La errónea reacción oficial a las críticas

La verdadera fortaleza de un gobierno, la que finalmente cuenta, no procede del partido que lo sustenta. Proviene casi siempre de la mayoría ajena a las luchas partidistas que votó por el presidente. La fuerza que la alimenta emana del profundo deseo nacional de que la situación mejore y que la administración, en esta oportunidad del presidente Abinader encuentre el camino adecuado y más corto para encarar con éxito los acuciantes problemas del país.

Nadie en su sano juicio quiere el fracaso del mandato actual, como tampoco quería esa suerte para el anterior o para los que estuvieron antes. Por el contrario, la gente ora para que la economía mejore y cada año sea un período de progreso y crecimiento. ¿A qué viene todo esto? La reflexión es a propósito de la tendencia en la esfera oficial a atribuirle visos de oposición a toda manifestación contraria a una directriz o política proveniente del sector público. Se pasa por alto la realidad que entraña el ferviente deseo de cooperación que llevan consigo muchas de esas críticas.

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El creciente gigantismo estatal

El gigantismo estatal estrangula el modelo de libre empresa en beneficio de pequeñas y privilegiadas élites seudo empresariales hechas a la carrera, que obstaculizan el desarrollo nacional. Estos grupos han tenido mucho éxito en propiciar alianzas con la burocracia gubernamental, en franca conspiración contra los verdaderos intereses nacionales.

A menos que las oportunidades no sean las mismas para todos los agentes que intervienen en la vida económica de la nación, sólo podríamos ufanarnos de la existencia de un capitalismo de Estado. Un régimen híbrido que no es una cosa ni la otra y que sólo le ha dejado al país un penoso legado de corrupción e ineficiencia, con un altísimo costo moral, social y económico.

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El Gobierno y la libertad ciudadana

Las pronunciadas tendencias a conferirle al Estado un papel preponderante en la economía inspiran muchas reservas, debido a las penosas experiencias de ensayos pasados y presentes. Por acción de los gobiernos y a pesar de su ostensible incapacidad para atender sus responsabilidades esenciales, el Estado ha ido creciendo de una forma tan brutal que interviene en la vida de cada ciudadano, lo que es una carga muy difícil de sobrellevar.

No existe de hecho una actividad de impacto que no esté de alguna forma ligada, atada, comprometida o asociada con el Estado, o paralizada por él.

Así, mientras fallan en dotar adecuadamente a las escuelas de pupitres, pagar a tiempo a los servidores públicos, muchos de los cuales no desempeñan una función útil, y no encuentran cómo darles ocupación a miles de médicos desempleados, no obstante las deficiencias de los servicios de salud que prestan, los gobiernos se empeñan en ensanchar su radio de acción y se convierten en instrumentos abrumadoramente dominantes. Asumen tareas que en sus manos resultan tan amplias como absurdas. El crecimiento de ese papel resulta en la creación de controles excesivos y paralizantes de la actividad creativa.

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Vulgaridad, un negocio en ciertos medios

Para desgracia del periodismo, algunos propietarios de medios electrónicos tal vez ignoren que, a despecho de lo que diga la ley, ellos son moralmente responsables de cuanto se diga o haga en sus estaciones de radio o televisión. Que las ofensas y alegres insinuaciones que frecuentemente se lanzan sobre honras o tranquilidades hogareñas tienen su precio. Que si bien la popularidad que esa obscena práctica genera produce por un tiempo mucho dinero, en algún momento se transforma en descrédito y rechazo. En definitiva, que nadie es tan tonto para creer que esas cosas suceden sin el consentimiento o visto bueno de sus dueños o empleadores.

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Vulgaridad, un negocio en ciertos medios

Para desgracia del periodismo, algunos propietarios de medios electrónicos tal vez ignoren que, a despecho de lo que diga la ley, ellos son moralmente responsables de cuanto se diga o haga en sus estaciones de radio o televisión. Que las ofensas y alegres insinuaciones que frecuentemente se lanzan sobre honras o tranquilidades hogareñas tienen su precio. Que si bien la popularidad que esa obscena práctica genera produce por un tiempo mucho dinero, en algún momento se transforma en descrédito y rechazo. En definitiva, que nadie es tan tonto para creer que esas cosas suceden sin el consentimiento o visto bueno de sus dueños o empleadores.

