Los derechos humanos y la ONU

Cuando se lee la Declaración Universal de los Derechos Humanos, uno de los textos de mayor valor existente, y se ven las naciones que en diferentes oportunidades han integrado el Consejo de Derechos de las Naciones Unidas, encargado de velar por el fiel cumplimiento de las resoluciones de la declaración, se tiende a pensar que la hipocresía y no el respeto a la dignidad y a las libertades humanas norman las relaciones a nivel mundial.

El Consejo lo han formado algunos de los países con más deprimente récord en materia de violación de esos derechos, como Cuba, China, Rusia y Arabia Saudita. También lo conforman otros dos países con un lamentable expediente de violación de los derechos humanos como Venezuela y Vietnam.

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Cuando los medios dictan sentencias

Semanas antes de las elecciones pasadas, asistí a una reunión en la que otro invitado indicó que un cambio de administración enviaría a la cárcel a quienes el ojo escrutador de la opinión pública señalara como autores de actos indecorosos contra el patrimonio nacional. Viniendo de un abogado, la observación me sacudió, porque la justicia no necesita de atajos.

Me asusta que alcancemos un nivel de desconfianza en la independencia de los poderes, cuya única posibilidad de ganarle terreno a la corrupción consista en vulnerar el principio de independencia consagrado en la Constitución. La responsabilidad del Gobierno es cuidar que los bienes públicos sean religiosamente guardados y de reunir las pruebas necesarias para llevar a la justicia a los responsables de violar un pulcro ejercicio de funciones públicas. Determinar la culpabilidad final es una tarea de los tribunales. Son estos los que deben dictar las sentencias, sean de culpabilidad o de absolución.

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A manera de soliloquio

A diario se oyen quejas sobre la situación económica, en el sentido de que estamos en crisis y lo estamos. Pero la percepción es también evidencia de un pesimismo generalizado en ciertos sectores influyentes de nuestra vida económica, cuya valoración del quehacer nacional se basa muchas veces en la marcha de sus propios negocios. Sin embargo, no vivimos una crisis económica, pues cada día se abren nuevas operaciones industriales, el turismo sigue en auge y la actividad comercial se expande vertiginosamente, con la apertura de nuevos centros comerciales, de tamaño incluso superior a sus iguales en países más desarrollados.

De modo que nuestro problema real no es de esa índole. Tampoco el país se encamina irremisiblemente hacia un estadio de recesión paralizante de la actividad económica. Nuestra verdadera crisis es de carácter social, con tasas de desigualdad preocupantes dentro de un proceso firme de concentración de recursos en círculos de pequeñas élites económicas muy creativas, con un control creciente de la riqueza nacional. Buena parte de los nuevos y florecientes negocios de las últimas dos o tres décadas provienen de esos grupos, sin que se hayan generado cambios importantes en la estructura social, debido a los bajos salarios y a un sistema de seguridad social que no los promueve.

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“A beber a beber…”

Cuando leo cada cierto tiempo la declaratoria o la intención de una amnistía general fiscal, me pregunto si es justo ser un ciudadano respetuoso de las leyes y fiel cumplidor de las obligaciones tributarias. Si es justo que las empresas paguen puntualmente sus impuestos, porque tanto para unos como para los otros, la práctica frecuente de los gobiernos de perdonar la evasión pone a los delincuentes en ventaja sobre aquellos negados a ponerse al margen de la ley, no por temor a las represalias, porque no hay precedentes, sino por respeto a sí mismo.

Me pregunto si es correcta, y dónde está la lógica, de amnistías fiscales en momentos incluso, como ha sucedido, en que se busca una reforma cargada de nuevos impuestos que tienen ya al garete a toda la población y al borde de la quiebra a pequeñas y medianas empresas, que de antemano no saben qué hacer frente a las embestida impositivas. Y me enfado al saber que esas periódicas premiaciones de la evasión fiscal ensucian el esfuerzo por alcanzar niveles aceptables de transparencia y decencia en la administración pública, más allá de las promesas oficiales que al final no son más que odiosas letanías que hieren los oídos.

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Sobre el culto a la personalidad

Si llegaran a preguntarme qué medidas fuera del ámbito económico esperaría de una administración empeñada en arreglar las cosas, reclamaría de inmediato un decreto que prohíba “el elogio a la figura presidencial”. Sería un primer paso a la eliminación del culto de la personalidad, tan dañina en nuestra historia, y que en los últimos años se ha incrementado para revivir en la memoria de generaciones las terribles consecuencias de esa odiosa práctica en la vida nacional.

