Defensores públicos en Santiago demandan aumento salarial

SANTIAGO.- Los defensores públicos realizaron una concentración la mañana de este martes en la parte  frontal de su oficina, en el Palacio de Justicia Federico C. Álvarez, de Santiago de los Caballeros, en demanda de mejores condiciones laborales y aumento salarial.

Alejandra Cueto, hablando en representación del organismo, sostiene que el alto costo de la vida consume sus salarios, por lo que exigen que las autoridades les apliquen un reajuste al salario que devengan. 

Asegura que debido a lo poco remunerados que son los defensores públicos, en Santiago hay déficit significativo de personal, lo que provoca exceso de trabajo.

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Serán evaluados más 600 aspirantes CCR

SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República (PGR) capacitará 650 personas de ambos sexos para aspirantes a agentes vigilantes de Tratamiento Penitenciario, que tendrán a cargo custodiar a los privados de libertad que guardan prisión en los nuevos recintos carcelarios.

La evaluación se inicia hoy, y según la institución, es la primera vez que el Sistema Penitenciario capacitará a esta cantidad de seleccionados.

Estos deben cumplir con los requisitos exigidos para realizar el curso, entre los que figuran: ser dominicano, bachiller, tener de 18 a 30 años de edad, gozar de buena salud física y mental, no pertenecer, ni haber pertenecido a las Fuerzas Armadas o Policía Nacional y tener buenas relaciones humanas, entre otros.

Luego los interesados depositarán los documentos de rigor, tales como copias de cédula, certificado de bachiller, fotos y otros.

PEPCA investigan exfuncionarios por venta torre empresarial integral

SANTO DOMINGO.- El proceso de venta del edificio «Torre Integral» al Banco de Reservas, y su posterior arrendamiento al Ministerio de Industria y Comercio (MICM), ha llegado a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), donde ha sido depositada una querella por defraudación fiscal por  800 millones de pesos y un soborno por 4.6 millones de dólares contra varios exfuncionarios del pasado gobierno.

Los señalados en la querella son el exministro de Obras Públicas, Manuel de Jesús Pérez Gómez (Freddy Pérez); los exministros de Industria y Comercio, Juan Temístocles Montás y Nelson Toca; José Manuel Guzmán Ibarra, subadministrador de Negocios Gubernamentales del Banco de Reservas, y los ingenieros Ramón Andújar Ramírez y Publio Silfa Valencia, socios de Freddy Pérez, quienes vendieron el inmueble al Banco de Reservas.

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Explican incidente en que resultó herido recluso en Dajabón

SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) aseguró que no se trató de un motín el hecho en el que un privado de libertad resultó herido de arma blanca, en el Centro de Corrección y Rehabilitación CCR-IV, de Dajabón.

«El privado de libertad Juan Alberto Perdomo resultó herido en el abdomen y en el brazo izquierdo cuando su compañero, Luis Ramón Álvarez Silvestre, quien padece de problemas de salud mental, con medicación, salió corriendo por los pabellones con un cortopunzante en las manos con el cual agredió a Perdomo», explicó la DGSPC mediante un comunicado enviado por la Procuraduría General de la República.

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TC no admite amparo interpuesto por afiliados a seguridad social por deducción de RD$8,000 MM

SANTO DOMINGO.- El Tribunal Constitucional declaró improcedente una acción de amparo interpuesta por 65 afiliados de la seguridad social en contra de la Superintendencia de Pensiones  (SIPEN) y varias administradoras de fondos de pensiones, que reclamaron la restitución de más de 8,000 millones de pesos que alegaron les fueron deducidos  de forma ilegal entre enero y marzo del 2022. 

“No existió sustracción de fondos de las cuentas de capitalización individual de los accionantes y tampoco se produjo la reducción por debajo de la rentabilidad mínima que exige la norma que implique la aplicación de los artículos 103, 104 y 105 de la Ley núm. 87-01, como exigen los accionantes.”,  determinó el Constitucional en la sentencia TC-0211-23.

Consideró que  la diferencia en el balance o saldo de las cuentas de capitalización individual (CCI) de los accionantes no se debió a la sustracción ilegal por parte de las AFP, sino a la apreciación del valor del peso frente al dólar.

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