Lo peor de todo este fenómeno es que las permanentes competencias de vulgaridad que por algunos medios se escuchan y ven, están creando modelos y pautas en el oficio periodístico. Y que muchos jóvenes talentos, y otros que no lo son, han visto en ello una vía fácil de alcanzar metas, desdeñando el buen decir y la ecuanimidad que tanta falta le hacen a una sociedad dominada por el afán desmedido de lucro y fama. Además, el que esas atrocidades se originen en horas inapropiadas es algo intolerable, por el daño irreparable que supone.

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La tecnología y un valor del periodismo

A pesar de los cambios que han transformado la práctica del periodismo en los últimos años, algunos valores fundamentales que han hecho de este oficio una labor trascendental, han sobrevivido al paso inexorable del tiempo y las innovaciones tecnológicas.

Uno de ellos, tal vez el más importante, es el de informar con estricta sujeción a los hechos. Con frecuencia los reporteros se ven impactados por la magnitud de los acontecimientos sobre los que informan. El deseo de dar rápidamente la información al público, la ansiedad que esa prisa trae consigo, resulta en una noticia errada o imprecisa.

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Cuando medios suplantan tribunales

A comienzos del 2017, se escribió en las redes que un hijo de la entonces presidenta de la Cámara de Cuentas, un militar de carrera con rango de general, figuraba en una nómina de la CDEEE como asesor de seguridad entre un pequeño grupo de oficiales. La nota fue circulada con un tono crítico contra la funcionaria y bastó para que en programas de radio y televisión se le echara ácidamente en cara ese hecho como una muestra de su supuesto compromiso político con el Gobierno para encubrir la corrupción.

Esto último me pareció un abominable ejemplo de pésimo e irresponsable periodismo, porque si bien ella, como cualquiera otra autoridad pública, estaba sujeta a valoración, debe y tiene que hacerse con base en su trabajo y apego a los principios de tan alto cargo y no por otras circunstancias. Mucho menos cuestionar el derecho de un hijo mayor de edad, a ocupar cualquiera otra posición, sobre la que ella no tenía decisión de nombramiento. Podría alegarse, como en efecto se hizo, que correspondía a la Cámara de Cuentas auditar a la Corporación de Electricidad, lo que a priori constituía un prejuicio, a menos que pudieran presentarse evidencias de complacencia dolosa, lo que en ese caso ninguno de los comentaristas que escuché pareció interesado en hacer.

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El ejercicio responsable de los derechos

El ejercicio de la libertad requiere de los ciudadanos un alto nivel de responsabilidad y de civismo y la inobservancia de esos principios básicos terminará erosionando el clima democrático. Muchos dominicanos confunden su derecho legítimo a la protesta con el supuesto derecho a irrespetar las leyes, desconocer la autoridad y hacer uso de la violencia para canalizar inquietudes o defender sus intereses particulares o de grupos. La arrogancia de esos grupos llega al extremo de pretender de los demás el endoso como borregos de sus actuaciones y, peor aun, de adueñarse de la facultad de juzgarlos sumariamente.

Bajo cualquier pretexto, los gremios sindicales y profesionales faltan a su obligación al dejar sin servicio a quienes están en el deber de atender, para asaltar las calles en demandas de todo tipo, irónicamente en menoscabo muchas veces del alcance de sus propios reclamos y en desconocimiento casi siempre de los derechos de los demás. Se han dado casos muy emblemáticos de esa carencia de responsabilidad ciudadana. Por ejemplo, los ocurridos en zonas turísticas. En repetidas ocasiones, los reclamos han llegado a crear en esos lugares ambientes de intimidación incluso entre los propios turistas, con un impacto muy negativo para el sector y en especial para quienes viven y se benefician de la actividad, entre los que paradójicamente suelen encontrarse los manifestantes.

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