Al margen de la rivalidad nacional (4 de 4)

Cuando la distribución de la propiedad es un obstáculo “al normal rendimiento de la economía”, lo cual no es originado siempre por la extensión del patrimonio privado, en interés del bien común, el Estado “puede intervenir para regular su uso, o también, si no se puede proveer justamente de otro modo, decretar la expropiación mediante “la conveniente indemnización”.

La sentencia no es hija de un discurso populista ni proviene de un líder comunista. Formó parte del mensaje radial de Pío XII, uno de los papas más conservadores de la historia, de septiembre de 1944, que citáramos en nuestra entrega de ayer. En Octagesima Advenies, años después, Paulo VI llegaba a conclusiones más radicales en materia económica. El Evangelio, escribió, “al enseñarnos la caridad nos inculca el respeto privilegiado a los pobres y su situación particular en la sociedad: los más favorecidos deberán renunciar a algunos de sus derechos para poner con mayor libertad sus bienes al servicio de los demás”.

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Al margen de la rivalidad nacional (3 de 4)

Uno de los teóricos más sobresalientes de la Doctrina Social de la Iglesia, C. Van Gestel, escribió que en ciertos momentos y bajo determinadas circunstancias, el bien común puede exigir una restricción del derecho de propiedad privada. Desde ese punto de vista oficial de la Iglesia, la nacionalización de una u otra industria “puede recomendarse en ciertos casos”.

Gestel también considera que el Estado puede abrogarse el derecho de imponer un estatuto jurídico especial a ciertas empresas o sustraer ciertos productos del mercado libre “reservándolos para los armamentos”, aunque su intervención deberá más bien atender a la extensión que a la restricción del derecho de propiedad privada, “de suerte que el régimen de bienes corresponda más directamente al destino universal de los bienes terrenos”.

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Al margen de la rivalidad nacional (2 de 4)

Al analizar el papel del Estado en la economía, Juan XXIII escribió que uno de sus deberes es intervenir a tiempo a fin de contribuir a producir bienes en abundancia. Además, dijo, constituye una obligación del Estado “vigilar que los contratos de trabajo se regulen con justicia y equidad” y que en los ambientes laborales “no sufra mengua ni el cuerpo ni el espíritu, la dignidad de las personas humanas”.

Está claro, sin embargo, que el rechazo de la acumulación de riquezas por particulares planteada en infinidad de documentos oficiales de la Iglesia, se aplica igualmente al Estado o al Gobierno. En efecto, la norma de fijación del ámbito de esa intervención gubernamental es el principio de la subsidiariedad, que ya había enunciado Pío XI en Cuadragesimo Anno y que ha servido de guía a los papas sucesivos. En esencia, este principio de subsidiariedad reconoce únicamente el derecho del Gobierno a hacerse cargo de iniciativas necesarias para proteger la justicia, en todos los órdenes que excedan en todo caso la capacidad de los individuos o grupos privados. En palabras de Pío XI, el Gobierno finalmente “debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social pero no destruirlos o absorberlos”.

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Al margen de la rivalidad nacional (1 de 4)

El papa Juan XXIII dijo que “en los regímenes políticos que no reconocen a los particulares la prioridad, incluida la de los bienes de producción, se viola o suprime totalmente el ejercicio de la libertad humana en las cosas fundamentales”. Sin embargo, este respaldo a la propiedad, fundamentado ya en la encíclica Rerum Novarum (1891), no admite por la Iglesia el derecho a una acumulación ilimitada de riqueza. De hecho la ética moral de la doctrina social de la Iglesia trata de situar a éste en un punto intermedio entre el individualismo extremo, manifestado en la teoría de mercado libre, y los enfoques colectivistas, expresados en los modelos de sociedad comunista.

