La raíz de nuestros males

La causa principal de nuestros males y del pobre desarrollo democrático nacional la constituye la peculiar concepción de poder que tenemos los dominicanos. Entre nosotros existe la convicción de que el ejercicio del poder político otorga privilegios especiales. Esa errada concepción se ha transferido de gobierno a gobierno a través de nuestra historia republicana. Y nos ha impedido crecer al imponer viciosas prácticas oficiales semejantes en la práctica cotidiana más a una dictadura que a una democracia real.

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Los vicios del modelo dominicano

No se necesita ser émulo de Paul Samuelson, Premio Nobel de Economía, para saber que las economías centralizadas generan estrechez y pobreza; constriñen el desarrollo y degeneran en el planeamiento de la vida ciudadana. Basta con la experiencia. Pero también es cierto que una economía de mercado sin restricción alguna impide la justicia social. En la práctica ambas se asemejan. De manera que requerimos de un modelo intermedio para garantizar el principio de la distribución del poder y propiciar oportunidades más equitativas dentro de un sistema de libre concurrencia.

En el modelo dominicano, la pronunciada presencia del Gobierno en la actividad económica genera una peligrosa asociación de funcionarios y empresarios corruptos con los resultados que todos aquí conocemos.

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La debilidad institucional dominicana

Nuestra primera prioridad en materia institucional debería orientarse al fortalecimiento de la posición de los ciudadanos frente al poder estatal. Tenemos otras muchas prioridades, es cierto, pero la experiencia política de las últimas décadas indica que nos hemos empantanado en el esfuerzo por consolidar las instituciones y con ello la democracia, cuya práctica entre nosotros sigue siendo débil y excluyente. Así, con el correr del tiempo, hemos destruido la capacidad de los ciudadanos para controlar de manera eficaz al Estado y a sus organismos represivos.

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¿Tiene la democracia un precio?

Cuando hablamos del precio de la democracia, nada me parece más horripilante que ese lugar común al que apelan diariamente los dirigentes del país para justificar los vicios de la política vernácula. Eso de “pagar el precio de la dominicana” no es más que una vulgar falacia, un intento de legitimar cuantas barbaridades ha padecido la nación para mantener los privilegios de una clase que controla los resortes de la vida política, como si se tratara de derechos nobiliarios, adquiridos por herencia, olvidándose de que al igual que la realeza europea, que se casa entre familia, los genes de la dirigencia política nacional han dejado ver desde hace tiempo sus estragos.

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El nefasto culto a la personalidad

Si me preguntaran qué medidas fuera del ámbito económico esperaría de una administración empeñada en arreglar las cosas, reclamaría un decreto que prohibiera “el elogio a la figura presidencial”. Sería un primer paso a la eliminación del culto de la personalidad, tan dañino en nuestra historia, y que se ha incrementado reviviendo en la memoria de generaciones las terribles consecuencias de esa odiosa práctica en la vida nacional.

Esa medida conllevaría necesariamente otras prohibiciones, como las ridículas normas protocolares, sepultadas en la administración anterior, de trasladar sin importar distancia a todos los actos públicos la silla decorada con el escudo nacional donde el Presidente se sienta, para hacerlo ver más alto que los demás. Se llevaría consigo los vacíos y rigurosos discursos que en toda actividad oficial deben pronunciarse para agradecerle su honrosa y magnánima presencia, con la bendición obligada del obispo o el cura de la parroquia, según el caso. Enviaría a Bienes Nacionales como una reliquia la alfombra roja que se le coloca para resaltar sus pisadas, y oficializaría la supuesta prohibición del retrato presidencial en cada oficina pública.

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Un extraño en el paraíso

La distorsión más dañina al periodismo ha sido la creencia de que un medio está obligado a publicar o difundir todo lo que recibe, escriben o plantean sus reporteros y comentaristas. Los promotores de ese periodismo de “vanguardia” y de “compromiso con la verdad” entienden que la negativa del medio en que laboran a aceptar cuanto quiera decirse o escribirse en sus espacios y páginas constituye una violación a la libertad de prensa y una limitación del derecho a la libre expresión. La pretensión carece de base. En una sociedad democrática y plural como la nuestra imponerla lesiona el derecho de propiedad, tan legítimo como las demás libertades básicas.

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De la Iglesia y sus ministerios

Las personas de éxito, el que se deriva del ejercicio o práctica de una actividad, no el fortuito producto de un golpe de lotería, tienen conciencia de sus límites. De lo que pueden hacer con base en sus capacidades físicas o intelectuales. Por eso me resulta difícil entender lo que con frecuencia se publica en los medios. Por ejemplo, leer, escuchar o ver en diarios y estaciones de radio y televisión, detalles de entrevistas realizadas a personalidades de la Iglesia. Obispos y sacerdotes hablan de todo, menos de asuntos relacionados con la fe y sus ministerios.

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Una discusión sin salida

En la discusión sobre el artículo 37 de la Constitución, cuyo texto reza: “El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso, la pena de muerte”, entran en juego muchas interpretaciones sobre el concepto de la vida, sea que se la entienda desde una perspectiva religiosa o secular. El texto se cuestiona más adelante en el punto 3 del artículo 42, cuando se lee: “Nadie puede ser sometido, sin consentimiento previo, a experimentos y procedimientos que no se ajusten a las normas científicas y bioéticas internacionalmente reconocidas. Tampoco a exámenes o procedimientos médicos, excepto cuando se encuentre en peligro su vida”.

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