El periodismo en la era de la posverdad

Los aires de modernidad han llegado al periodismo. Ocurre una tragedia en un pueblo del interior y las noticias son inquietantes. No se ha ofrecido una versión oficial del hecho. En los programas más populares de la radio y la televisión las llamadas se suceden una tras otra. El más ágil y atrevido de todos se las ingenia y consigue una transmisión en vivo con un hombre en la escena. Desde el estudio, las voces se escuchan agitadas.

Por fin, uno de ellos asume el control y dice: “La situación parece ser más grave de lo que se temía. Tenemos por la vía telefónica a nuestro reportero Fulano de Tal que tiene un informe en vivo a través de esta su emisora, primera antes que ninguna, la que siempre llega al lugar de las noticias, gracias a su director, el más grande entre los grandes, y a nuestro formidable equipo de reporteros, siempre atentos a todo aquello que sea de interés para nuestro público, que nos sigue diariamente, consciente de que nadie más puede superarnos, liderazgo que debemos sobre todo al profundo compromiso con la verdad del propietario, que no acepta presiones; y a propósito de presiones el gobierno.., bueno de eso hablaremos más tarde, mientras escuchemos, repito, desde el lugar del hecho a nuestro compañero. Adelante”.

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La lucha contra el crimen organizado

Cuando las guerrillas y los carteles de la droga se aliaron, surgieron en Colombia los paramilitares como un mecanismo de defensa ante la inseguridad que esa funesta alianza representaba. Dada la incapacidad de las autoridades legítimas de ese país para garantizar vidas y propiedades, a los sectores más afectados por el descalabro del orden público no les quedó otra alternativa que buscar medios propios para defenderse.

En nuestro país estamos acercándonos a un escenario similar, con pandilleros, criminales fuertemente armados, con absoluto control a todas horas del día de calles y barrios de nuestras ciudades, ante la pasividad y la falta de acción oficial. Son más cada día los asaltos y asesinatos, lo que ha creado una sensación espantosa de miedo en buena parte de la sociedad dominicana.

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La prioridad olvidada

Nuestra primera prioridad en materia institucional debe estar orientada al fortalecimiento de la posición de los ciudadanos frente al poder estatal. Tenemos otras muchas prioridades, es cierto, pero la experiencia política de las últimas décadas indica que nos hemos empantanado en el esfuerzo por consolidar las instituciones y con ello la democracia, cuya práctica entre nosotros sigue siendo débil y excluyente.

Así, con el correr del tiempo, hemos destruido la capacidad de los ciudadanos para controlar de manera eficaz al Estado y a sus organismos represivos.

Lo que no acaba de entender el liderazgo político, tal vez porque no le conviene hacerlo, es que nuestra primera y más importante prioridad en el ámbito institucional se reduce a la necesidad de crear una opinión pública con suficiente peso para controlar un poder estatal que cada vez se proyecta más dominador con efectos embrutecedores de la conciencia cívica de los dominicanos.

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La intención es lo que cuenta

Escribí una vez, y lo repito a pesar de la inconformidad creciente, que la verdadera fortaleza de un gobierno, la que finalmente cuenta, no procede del partido que lo sustenta. Proviene de la mayoría ajena a las luchas partidistas. La fuerza que la alimenta emana del profundo deseo nacional de que la situación mejore y que la administración de turno encuentre el camino adecuado y más corto para encarar con éxito los acuciantes problemas del país.

Nadie en su sano juicio quiere el fracaso del gobierno, como tampoco quería esa suerte para el anterior o para los que estuvieron antes. Por el contrario, la gente ora para que la economía mejore y cada año sea un período de progreso y crecimiento.

La reflexión es a propósito de la tendencia en la esfera oficial a atribuirle visos de oposición a toda manifestación contraria a una directriz o política proveniente del sector público. Se pasa por alto la realidad que entraña el ferviente deseo de cooperación que llevan consigo muchas de esas críticas. Casi siempre, la gente reacciona contra el gobierno por el deseo de que las cosas se hagan mejor o de otro modo, sin que ello signifique realmente una muestra de rechazo.

