para reunirse con Don Hipólito, la explicación que se le dio al caso fue que ambos se habían reunido para hablar de literatura, algo muy original, por cuanto si bien se trataba de personas muy instruidas uno de ellos en modo alguno es lo que se llama propiamente un literato. Y porque, además, sabido es, y comprobado está, que en el caso de aquél mandatario la pasión por la literatura no entra en el marco de sus prioridades. Y cuando el actual jefe del Estado decidió revocar un acuerdo transaccional con los detentadores de títulos falsos del Parque Nacional Jaragua, en favor del desarrollo de Pedernales, la marcha atrás se justificó con el pretexto de que carecía previamente de toda la información.

De todas maneras el hecho de que se nos considere los ingenuos que muchos de nosotros en realidad no somos, contribuye a aligerar el ambiente y proporciona un pequeño momento de diversión, en medio de las calamidades propias de una realidad cada vez más dramática y difícil. Celebremos pues las ocurrencias oficiales. (Reproducido con autorización del autor. Publicado en elCaribe.)