La leyenda negra sobre la industria azucarera

La leyenda negra alrededor de la industria azucarera y el uso ilegal de mano de obra extranjera en ella, ha servido para desplegar injustas campañas de descrédito del país en el exterior. Cifras no oficiales hablan de la presencia en el territorio nacional de alrededor de varios millones de ilegales haitianos y se le asocia sin ninguna base estadística sólo a labores de campo en esa actividad industrial.

En el exterior se ha vendido la idea de una industria basada en la explotación de esa población indocumentada por parte de las empresas productoras de azúcar. La realidad es muy distinta, sin que esto sugiera que existan en ellas las condiciones laborales más óptimas y deseables. El sector de la construcción y actividades agrícolas ajenas a la azucarera, como el cacao y arroz emplean muchas veces más trabajadores haitianos, en condiciones inferiores si se quiere, debido a que no poseen la cohesión ni el nivel de tecnología y organización que caracterizan a la azucarera.

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La abstención electoral

Todavía persiste en el ámbito político la pretensión de que en la regulación de las campañas se establezca un reglamento que prohíba promover la abstención electoral, por cualquier forma o medio. La idea me parece monstruosa y anti-democrática. El derecho que los dominicanos se han ganado de escoger libremente a sus gobernantes, implica el derecho de cada ciudadano de votar por la opción electoral que entienda más beneficiosa para el país o más afín con sus intereses, sean ideológicos, políticos, religiosos o económicos.

Por lógica elemental ese derecho garantiza la facultad ciudadana de abstenerse cuando entienda que ningún candidato o partido llena sus expectativas. Como la abstención no constituye delito, promoverla no puede ser objeto de sanción, con el perdón de los honorables abogados y políticos entusiasta de esa idea.

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Rivales pero no enemigos

Los problemas nacionales se abordan con un criterio nacional y por años se ha visto la tendencia a tratarlos desde una perspectiva individual, que tanto dificulta conseguir entendimientos. En la crisis resultante de las elecciones de 1994, lo que nos salvó de un hundimiento institucional fue la convicción de que el pacto era preferible al caos y sin renunciar a las diferencias, el liderazgo de entonces evitó transitar por el incierto sendero de lo incógnito.

Las ganancias del arreglo, sin dolores ni sangre, preservaron los logros ya alcanzados y garantizaron un clima de convivencia democrática que nos ha garantizado seguir creciendo en paz sin grandes desasosiegos. Tanto como entonces, el país necesita ahora de acuerdos similares. Y la inmigración ilegal debe ser uno de ellos.

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El patrimonio de los funcionarios

En estricto cumplimiento de una ley, el gobierno español publica en el boletín oficial del Estado, el patrimonio de todos sus ministros y altos funcionarios. En nuestro país existe una vieja legislación parecida que muy pocos acatan porque a diferencia de España un cargo público aquí es una patente de corso; una licencia para hacer cualquier cosa con las influencias y poderes derivados de las funciones en el gabinete o en altas funciones del Estado. Y cuando digo esto último todos saben a qué me refiero: a la capacidad de actuar como si se tratara de una propiedad privada o de un feudo personal.

El patrimonio de los altos cargos españoles en el boletín correspondiente, por ejemplo, al 2009, nos proporciona una idea de la situación en que nos encontramos en materia de transparencia y pulcritud. Tenemos, por ejemplo, que ese año el más rico de los miembros del gabinete español era una ministra con un patrimonio de 7.4 millones de dólares (cinco millones de euros), fortuna probablemente inferior a la de cualquier funcionario nuestro de bajo nivel llegado al puesto en condiciones de estrechez extrema; tradición de la política nacional que todos los gobiernos han respetado bajo la añeja máxima de “hoy por ti, mañana por mí”.

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Sin temor a ser reiterativo

Nuestro fracaso más evidente es no haber alcanzado en más de seis décadas de práctica democrática un gran acuerdo nacional por encima de los intereses políticos particulares, para definir lo que queremos ser y cómo queremos vernos dentro de quince o cincuenta años.

