Ocupan 42 apartamentos en Santiago y San Francisco a imputados de Operación FM

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público incautó 42 apartamentos localizados en distintas zonas de Santiago y San Francisco de Macorís, como parte de las pesquisas contra los involucrados en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación FM.

Los  inmuebles, con un valor de unos RD$53 millones, se ejecutó en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), explicó Ramona Nova, titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo.

La procuradora de corte agradeció la cooperación de la Transnational Criminal Investigative Units (TCIU) y la Embajada de Estados Unidos.

Informó que fueron ocupados en el MyD I de la calle Imbert, en Santiago, 15 apartamentos, con un valor aproximado de RD$21,250,000. También, en el MyD II, en la calle B, Ercilia Pepín, de esa provincia, otros 15 apartamentos, tasados en RD$18.1 millones.

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Denuncian actor Andrés Castillo por acoso y coacción a menor de 14 años

SANTO DOMINGO.- Una grave denuncia fue realizada por la madre de una menor de 14 años contra el actor dominicano Andrés Castillo. El Informe con Alicia Ortega reveló conversaciones del actor con la adolescente donde él le prometía un rol en una supuesta película que él protagonizaría y que el antagonista sería el actor de Hollywood, Mark Walhberg. Rol por el que cobraría una alta suma de dinero.

El actor justificaba la supuesta cinta con una foto que había publicado en su Instagram, donde se le ve junto con el actor estadunidense, pues participó como extra en la cinta que Walghberg rodó en el país el año pasado denominada Rey Arturo. 

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Fijan para el 26 de septiembre juicio contra el abogado de la familia Rosario y otros implicados en estafa

SANTO DOMINGO.- El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fijó para el próximo 26 de septiembre el conocimiento del juicio preliminar en contra del abogado Johnny Portorreal y de otros tres implicados en la estafa a 283 individuos con maniobras fraudulentas y promesas de cobro de la supuesta herencia de la familia Rosario.

El magistrado Raymundo Mejía dispuso que la secretaría notifique el auto de fijación de audiencia a los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), la Dirección de Persecución y los abogados que representan al Estado Dominicano, al igual que la audiencia a los demás imputados Miguelina Gómez Santana, Miguel de Óleo Montero e Hilario Amparo de la Cruz.

La acusación en contra de los imputados consta de más de 600 pruebas, entre ellas evidencias testimoniales y documentales presentadas ante la jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción, Kenya Romero, quien mediante un sorteo aleatorio apoderó en el caso al juez Raymundo Mejía.

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Después de Operación Cattleya, familiares de víctimas han sido amenazadas en Colombia

SANTO DOMINGO.- Después de que el Ministerio Público desarticulara la supuesta red de trata de personas y explotación sexual mediante la Operación Cattleya, víctimas reportaron que sus familiares en Colombia están siendo amenazados por miembros de la banda que se encuentran en el país suramericano.

Así lo establece el órgano acusador en su expediente de solicitud de medida de coerción contra la alegada estructura criminal, que se dedicó a explotar sexualmente al menos 80 jóvenes colombianas y venezolanas.

Asimismo, indica que a las mujeres se les privaba de su libertad.

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El Estado no está obligado a cumplir normas internacionales de Información Financiera, según SCJ

SANTO DOMINGO.- Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) es de criterio de que el Estado dominicano no está obligado a cumplir las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) porque estas son unos estándares realizados por una institución privada y no figuran en el Código Tributario.

Mediante sentencia número SCJ-SR-22-00010 de fecha 21 de abril de 2022, las Salas Reunidas abandonan el criterio de la Tercera Sala de esta alta corte, con respecto a la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad NIC 12 como fuente del derecho tributario, por no constituirse en un precedente firme y constante, sino que se mantuvo como una decisión aislada y no reiterada.

La decisión explica que las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), se tratan de un conjunto de disposiciones que reglamentan la información que debe presentarse en los estados financieros de las empresas privadas y la forma cómo esa información debe registrarse para efecto de su análisis.

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Tribunal varía prisión a Alejandro José Montero, implicado en caso Coral

SANTO DOMINGO.- La jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dispuso la libertad del sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, implicado en el caso Coral, tras variar la prisión preventiva que pesaba en su contra.

La magistrada Yanibet Rivas impuso al imputado, quien guarda prisión en la cárcel de Najayo, el pago de garantía económica de 5 millones de pesos por medio de compañía aseguradora, presentación periódica e impedimento de salida.

En la audiencia, Mirna Ortiz, coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrup­ción Administrativa (Pepca), había pedido rechazar la revisión de la medida de coerción y que en consecuencia se dispusiera su mantenimiento en prisión, alegando que Montero Cruz enfrenta pena de 10 a 20 años de prisión.

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El TSA anula aumento de la tarifa eléctrica de noviembre y diciembre 2021

SANTO DOMINGO.- El Tribunal Superior Administrativo (TSA) acogió un recurso contencioso administrativo, radicado por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), anulando la resolución de la Superintendencia de Electricidad (SIE), Núm. SIE-093-2021-TF, del 27 de octubre de 2021, que designaba un aumento en las tarifas de transición a aplicar para los meses noviembre y diciembre de 2021.

El TSA estableció que la SIE incurrió en vicio de forma al inobservar el debido proceso administrativo y el derecho fundamental de la participación de los ciudadanos en los actos administrativos, todo ello en desconocimiento de los artículos 69.10 y 138.2 de la Constitución, además del artículo 31 de la Ley 107-13, sobre los derechos de las personas en su relación con la administración.

La cuarta sala del Tribunal Superior Administrativo, compuesta por los magistrados Franklin Concepción, Bayoan Rodríguez e Ismael Ramírez, falló a unanimidad el referido recurso.

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