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Un tema postergado por los prejuicios

Como soy contrario al aborto por el aborto, entiendo que el debate alrededor del tema ha sido infectado por los prejuicios morales y religiosos, que dificultan una sana discusión que permita alcanzar un acuerdo sobre un tema que despierta tantas pasiones e incoherencias. Lo cierto es que la veda contra toda forma de interrupción del embarazo desprotege a la mujer del abuso y de las violaciones. Este fenómeno social, cada día más alarmante, constituye uno de los factores de discriminación de género más denigrante en la sociedad dominicana.

Atrapados en los argumentos éticos y religiosos de un problema de innegable carácter médico-social, el Congreso y las organizaciones opuestas a la despenalización por causas más que justificadas, pierden de vista que el delito de violación e incesto quedan así marginados de la discusión. Tampoco toman en cuenta, las consecuencias psíquicas del drama humano de obligar a una mujer o a una menor a tener un hijo indeseado, que en los casos de embarazos médicamente mal tratados pueden llevar a la muerte de la madre e incluso de la criatura. No se trata de discutir si se permite el aborto bajo toda circunstancia. No es lo que está en el tapete. Lo que se ha observado es un Código Penal que desconoce el derecho a interrumpir el embarazo, cuando está en peligro la vida de la madre, hay malformación fetal o es el producto de violación o incesto.

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El paso adelante que nunca damos

Hay un pecado capital en la tradición política dominicana: nada que haga el gobierno encuentra apoyo en la oposición. Y nada que proponga la oposición tiene eco en el gobierno. Esa característica peculiar se da incluso en los temas en que teóricamente hay coincidencia de pareceres, impidiéndonos avanzar en la solución de los problemas que arrastramos desde el nacimiento de la República.

Se escucha decir a todo el que hace vida política partidaria que la educación es la clave del futuro, la magia liberadora de la esclavitud proveniente de la ignorancia y el analfabetismo. Mismo ha ocurrido con la salud pública, el medio ambiente, el transporte, los servicios públicos y cuantas cosas influyen en la vida diaria de este país.

Bastaría una simple revisión de las propuestas electorales, las actuales y las del pasado, para comprobar cuán similares son y han sido las de unos y las de los otros, sin que en la práctica se haya dado un concierto de voluntades para hacerlas realidad y sentar así las bases del bienestar real al que todos tenemos derecho sin importar afiliaciones y creencias.

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Una carga demasiado pesada

Días después del terremoto, escribí que la dimensión del daño provocado a Haití era de tal magnitud que no bastaría con la ayuda humanitaria que se enviaba desde el país y otras partes del mundo, para contribuir a aliviar el sufrimiento de millones de haitianos. Habría necesidad de un esfuerzo de la comunidad internacional que trascendiera el plazo en que la tragedia dominara los titulares y la atención mundial. Un esfuerzo gigantesco que sobreviviera al entusiasmo inicial que el sentido de la solidaridad humana volcaba en estos días sobre esa nación.

Nunca como entonces se hacía tan urgente una acción de tal intensidad a favor de esa empobrecida y golpeada nación; un esfuerzo colectivo de larga duración, similar al observado en esos momentos de dolor y sufrimiento. Lo que Haití requería y aún requiere es un plan casi como el que Estados Unidos llevó a cabo para salvar a Japón y Europa de la destrucción de la guerra. Una especie de Plan Marshall que no podrá ser dejado únicamente bajo la responsabilidad de los estadounidenses, porque la comunidad internacional tiene una deuda moral con el pueblo haitiano, al que ha abandonado a su suerte.

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Las interminables campañas electorales

Una de las prácticas que debemos superar en los procesos electorales es la de atiborrar la geografía nacional con vallas, letreros y afiches promocionales de los candidatos, que afean las ciudades y carreteras y crean contaminación visual, y en muchos casos un peligro para los conductores, cuando esa promoción oculta señales de tránsito. Lo peor es que esa promoción sobrevive a las lides electorales como es fácilmente observable todavía en muchos espacios públicos en Santo Domingo y otras ciudades. Muy pocas veces los partidos han cumplido con la obligación elemental de limpiar las áreas que embadurnan con su propaganda.

En la mayoría de los países la difusión de este tipo de publicidad está muy controlada y la violación de las normas se paga a veces con la anulación de candidaturas o fuertes penalidades económicas. Ese control impone los lugares donde se permite el despliegue de material promocional y su volumen. También establece plazos para el retiro y el incumplimiento de la norma implica también sanciones para aquellas autoridades responsables de hacerlas cumplir.

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