Temas de Semana Santa (II de IV

Al analizar el papel del Estado en la economía, Juan XXIII escribió que uno de sus deberes ineludibles es intervenir a tiempo a fin de contribuir a producir bienes materiales en abundancia. Además, constituye una obligación del Estado “vigilar que los contratos de trabajo se regulen con justicia y equidad” y que en los ambientes laborales “no sufra mengua ni el cuerpo ni el espíritu, la dignidad de las personas humanas”. El rechazo de la acumulación de riquezas por particulares planteada en infinidad de documentos oficiales de la Iglesia, se aplica igualmente al Estado o al Gobierno.

La norma de fijación del ámbito de esa intervención gubernamental es el principio de la subsidariedad, que ya había enunciado Pío XI en Cuadragesimo Anno y que ha servido de guía a los papas sucesivos. En esencia, este principio de subsidariedad reconoce únicamente el derecho del Gobierno a hacerse cargo de iniciativas necesarias para proteger la justicia, en todos los órdenes que excedan en todo caso la capacidad de los individuos o grupos privados.

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Temas de Semana Santa (I de IV)

La encíclica de Benedicto XVI, “Caritas un veritate”, revivió en el 2012 un debate surgido en la Iglesia católica desde los tiempos de León XIII: el papel que ella le reconoce u otorga al Estado en la economía. Juan XXIII dijo que la historia y la experiencia demuestran que “en los regímenes políticos que no reconocen a los particulares la propiedad, incluida la de los bienes de producción, se viola o suprime totalmente el ejercicio de la libertad humana en las cosas fundamentales”.

Sin embargo, este respaldo a la propiedad, fundamentado ya en Rerum Novarum (1891), no admite por la Iglesia el derecho a una acumulación ilimitada de riqueza. De hecho la ética moral de la doctrina social de la Iglesia trata de situar endoso en un punto intermedio entre el individualismo extremo, manifestado en la teoría de mercado libre, y los enfoques estatistas o colectivistas, expresados en los modelos de sociedad comunista.

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La importancia de la diversidad

El consenso puede llegar a ser en términos extremos el último e irreversible trecho hacia la tiranía. La unanimidad es una modalidad de la sumisión. Inexplicablemente, esta sociedad, por lo menos en el ámbito político, anda siempre a la búsqueda de consensos, que en el fondo no son más que arreglos dictados por las conveniencias, cuando el testimonio más firme y apreciado de nuestro muy peculiar experimento democrático ha sido precisamente la falta de unanimidad.

La experiencia nacional indica que esos modelos de consenso total no son el sendero más seguro hacia un propósito colectivo. Lo que deberíamos buscar es una forma de pluralidad que nos aleje de una consigna alrededor de la cual podríamos terminar sepultando la libertad y el derecho a ser individuos con personalidad, gustos y defectos propios. La mejor de las garantías de preservación de las instituciones democráticas, con todo y lo débiles que ellas son y han sido, es el desacuerdo. Cuando todos en este país coincidamos, como ya una vez ocurrió en un pasado por desgracia todavía reciente, ese día la libertad habrá acabado.

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El hombre que Kipling diseñó en poema

Nada daña tanto a un presidente como el culto a su persona. Las lisonjas le cierran los oídos a las voces del pueblo y de sus organizaciones representativas. Y terminan, por supuesto, llenando de fantasmas y de miedo los espacios a su alrededor. El susurro permanente del anillo palaciego y el ambiente encantador y frívolo de las cortes de fines de semana, que se entregan como antídotos al estrés presidencial, consiguen a la larga el propósito de encerrarlo en jaulas de oro donde sólo llegan los ecos de esas voces.

El resultado es un hombre temeroso de cuanto lo rodea. Reacio a escuchar opiniones críticas. Sensible a los juicios de una prensa independiente. Con razón Honoré de Balzac decía que “todo poder es una conspiración permanente”. Y así ha sido en nuestro país a lo largo de la dolorosa construcción de los cimientos de una democracia que todavía estamos lejos de alcanzar en sentido integral, a juzgar de cómo se la practica en otros países que han logrado niveles de prosperidad y felicidad colectiva que no tenemos entre nosotros.

