La deuda haitiana con Haití

Los afanes nacionales por propiciar la ayuda internacional para socorrer a Haití, son absolutamente comprensibles. Solo que se necesitará mucho más allá de la caridad internacional, para estabilizar a ese país y enderezarlo por el camino de la solución de sus problemas ancestrales.

Además, es obvio que por más ayuda que reciba, no será suficiente para sanear su economía y permitirle encaminarse hacia la lenta solución de sus graves dificultades sociales y económicas, generadoras de una inestabilidad política que compromete no solo su seguridad sino la nuestra y, por ende, la paz regional.

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El triunfo impone rejuvenecer el “cambio”

Si alguien me preguntara sobre la prioridad del presidente Luis Abinader tras su amplia y contundente victoria electoral, no vacilaría en responder: rejuvenecer el Gobierno. La razón es simple. Sin importar que la balanza en términos de popularidad se incline a su favor, refrescar la cara de un gobierno próximo a iniciar su quinto año ayudaría a despejar cualquier duda sobre el deseo de transformación y cambio prometido al país.

Para muchos de sus seguidores y colaboradores, mi percepción tendría el carácter de una crítica o censura. Pero está simplemente cimentada en la experiencia observada durante los largos años de mandatos de Joaquín Balaguer. Durante ese largo periodo, el líder reformista solía encarar las dificultades nacidas de escándalos o negligencias oficiales, rotando o cambiando la composición en aquellas áreas objetos de la ira o el descontento público.

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El triunfo de la reelección

El contundente triunfo de la reelección en los comicios del domingo le da al presidente Luis Abinader el espacio político suficiente para llevar a cabo sus promesas electorales sin escollo alguno.

Su control y dominio absoluto del Congreso le facilitará la tarea de impulsar cuantas reformas desee, incluso una fiscal, por tiempo postergada, de alcance y propósitos desconocidos, cuyo objetivo y dimensión se desconocen. En ese esfuerzo, no se anticipan contratiempos a excepción de aquellos generados en los sectores que pudieran resultar los más afectados por la iniciativa.

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La infuncionalidad de las instituciones

En nuestro país las instituciones no funcionan y sólo existe un poder real, el Ejecutivo, al cual he repetido en este espacio hasta el cansancio se subordinan los demás, por innumerables razones, el miedo entre ellas.

Pero las decisiones personales pueden reemplazar esa ausencia en momentos de crisis. Tras la renuncia forzosa de Charles de Gaulle, en enero de 1946, meses después de finalizada la segunda guerra mundial, la prensa francesa ironizó la autoridad de quienes inmediatamente le sucedieron señalando que se trataba de hombres “de buena voluntad, no de voluntad”. En el caso de aquellos que dirigen muchas de las más importantes instituciones nacionales la frase tiene una aplicación entre nosotros tan extraordinaria como innegable.

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La intolerancia y el debate de las ideas

Es cierto que la prensa ha sido víctima de la intolerancia de quienes no creen en ella o la ven como un obstáculo a sus ambiciones desmedidas. Pero no es menos cierto que muchos ciudadanos, en la política, la farándula, el deporte y el Gobierno, son con la misma frecuencia víctimas de los prejuicios y de la incompetencia de quienes han encontrado en el ejercicio del periodismo un medio para exhibir sus mediocridades intelectuales.

A menos que esté preparada para aceptar los más severos juicios sobre su papel, la prensa nacional, y en particular los periodistas, no estaremos en condiciones de contribuir eficazmente a la creación de un clima libre y sin prejuicios para el debate de las ideas, lo cual es fundamental para la democracia. Los ejemplos diarios de intolerancia periodística son tantos como los que la prensa critica.

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Variaciones sobre un tema

En torno al tema del trato entre periodistas y políticos, tratado en la columna de ayer, recuerdo las protestas y quejas que abrumaron en agosto de 1985 al entonces síndico del Distrito Nacional, José Francisco Peña Gómez, cuando, en ejercicio pleno de sus derechos, el político cuestionó la capacidad de articulistas y comentaristas que habían escrito y hablado en forma crítica sobre él y sus posibilidades electorales en aquella época dentro del PRD.

Peña Gómez los llamó “disparatosos”. La reacción a ese calificativo fue desproporcionada y no guardó el debido respeto a las opiniones de un líder sobre la prensa.

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Una polémica interminable

Los periodistas no estamos totalmente exentos de la intolerancia que tantas veces erosiona el clima de respeto a las opiniones ajenas en un ambiente de ejercicio democrático. Así como la prensa tiene absoluto derecho a formarse los juicios más severos sobre los líderes nacionales, en la misma medida éstos pueden forjarse los suyos con respecto a los medios y, en particular, acerca de quienes escribimos en ellos, sin excepción.

Si la crítica, a veces amarga, dura y sistemática, contribuye a recordarles a ciertos dirigentes sus limitaciones y el alcance de la prensa en una sociedad democrática, de igual manera los periódicos y los periodistas deben aceptar que ella se le aplica en lo que a las deficiencias de los analistas y los medios se refiere. La libertad de expresión garantiza el derecho de los ciudadanos a emitir sus ideas libres de toda coacción o presión. Y esto, por supuesto, no excluye a la prensa ni a los políticos.

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La demencial ira del profeta

Occidente ha sido víctima en los últimos años de crueles muestras de intolerancia por parte de grupos fanáticos musulmanes que han culminado en actos lamentables de violencia. Algunas han sido provocadas por expresiones propias del ejercicio de la libertad y no están ligadas a conflictos de carácter bélico, como la guerra en Irak o el enfrentamiento de judíos y palestinos en el Medio Oriente.

Numerosos diarios de esta parte del mundo en su momento publicaron editoriales para expresar su horror ante la “fatwa”, sentencia de muerte, con que los imanes iraníes condenaron al escritor británico de origen hindú, Salman Rusdhie, por la publicación del libro “Los versos satánicos”, considerado como ofensivo al profeta Mahoma. La sentencia ordenaba a los musulmanes darle muerte donde quiera que el escritor se encontrara. La orden era también extensible a los editores responsables de la publicación. Rusdhie vivió escondido durante años y en un vano intento por aplacar el furor de los líderes musulmanes expresó su arrepentimiento por el libro, lo que no le sirvió de mucho.

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