UNPHU cerrará acceso vehicular hacia avenidas Kennedy y Los Próceres a través de su recinto

SANTO DOMINGO.- La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) informó, a través de un comunicado, sobre un reordenamiento vial que dispone el cierre de las vías desde la universidad que dan acceso hasta las avenidas John F. Kennedy y Los Próceres.

Esta medida será efectiva a partir del primero de agosto, según la UNPHU, y no incluirá prohibiciones ni restricciones para las personas que se trasladen de manera peatonal por dicho campus universitario.

De acuerdo con la UNPHU, el cierre de estas vías busca mejorar la seguridad y movilidad interna del recinto académico, así como la organización vial del mismo, por lo que han dispuesto la suspensión de ambas entradas vehiculares.

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Parquéate RD dice que la Ley 63-17 respalda cobro por grúa

SANTO DOMINGO.- El Fideicomiso Público Parquéate RD aclaró que el cobro de 4,000 pesos por concepto de traslado en grúa y custodia de vehículos mal estacionados está plenamente sustentado en la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana.

El monto adicional corresponde exclusivamente a los gastos operativos derivados del servicio de remolque y almacenamiento del vehículo, tal como lo establece el párrafo III del artículo 242 de la ley, que reconoce estos costos incluso en situaciones excepcionales como el robo de un vehículo. Esto confirma su obligatoriedad en casos de infracción a las disposiciones de tránsito.

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Advierte CDP limitaciones en elecciones

SANTO DOMINGO.- El Movimiento Periodístico Convergencia advirtió a la Comisión Nacional Electoral que arbitrará las próximas elecciones del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) por posibles limitaciones constitucionales en el certamen.

A través de una comunicación a los comisionados, les pide dejar sin efecto la disposición que obliga a los miembros que ostenten candidaturas para las próximas elecciones del gremio a presentar una certificación de no antecedentes penales.

La petición la fundamentan en que la medida, probablemente bien intencionada, constituye una limitante a los derechos de libre participación y de elegir y ser elegible, consagrados en la Carta Magna.

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