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Las hadas madrinas del poder

La debilidad institucional de nuestro sistema político crea los factores que preservan su permisividad y abren posibilidades a aquellos prestos a acudir al primer llamado de oportunidad. Son los contratistas y modernizadores de siempre. Los hadas madrinas que pretenden modificar el país con sus varas mágicas, llenas de falsas ilusiones.

Atados a realidades que los abruman, e imbuidos de sus propias ambiciones de fama y fortuna, los presidentes ceden con facilidad al embrujo de estos prestidigitadores. Pocos mandatarios se han resistido al encanto de la adulación que estos personajes traen en sus portafolios llenos de planes y proyectos y vencidos pagarés de campaña electoral.

No son los adversarios de un presidente ni sus críticos los que dañan el campo donde éste se mueve. En una democracia verdadera estos pueden ser, aun en el más ácido de los enfrentamientos, el combustible que enciende la luz para ver al través de la oscuridad propia de toda situación de crisis. El peligro está en los colaboradores y en los amigos más cercanos. Aquellos que en campañas se ofrecieron voluntariamente para financiar mítines y recorridos. Los que cedieron sus lujosas residencias para cenas de recaudación de fondos.

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Nuestra pobre concepción el poder

La experiencia de los últimos años nos enseña que una de las causas principales de nuestros males y del pobre desarrollo democrático nacional la constituye la peculiar concepción de poder que tenemos los dominicanos.

Entre nosotros existe la convicción de que el ejercicio del poder político otorga privilegios especiales. Esa errada concepción se ha transferido de gobierno a gobierno al través de nuestra historia republicana. Y nos ha impedido crecer con la imposición de viciosas prácticas oficiales semejantes en el quehacer cotidiano más a una dictadura que a una democracia real.

En este mundo digital, la práctica democrática es una realidad virtual. El único tiempo real es el que impone el plazo para el cual son electos cada cuatro años los después felices y endiosados inquilinos del Palacio y el Congreso Nacional. La experiencia vivida a lo largo de los últimos cuarenta años es tan frustrante como aleccionadora. El problema consiste en nuestra incapacidad para aprender de nuestros tropiezos.

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Una tragedia impune

Muy lamentable, cierto. Nos duele a todos, es verdad. Pero más allá de las lamentaciones y el dolor a que nos lleva el desplome criminal de ese techo de la concurrida discoteca sobre unas setecientas personas, provocado por la sobrecarga de grandes aparatos de aire acondicionado, instalados arriba sin la previa autorización de los organismos oficiales que deben velar por la seguridad de estos inmuebles, cabe preguntar qué castigos deben aplicarse a los responsables de la tragedia…Estoy seguro, sin embargo, pese a la obviedad de la pregunta, que nadie dará respuesta (y la grave irresponsabilidad quedará, como siempre, impune).(Reproducido con autorización del autor. Publicado en elCaribe).

La miopía que nos condena

Apostar al fracaso del Gobierno ha sido, ahora y siempre, la consigna de la oposición y en gran medida la causa de la incapacidad nacional para concertar acuerdos de largo alcance. Se cree así que la agudización de los problemas, sean institucionales, sociales, económicos o políticos, merma la capacidad de la administración de turno y allana el camino hacia un irremediable cambio político. Se pasa por alto que la herencia de una crisis no resuelta condena de antemano al sucesor. A esa tradición de la política vernácula se añade el choque de los intereses oligopólicos empresariales, inclinados a alianzas coyunturales que dificultan la creación del imprescindible clima de libre concurrencia necesario a la expansión de la economía y la producción de riqueza.

Ante esa realidad, los gobiernos suelen actuar unilateralmente para encarar los problemas derivados de los grandes e históricos pasivos sociales, a veces por la rivalidad partidista prevaleciente o por efecto de sus propios prejuicios políticos. Lo cierto es que la búsqueda de una conciliación enfocada en procura de un gran pacto social en las condiciones que han imperado siempre, lucen en su mismo punto de partida condenada a morir, por lo que apenas se hacen esfuerzos para intentarla.

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