Tan grande esfuerzo no corresponde a una sola administración ni mucho menos a una fuerza política. Es un ejercicio de conjugación de voluntades, por encima de toda confrontación o prejuicio partidista o de cualquiera otra naturaleza. Si permitimos que las diferencias nos sigan distanciando en la búsqueda de ese objetivo común inaplazable, las posibilidades de un futuro promisorio serán escasas.

En sociedades democráticas las disparidades de criterio enriquecen el debate y ayudan a encontrar senderos seguros hacia el desarrollo y el fortalecimiento institucional. La imperiosa necesidad de encontrar vías de consenso para enfrentar los desafíos del porvenir de manera alguna significa una renuncia a esas diferencias. Una cosa es la diversidad de opinión, que es la esencia misma de una sana práctica democrática, a la rencilla que ha caracterizado buena parte del juego político en nuestro país.

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Los laberintos de los emprendedores

Lorenzo Gómez Marín es un vivo ejemplo de éxito del emprendedurismo. Después de una década de ausencia decidió regresar al país, renunció a la seguridad de una posición bien remunerada en el exterior. “El regreso no auguraba nada específico, salvo el entusiasmo de probar la aventura que representaba ser miembro de un proyecto propio”, nos cuenta en “Los laberintos de los emprendedores”, un manual para jóvenes con legítimas ambiciones de crecimiento.

Lorenzo, muy conocido en los ambientes deportivos por su empresa de trofeos, Logo Marca, relata que su regreso significaba dejar atrás “un trabajo cómodo de realizar con remuneración muy por encima de la media del momento”. Era un riesgo que asumió con decisión y cuya experiencia es válida para aquellos que desean crecer y sienten miedo de no poder alcanzar las metas y propósitos que anidan en sus metas.

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El peligro mayor de la inmigración ilegal

Al cotejar las reacciones a las denuncias contra el país por el tema migratorio, me asalta el temor de que pudiera estar creciendo en ciertos sectores un sentimiento de culpa por la penosa situación del pueblo haitiano y de aquellos que han tenido en el territorio nacional la oportunidad que su nación no les ofreció. No es mi propósito entrar en el estéril debate, en este pequeño espacio, de si esas oportunidades les han servido de algo. Me resisto a añadir otra pérdida de tiempo a una discusión que a lo largo de los años no ha conducido a ninguna parte.

Lo cierto es que a partir de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, la República Dominicana ha sido objeto de persistentes críticas, injustas en su mayoría, que distorsionan la realidad de la inmigración ilegal masiva y creciente, un flujo humano que desborda desde hace tiempo la capacidad nacional para asimilarlo. La imagen que se ha creado de nosotros como nación ha generado estereotipos, contra los cuales el gobierno del presidente Danilo Medina y su sucesor, Luis Abinader, han tenido que lidiar para hacer entender a la comunidad internacional la validez de los argumentos que sustentan la política migratoria, sustentada en las leyes nacionales.

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Reflexiones sabatinas

A pesar de nuestros avances en materia de derechos humanos y desarrollo político, de los que no podemos enorgullecernos, el país no puede ser mostrado como ejemplo de sociedad donde impere la justicia social. Los desequilibrios son muy pronunciados y tienden a crecer en la medida en que el desempleo se agrava y la economía se deteriora.

Vivimos, además, un proceso de desnaturalización de las instituciones, las cuales continúan siendo débiles, incapaces de garantizar igualdad de oportunidades para todos. La pobreza, presente en sus grados más extremos en amplias capas de población, tanto en las áreas urbanas como en las rurales, es una amenaza latente al orden social. En estos días hemos tenido señales de inconformidad que han degenerado en protestas callejeras que podrían conducir en el futuro a demostraciones violentas, que nadie aquí en su sano juicio desearía.

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