Lo importante es ganar, lo demás no importa

Cuando se alcanza cierto nivel de democracia, es dable esperar que la transparencia sea un hábito del ejercicio político. Y que esa claridad enmarque toda actividad pública dentro del marco de la ley. Pero si en el ambiente actual se llegara al ideal de transparentar el financiamiento de las campañas electorales, dudo que el país pueda ser el mismo y que los partidos y líderes reclamantes resulten ilesos.

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La presunción de inocencia como regla

Nuestro profesor de derecho en la Facultad de Humanidades, doctor Richiez Acevedo, solía reducir las discusiones sobre la problemática nacional con una frase lapidaria: “Arreglemos la justicia y se arreglará todo”. La frase viene a propósito por la ligereza con que aquí se festina la presunción de inocencia, un principio jurídico penal que establece como regla la inocencia de una persona, sin importar la naturaleza o gravedad de los cargos que se le imputen.

Nuestra Constitución y las constituciones de prácticamente todos los países regidos por sistemas o gobiernos democráticos, establecen que solamente a través de un proceso o juicio en el que se demuestre la culpabilidad de un acusado, podría ser objeto de sanción penal por el Estado.

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Echemos a un lado la política

Desde su estreno en el Teatro Italiano de París en enero de 1835, son escasos los tenores que incorporan a su repertorio I puritani (Los puritanos) la célebre ópera de Vincenzo Bellini, que uno de sus mejores intérpretes de todos los tiempos, el mítico y legendario tenor lírico canario Alfredo Kraus, llegó a calificar de “inhumano” tras renunciar a interpretarlo de nuevo por el enorme esfuerzo que requiere el papel estelar del personaje Arturo Talbot. Algunos biógrafos del compositor aseguran incluso que su temprana muerte, sin haber cumplido los 34 años, meses después del estreno de la obra, tuvo que ver con la fatiga que en él produjo escribirla.

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Un muro adicional al de la frontera

El creciente papel de las iglesias en la discusión de los temas políticos y electorales, e incluso en los más mundanos y laicos de los asuntos, nos recuerda “el muro de separación entre la Iglesia y el Estado” que Thomas Jefferson delineó en su memorable carta del 7 de octubre de 1801 a la Asociación Bautista de Danburg, Connecticut. Un concepto que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos usó en 1962 para validar su decisión de declarar inconstitucional la obligación de hacer oraciones en las escuelas públicas, y establecer una línea entre la religión organizada y el Estado.

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Más allá de quien gobierne

A despecho de la enorme y creciente rivalidad política, para la mayoría de los dominicanos lo importante no es quién los gobierne, sino cómo se comportan las personas sobre las que recae esa enorme y grave responsabilidad. En otras palabras, lo que interesa realmente es que los gobiernos trabajen por el bien común, fortalezcan las instituciones, respeten los derechos ciudadanos, protejan las libertades civiles y cuiden el patrimonio público.

Nadie en su sano juicio quiere, por tanto, el fracaso de una administración. El bienestar familiar depende de la marcha del país. Si la economía se cae los dominicanos caen con ella. Si se erosiona el clima de libertad, se cierra el espacio donde se mueven y laboran.

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El crecimiento parasitario del Estado

En las dos últimas décadas, los dominicanos han visto florecer, crecer y expandirse, sobre todas las demás, tres áreas importantes de negocios dentro del marco del crecimiento general de la economía: los combustibles, la medicina de laboratorios y el eléctrico. Pero ninguna de esas áreas puede compararse en rentabilidad y expansión con el crecimiento parasitario del Estado, cuyo nivel de garantía supera al propio florecimiento de la economía nacional.

La economía, según cifras disponibles, se ha expandido a un ritmo promedio del 4.0 por ciento en lo que va de siglo, mayor que la media latinoamericana. El crecimiento del Estado ha sido muy superior. La expansión de la primera supone mayor oportunidad de empleo y auge de actividades comerciales, financieras y económicas, con elevada promesa de cambio en la estructura social. La del Estado supone lo contrario: dependencia partidaria, burocratismo excesivo, pobreza cultural y material y tutelaje estatal.

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“¡Escoged un papa católico!”

En su libro El Pontífice: un asesino para tres papas, Gordon Thomas y Max Gordon-Witts relatan que tras la muerte de Pablo VI, a comienzos de agosto de 1978, mientras esperaban por la elección del nuevo custodio de las llaves de San Pedro, las turbamultas reunidas en las plazas de Roma y el Vaticano, mostraban letreros con una rogativa: “¡Escoged un papa católico!”.

Las multitudes de Roma querían significar con su demanda, el ascenso de un hombre más consciente de sus deberes pastorales, que comprometiera a la iglesia con los pobres. Anhelaban un papa para todo el mundo, no solamente para los católicos. Un líder que al mismo tiempo no pretendiera consuelos o fórmulas cristianas para aquellos que no lo eran. Un hombre, en definitiva, que supiera sonreír y pudiera penetrar así más fácilmente el alma de los hombres y atender sus inquietudes.

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La explotación política de la pobreza

Las políticas de “humillación popular”, eufemísticamente llamadas de “bienestar social”, que fuerzan a centenares de ciudadanos a hacer largas colas, a soportar empujones, lluvias e inclemente sol, durante esperas interminables para recibir una mísera caja con alimentos y bebidas de mala calidad que apenas sirven para una noche navideña, son muestras irrefutables del atraso de la clase política y de nuestra insufrible carencia de instituciones democráticas verdaderas. Una práctica que promueven por igual Gobierno y oposición, convertida en dinero virtual para la compra de votos.

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