Objetivos de una reforma difícil

Se atribuye a Benjamín Franklin haber dicho que al nacer sólo se tienen dos cosas seguras: la muerte y los impuestos. Aquí, en la política como en la economía, debido a los altos niveles de evasión impositiva, muchos solo tienen como segura la muerte.

Diversos altos cargos del Gobierno llegaron a plantear la necesidad de un pronto inicio de discusión de una reforma fiscal que permita su aplicación el año próximo, lo cual no parece posible en un año de elecciones.

La Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo estableció la necesidad de tres pactos fundamentales en la Educación, la Electricidad y el área fiscal. De ellas solo hemos alcanzado la primera, medianamente la segunda y queda por discutir la que tiene que ver con los impuestos y el gasto público. Se ha dicho que es impostergable asumir el desafío de una reforma tributaria integral, en toda la profundidad que la situación exige, para actualizar el Código Tributario que no responde ya, se dice, a las exigencias de la economía ni guarda relación con los cambios realizados en las últimas tres décadas.

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Un obligado tema de campaña

La corrupción nunca ha sido cosa del pasado en la política dominicana. Con cada nueva administración se renueva y potencializa. A sabiendas de esa realidad, y a fin de evitar la violencia, en campañas anteriores se han dejado fuera del debate algunos de los temas más importantes, como el de la corrupción. Si bien el respeto que deben tenerse los candidatos es esencial a la armoniosa marcha del proceso democrático, tan buenos deseos pudieran, con vista a los comicios del 2024, echar a rodar la oportunidad de poner en claro la real dimensión del problema.

Cuando se habla de prioridades, saltan a relucir los temas de la educación, la salud, el medio ambiente y la seguridad ciudadana. Pero muchas veces pasamos por alto que una de las causas del legendario fracaso nacional para alcanzar las metas anheladas en cada uno de esos sectores fundamentales, es la terrible y cada vez más intensa corrupción que corroe los cimientos de la sociedad y convierte a los gobiernos en instrumentos de enriquecimiento ilícito de los clanes en el poder.

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Cuando se aprenda a valorar el voto

Cuando los dominicanos aprendan a valorar su voto y entiendan que venderlo por una migaja navideña o una promesa de campaña implica el congelamiento de sus esperanzas, la política será distinta. Se reflexionará acerca de si es necesario para garantizar la funcionalidad del Congreso, mantener un Poder Legislativo que funciona y ha funcionado más a favor de sus miembros que en beneficio de la República y sus débiles instituciones democráticas. Quien no quiera verlo de esa manera corre el riesgo, y me refiero a sus integrantes, de que en algún momento el país se pregunte realmente si vale la pena seguir costeando privilegios que naciones mucho más ricas no se permiten.

El pretexto de que el “barrilito” y “cofrecito” son una especie de ayuda social en aquellos lugares donde no alcanza la mano benefactora del Estado, carece de sentido y no justifica tales canonjías, porque no hay evidencia salvo la entrega esporádica de un ataúd de madera barata y un colchón, que santifique ese abusivo y personal uso de cuantiosos recursos presupuestarios, cuando ese dinero muy bien podría ser usado en reforzar y ampliar los programas asistenciales del Gobierno. El pueblo no vota por sus representantes en el Congreso para que distribuyan ataúdes, colchones y mosquiteros, sino para que conciban y aprueben leyes que mejoren la vida de los dominicanos y fortalezcan sus instituciones.

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En un mundo de transgéneros (y 3)

El partido Podemos puso en el 2017 de vuelta y media a las iglesias y a más de media España con su propuesta al Parlamento contra lo que llama discriminación por orientación sexual y de igualdad social del colectivo LGTB. La Federación de Entidades Evangélicas y la jerarquía católica advirtieron que la iniciativa rompía con las tradiciones españolas imponiendo normas contrarias al derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus valores.

Según el Episcopado español, la propuesta podría promover la “destrucción de libros que vayan contra la ideología de género” e imponer un “pensamiento único”, calificándola como una “ley totalitaria y adoctrinadora”, que culminaría con la instalación de “una agencia estatal con capacidad punitiva”. La propuesta y la influencia creciente del colectivo LGTB tienen a gran parte de la sociedad española en ascuas.

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En un mundo de transgéneros (2)

A la Suprema Corte de Estados Unidos le toca decidir, si no lo hizo ya, sobre un caso que cambiaría la visión que la humanidad tiene sobre la historia y acerca de sí misma. Se trata de un expediente relacionado con los llamados “derechos de los transexuales” y lo que la “ideología de género” define como un delito de discriminación contra quienes creen que la identidad sexual no procede de una condición biológica, sino fruto de un contrato social que debe ser cambiado.

Una pareja de homosexuales pidió a una pastelería un bizcocho para celebrar su matrimonio. El propietario del negocio se negó, aduciendo sus valores familiares y sus derechos constitucionales. La pareja se querelló, el establecimiento fue cerrado y el pastelero fue multado con una fuerte suma y sometido a la justicia bajo el cargo de discriminación contra los derechos de la comunidad homosexual.

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En un mundo de transgéneros (1)

La llamada “ideología de género” que se trata de imponer sobre la base de que la identidad sexual no es una realidad biológica sino una construcción socio-cultural, carece de sustentación científica. Pero esa corriente defensora de los transexuales a elegir su sexo, está ganando terreno en muchas partes y comienza a expandirse en el país. Organizaciones internacionales, con el respaldo de algunos gobiernos intentan imponerla a través de los niveles más bajos del sistema educativo, es decir la educación infantil.

El tema encierra un peligro inminente y las consecuencias ya se han visto, como es el caso de España. Allí, en reacción a una campaña por grupos defensores de los derechos de los homosexuales, en el 2017 ciudadanos españoles hicieron circular un autobús con un letrero que decía: “los niños tienen pene, las niñas tienen vagina”. Esa irrefutable realidad provocó airadas expresiones de repudio por grupos de la comunidad LGTB que la estimaron insultante, lo que encontró amplios espacios en los medios, generando acciones represivas de parte de la autoridad pública, como fue el caso de la confiscación del vehículo por parte de la alcaldía de Madrid y el sometimiento judicial de los autores.

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El fideicomiso ahoga las prioridades

El país está inmerso en una discusión sobre las virtudes de una ley de fideicomiso público, y esa atención relega a un plano secundario el interés por otros temas fundamentales, algunos de los cuales reposan por años en los archivos del Congreso y en el amplio espacio del olvido nacional.

Me refiero a la educación, a la necesidad inaplazable de dotarla de la calidad que haga de ella un fuerte instrumento del desarrollo futuro de la República. Y, por supuesto, de nuestra otra gran prioridad impostergable; el mejoramiento de las condiciones de salud del pueblo, hoy en crisis.

Los poderes del Estado no le prestan la atención debida al choque natural de intereses que en la actualidad estremece al sistema de la seguridad social, con los afiliados a un tris de perder un servicio de atención médica por el que pagan conjuntamente con las empresas en las que laboran a través del sistema.

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El derecho a no asociarse

A despecho de cualquier intento de interpretación jurídica, en sentido estricto de la palabra, la obligatoriedad de pertenecer a un colegio o asociación para ejercer un derecho, viola el principio de libre asociación y, por ende, el espíritu y letra de la Constitución dominicana.

¿Es legal y constitucional hacer necesario e indispensable pertenecer a colegios profesionales para poder ejercer profesiones liberales, como la medicina, el derecho, la ingeniería y la arquitectura, para la que se ha estudiado y preparado durante casi toda una vida?

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