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La pasión por cargos públicos

Los dominicanos, perdonen la generalización, darían cualquier cosa por un cargo público; su salud y tranquilidad hogareña incluidas. Conozco un empresario que padeció semanas de un fuerte dolor de cabeza porque no había recibido diez años atrás, como otros de sus colegas, una invitación para una cena navideña en el Palacio Nacional a un costo de medio millón de pesos, para la cual ya se había dotado de catalejos para poder ver la mesa presidencial por si se repetía la experiencia anterior cuando fue colocado en un lejano pasillo desde donde no se alcanzaba ver al presidente.

Balaguer solía designar en posiciones técnicas a personas sin el debido conocimiento de los asuntos relacionados con el cargo y casi siempre se las aceptaban. Lo que importa es estar arriba, aunque implique un sacrificio. Nos gusta sabernos importantes, con chofer y guardaespaldas, a sabiendas muchas veces de que son los lleva y trae. El desempeño de un alto cargo público implica la posibilidad, casi segura, de quedar expuestos a vejámenes y alusiones insidiosas cuando algo no funciona, ya del Águila desde la altura donde vuela y no le alcanzan las maldiciones a sus decisiones, o de aquellos que en las redes dejan verter sus miserias interiores.

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¿Obsesión o deseo de hacer justicia?

La democracia funciona cuando los gobiernos y sus órganos actúan conforme a la Constitución y las leyes. El irrespeto a las normas legales por quienes juraron respetarla, es, en la práctica, una deserción de los principios y valores que hacen posible su funcionamiento y abre las puertas a la destrucción del estado de derecho y la coexistencia pacífica en un sistema de libertades y respeto a las ideas, que es en síntesis la esencia misma de la democracia.

En la lucha contra la corrupción selectiva puesta en marcha por lo que se pretende ser un Ministerio Público independiente, se han cometido muchas violaciones a derechos fundamentales., según expertos y abogados. El debido proceso, base fundamental de una sana administración de justicia, y la presunción de inocencia han sido vulnerados. La filtración de informaciones a los medios, incluso en fase de investigación, han resaltado la intención de inocular en la opinión pública una impresión temprana de culpabilidad, sin haber siquiera entrado en la fase de juicio.

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Una tarea pendiente (3 de 3)

Ahora bien, ¿cómo abordar esa delicada tarea de imponerse límites antes de que la acción provenga de poderes que restrinjan los espacios de libertad mediáticos? ¿Qué debe hacerse para establecer las débiles fronteras resultantes de ese esfuerzo sin que ello implique una restricción de la práctica del periodismo, sin desproteger, además, el marco del ejercicio de las demás libertades públicas?

El problema que la hace difícil radica en el éxito de las prácticas que hacen paradójicamente necesarias la responsabilidad de fijar esos límites.

Muchos creen que el buen ejercicio radica en desechar el buen uso de las palabras y que la razón se adquiere o expresa a través del ruido. Y como la altisonancia cala bien en muchas audiencias, con el tiempo esa modalidad del periodismo se ha convertido en un modelo exitoso, al que han contribuido las redes y que acabará por distorsionar el justo y correcto rol de una prensa responsable en los procesos electorales y, por ende, en la estabilidad social y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, incluyendo la propia prensa.

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Una tarea pendiente (2 de 3)

En muchos países, la ausencia o inobservancia de los límites que impone un ejercicio responsable de la libertad, ha conllevado a que los ciudadanos se muestren dispuestos a renunciar a derechos con tal de preservar niveles aceptables de seguridad. En otra dimensión es lo que ha ocurrido en Estados Unidos, tras los atentados del 11 de septiembre y lo que estamos presenciando en Europa ante los efectos de inmigraciones masivas que han estado pulverizando valores tradicionales de esas sociedades y los logros políticos de la Unión, como la libre circulación, y la desaparición virtual de las fronteras. En Estados Unidos y Europa los ciudadanos han aceptado la pérdida de algunos derechos a cambio de una mayor seguridad y la preservación de tradiciones y valores.

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