Esa medida conllevaría necesariamente otras prohibiciones, como las ridículas normas protocolares que caracterizan los actos públicos a los que asiste el presidente, con las habituales loas y aplausos obligados. El cese de la publicidad pagada con dinero del presupuesto dirigida más a exaltar la actividad presidencial que a educar sobre los valores democráticos. Se llevaría consigo los vacíos y rigurosos discursos que en toda actividad oficial deben pronunciarse para agradecerle su honrosa y magnánima presencia, con la bendición obligada del obispo o del cura de la parroquia. Enviaría a Bienes Nacionales como una reliquia la alfombra roja que se le coloca, creo con el actual en desuso, para resaltar sus pisadas, oficializando la supuesta prohibición del retrato presidencial en cada oficina pública.

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Los legados de Franco y Trujillo

En el 2016 se creó en España una comisión para emprender, cuarenta años después, la eliminación de todo vestigio del franquismo, lo que nosotros no hemos siquiera intentado tras seis décadas de finalizada la tiranía de Trujillo. Tras la muerte de Franco en 1975 se inició allí un proceso de transición a la democracia. Pero aún quedan huellas del régimen por toda la geografía española, en calles, plazas, pueblos, museos y monumentos, que mantienen viva en la memoria las crueldades de la tiranía que siguió a una guerra civil en la que murieron un millón de personas tras el derrocamiento de la segunda República. La eliminación de esa herencia franquista cerraría de la memoria española una de sus etapas más oscuras.

Han transcurrido casi 62 años de la muerte de Trujillo y las huellas de esa férrea etapa siguen vivas en muchos aspectos de la vida nacional. Es cierto que se derrumbaron sus estatuas y bustos de plazas y avenidas, se proscribieron las actividades que tiendan a exaltarlo, se exiliaron sus familiares más cercanos, se confiscaron muchos de sus bienes, no todos, y la capital recobró su nombre original. Pero con el tiempo, la transición que se engendró dentro del mismo régimen lo perpetuó y sus herederos, parapetados detrás de nuevos disfraces, lograron hacer del autoritarismo que lo caracterizó un legado a la posteridad.

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Objetivos de una reforma difícil

Se atribuye a Benjamín Franklin haber dicho que al nacer sólo se tienen dos cosas seguras: la muerte y los impuestos. Aquí, en la política como en la economía, debido a los altos niveles de evasión impositiva, muchos solo tienen como segura la muerte.

Diversos altos cargos del Gobierno llegaron a plantear la necesidad de un pronto inicio de discusión de una reforma fiscal que permita su aplicación el año próximo, lo cual no parece posible en un año de elecciones.

La Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo estableció la necesidad de tres pactos fundamentales en la Educación, la Electricidad y el área fiscal. De ellas solo hemos alcanzado la primera, medianamente la segunda y queda por discutir la que tiene que ver con los impuestos y el gasto público. Se ha dicho que es impostergable asumir el desafío de una reforma tributaria integral, en toda la profundidad que la situación exige, para actualizar el Código Tributario que no responde ya, se dice, a las exigencias de la economía ni guarda relación con los cambios realizados en las últimas tres décadas.

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Un obligado tema de campaña

La corrupción nunca ha sido cosa del pasado en la política dominicana. Con cada nueva administración se renueva y potencializa. A sabiendas de esa realidad, y a fin de evitar la violencia, en campañas anteriores se han dejado fuera del debate algunos de los temas más importantes, como el de la corrupción. Si bien el respeto que deben tenerse los candidatos es esencial a la armoniosa marcha del proceso democrático, tan buenos deseos pudieran, con vista a los comicios del 2024, echar a rodar la oportunidad de poner en claro la real dimensión del problema.

Cuando se habla de prioridades, saltan a relucir los temas de la educación, la salud, el medio ambiente y la seguridad ciudadana. Pero muchas veces pasamos por alto que una de las causas del legendario fracaso nacional para alcanzar las metas anheladas en cada uno de esos sectores fundamentales, es la terrible y cada vez más intensa corrupción que corroe los cimientos de la sociedad y convierte a los gobiernos en instrumentos de enriquecimiento ilícito de los clanes en el poder.

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