Por una justicia verdadera
26 febrero, 2024 Deja un comentario
La insistencia en celebrar que en cada cambio de administración, como ocurre desde el 2020, se tenga la oportunidad de enviar a la cárcel a quienes el ojo escrutador de la opinión pública señale como autores de actos indecorosos contra el patrimonio nacional produce escalofríos. Viniendo de abogados y periodistas, la observación sacude a quienes creemos que una buena justicia, basada en la aplicación del Derecho, no necesita de atajos.
Me asusta que alcancemos un nivel de desconfianza tal en la independencia de los poderes, cuya única posibilidad de ganarle terreno a la corrupción consista en vulnerar el principio de independencia consagrado en la Constitución. Sea el actual o el que le reemplace en las elecciones de este año, la responsabilidad del Gobierno es cuidar que los bienes públicos sean religiosamente guardados y de reunir las pruebas necesarias para llevar a la justicia a los responsables de violar las normas de un pulcro ejercicio de las funciones públicas. Determinar la culpabilidad final es una tarea de los tribunales. Son estos los que deben dictar las sentencias, sean de culpabilidad o de absolución.


